A través de un oficio firmado por la presidenta nacional del gremio, Dra. Anamaría Arriagada, y el presidente del Departamento de Medio Ambiente, Dr. Yuri Carvajal, la entidad sostiene que ambas regulaciones son fundamentales para prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer asociados a la contaminación atmosférica. Por lo mismo, considera que su paralización representa un retroceso para la salud pública.
Cabe recordar que las plantas termoeléctricas a carbón en Chile se concentran en unas pocas ciudades costeras que han sido conocidas como zonas de sacrificio ambiental, debido a los graves problemas de salud que presenta la población local.
¿Por qué el Colegio Médico califica de urgente esta medida?
El gremio advierte que ambas normas acumulan un retraso de al menos once años en su actualización, pese a que la legislación establece que sus estándares deben revisarse cada cinco años. Además, enfatiza que la exposición a contaminantes como el material particulado fino y las emisiones de centrales termoeléctricas constituye un determinante ambiental de la salud que escapa al control individual de las personas, por lo que exige una respuesta decidida desde las políticas públicas.
En la carta enviada al Ministerio del Medio Ambiente, el gremio recuerda que existe evidencia científica que relaciona la contaminación del aire con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer y mortalidad prematura. En ese contexto, considera contradictorio que estos decretos hayan sido retirados cuando el propio Gobierno declaró una Alerta Sanitaria Oncológica en el marco de la Estrategia Nacional de Salud.
Uno de los principales argumentos del Colegio Médico es que ambas normas cumplieron con sus respectivos procesos técnicos, desarrollados bajo distintas administraciones, incluyendo revisión de antecedentes técnicos y científicos, participación ciudadana, Comité Operativo Ampliado y los Análisis Generales de Impacto Económico y Social (AGIES), que evaluaron tanto sus costos como los beneficios sanitarios y económicos de una mejor calidad del aire.
Contaminación del aire y salud
De acuerdo con las AGIES, el endurecimiento de los límites de emisión de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para termoeléctricas a carbón generaría beneficios sociales estimados en 91 millones de dólares entre 2025 y 2040, principalmente por la reducción de muertes prematuras y hospitalizaciones.
Por su parte, la actualización de la norma para MP2,5 —que propone bajar el límite anual de 20 a 15 microgramos por metro cúbico y el diario de 50 a 38, acercando la regulación chilena a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud— generaría beneficios sociales valorizados en 8.873 millones de dólares entre 2026 y 2035, con beneficios netos cercanos a los 7.234 millones.
Al respecto, Pamela Schellman, secretaria técnica del Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico, planteó que “retrasar la implementación de estas normas significa mantener a la población expuesta a contaminantes locales que aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cánceres y muertes, afectando especialmente a niños y niñas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas”. Agregó que “reingresar estos decretos es una medida urgente de salud pública que permitirá prevenir enfermedades, salvar vidas y avanzar hacia un medioambiente más sano para toda la población”.
En la misma línea, Gonzalo Melej, coordinador del Proyecto de Descarbonización de Chile Sustentable, sostuvo que “estas normas son el resultado de años de trabajo técnico y están sustentadas en evidencia científica robusta” y que “retrasar su entrada en vigencia significa postergar beneficios ambientales, sanitarios y económicos que ya fueron ampliamente evaluados y demostrados”.
Además de dirigirse a la ministra Toledo, el Colegio Médico remitió oficios a las presidencias del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, y a las comisiones de Salud de ambas corporaciones, solicitando respaldo político para reingresar estas normas. Finalmente, el gremio sostiene que la protección ambiental debe entenderse como una política de Estado e insta al Ejecutivo a reponer con rapidez estos decretos.
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