Corte Suprema regresa a Dominga al principio: al loop eterno de la judicialización

El máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos contra el megaproyecto minero portuario de Andes Iron, pero no cierra la disputa: el proyecto sigue en un “loop” judicial donde el Comité de Ministros deberá votar nuevamente y las acciones legales pueden continuar. Fuente: El Mostrador, 16 de septiembre de 2025.

La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Gobierno contra la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Con ello, sin embargo, la Corte no se pronuncia sobre la viabilidad del proyecto, dejando en evidencia que la batalla legal sigue abierta.

En su fallo, la Tercera Sala señaló que la sentencia impugnada “no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”, por lo que “no reviste la naturaleza jurídica de aquellas a cuyo respecto la ley concede el recurso de casación”. Además, recordó que, según el artículo 158, inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, “Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio”, condición que no cumple la resolución del tribunal ambiental.

Lo concreto es que la Corte concluyó que “de conformidad con los artículos 764, 766, 767, 781, 782 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Primer Tribunal Ambiental”.

Para Andes Iron, la resolución es “un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental”. De acuerdo a su lectura del fallo, la decisión de la Suprema restablece la RCA que emitió la Coeva el 2021 bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Esta visión, sin embargo, es rechazada por las organizaciones ambientales, que sostienen que la corte valida al Comité de Ministros y no a la Coeva como la última instancia.

“Este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”, destacó Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron.

Así, el fallo mantiene lo que los expertos llaman un “loop judicial”, en el que corresponde que el Comité de Ministros vote nuevamente y, frente a esa nueva decisión, se podrán interponer los recursos judiciales correspondientes.

En palabras de Marcos Emilfork, abogado de FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros: “La Corte Suprema no admite trámite los recursos, lo que no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto. Lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, cosa que de hecho hizo en enero de este año rechazando el proyecto, cuestión para la que solamente es competente el Comité de Ministros. Y luego la Corte Suprema recuerda que sobre casos como este solo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas, cosa que actualmente no es el caso”.

La resolución fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz. Con este fallo, el proyecto Dominga sigue en un ciclo judicial sin resolución definitiva, dejando abiertas las próximas acciones ante tribunales y autoridades administrativas.

El yacimiento de hierro, cobre y oro de Andes Iron, firma propiedad del empresario Carlos Alberto “Choclo” Délano, ha enfrentado un camino marcado por conflictos: comunidades y ecologistas han cuestionado sus riesgos ambientales, mientras sectores económicos y autoridades destacan su potencial para reactivar la zona. La inversión estimada es de US$ 2.500 millones, con 100 mil empleos durante la construcción y 1.500 puestos permanentes en operación, en una comuna que combina riqueza natural con altos índices de pobreza.