Denuncian actuación incontitucional y tráfico de influencia en la DGA por HidroAysén
El abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo señaló que Resolución 1800 “atenta contra la regulación del Código de Aguas”. El Diputado Enrique Accorsi denunció tráfico de influencias en la actuación de la DGA. CDP 06 de agosto 2010.
Los Dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia-CDP, Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del CDP, y el abogado Marcelo Castillo, junto al diputado Enrique Accorsi interpusieron hoy un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Aguas (DGA) para revertir la reciente resolución 1800, que favorecería al proyecto HidroAysén.
Conforme a esto, el abogado del CDP, Marcelo Castillo, indicó que “el recurso presentado tiene por objeto dejar sin efecto la Resolución N° 1800 emanada recientemente de la Dirección General de Aguas, que estableció una serie de criterios que atentan contra la regulación del Código de Aguas y que facilitan la aprobación de proyectos de manera ilegal como en el caso de HidroAysén”.
En la argumentación presentada por los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia, señala que la DGA viola los principios de supremacía constitucional y de legalidad que se encuentran consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República. En este sentido, el artículo 6° consagra el principio de supremacía constitucional indicando que Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”.
En la oportunidad, el diputado Accorsi rechazó el proceder de la máxima autoridad de la Dirección General de Aguas, Matías Desmadryl, expresando que “es increíble que el director de la DGA aplique políticas que favorecen directamente la instalación de HidroAysén”. Asimismo, cuestionó que Desmadryl tenga dentro de su propio gabinete como asesor, a Carlos Ciappa, quien anteriormente fuera el abogado jefe del proyecto HidroAysén: “esto realmente deja de manifiesto el tráfico de influencia que se da en este caso”, puntualizó el parlamentario.
Finalmente, Marcelo Castillo sostuvo que la respuesta a esta presentación deberá estar en un plazo de 30 días, tiempo en el que el CDP contempla presentar otras acciones jurídicas que se darán a conocer en los próximos días.
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