Desertificación y cambio climático, un desafío para Chile
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog de diario La Tercera el 23 de junio de 2011. Vea blog AQUÍ.
Desde 1996, cada 17 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía propiciado por Naciones Unidas. Este año se vinculó especialmente con el Año Internacional de los Bosques, cuya protección resulta clave para fortalecer la lucha contra la pérdida de los suelos.
La desertificación es un problema que afecta a países alrededor de todo el mundo. En términos globales se estima que ya afecta al 40% de la superficie del planeta, mientras que en América Latina y el Caribe al menos 300 millones de hectáreas se encuentran desertificadas, cifra que crece cada año. En Chile se estima que de los 75 millones de hectáreas de superficie del país, casi 50 millones de hectáreas se encuentran con algún grado de degradación, erosión, desertificadas o en riesgo de estarlo, es decir, dos tercios del territorio nacional.
En nuestro país, el avance de la desertificación está vinculada principalmente con algunas prácticas denominadas genéricamente “cambio de uso de suelo” y que pueden resultar muy nocivas, tales como la expansión urbana, la ampliación de la frontera agrícola, la corta de bosque nativo en pendiente, en cabeceras de cuenca o para habilitar cultivos agrícolas o forestales, también conocida como labores de “despeje” o limpia, es decir, la histórica sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, y los incendios forestales. Otras causas están asociadas con la escasez y/o mala gestión de agua que está relacionada con su uso en actividades mineras, construcción de represas y embalses, así como también de sistemas de regadío agrícolas y forestales industriales que afectan la calidad de los suelos. Las principales consecuencias sociales de la pérdida de suelo, son el empobrecimiento de los poblados rurales y la consecuente migración del campo a la ciudad.
En términos ecológicos, la deforestación, la pérdida de suelo, el avance de los desiertos y la intensificación de la sequía son fenómenos que se interrelacionan en términos de alterar el patrón de precipitaciones, las que se han reducido de manera sostenida en las últimas décadas en el país, tal como señalan diversos estudios, amenazando los ecosistemas y con ello la supervivencia de ecosistemas y de una serie de actividades productivas a lo largo del país. Así, la lucha contra la deforestación y la desertificación debieran constituir una piedra angular de la estrategia de Chile para enfrentar el cambio climático.
Para ello es necesario fortalecer las instituciones que desde el Estado tienen la responsabilidad de velar por la protección y conservación de nuestro patrimonio natural, particularmente los bosques. En este contexto, se debe poner especial atención en la discusión que se desarrolla actualmente en el Senado respecto al proyecto que modifica la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para transformarla en un Servicio Forestal público. Es indispensable entender la importancia que tienen los bosques nativos en frenar la desertificación, y en la protección de cursos de agua y de los suelos. La ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (N° 20.283), en su artículo 17 establece la necesidad de contar con medidas exigentes de protección. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura a través de un reglamento le ha bajado el perfil y ha flexibilizado estas medidas, con lo que poco podrán ayudar al control de la desertificación. El permanente menoscabo a nuestro patrimonio natural y las blandas regulaciones en nada ayudan al país, pues no permiten que las instituciones encargadas por ley del resguardo de los bosques cumplan su función; por el contrario, desde el aparato público más bien se favorece el desarrollo de “proyectos productivos” que amenazan nuestros bosques, aguas y suelos.
Es necesario apoyar la creación de instituciones públicas en las que el fomento productivo, la conservación del patrimonio natural y la fiscalización estén en distintos servicios. No es razonable que sea una misma entidad la responsable de, por una parte, promover plantaciones exóticas, por otra, conservar el bosque nativo y que, junto con ello, deba fiscalizar este mismo ámbito.
Asimismo, es necesario promover y financiar investigación, así como generar mecanismos para que los pequeños propietarios forestales jueguen un rol relevante en la lucha contra la desertificación; es necesario trabajar para mejorar las vías de participación de las organizaciones y comunidades locales. Son aquellos que están más cerca y que dependen directamente de los bosques y otros ecosistemas amenazados, los que están en mejor posición para conocerlos y defenderlos del avance de la desertificación.