Además, establecía a este organismo informar trimestralmente, en un plazo de 30 días posteriores al trimestre respectivo, “informar a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados, y a las comisiones de Economía y de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado”, el detalle de los gastos para su implementación.

Si bien Escazú no contaba con una asignación propia, más bien con una reserva de recursos como parte de los bienes y servicios de consumo de la subsecretaría, el proyecto de Presupuesto 2027 ya no menciona esta designación.

Lo que viene por delante es que la subsecretaría podría seguir financiando la implementación de Escazú, pero sin un monto en específico y sin rendir cuentas ante el Congreso.

“Una señal preocupante”

Desde la Fundación Escazú Ahora, su director ejecutivo, Sebastián Benfeld, manifestó su preocupación ante la ausencia de garantía de financiamiento del acuerdo.

“Por primera vez desde la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el programa de implementación queda con cero pesos asignados en la Ley de Presupuesto. Nos parece una señal preocupante y un llamado de atención”, afirmó a El Desconcierto.

Para la fundación, “Escazú es una política de Estado y su implementación debe continuar independientemente del gobierno de turno”.

En esa línea, sostuvo que “para eso se necesitan recursos, pero también resultados concretos, transparencia y rendición de cuentas”. Asimismo, “los compromisos que Chile ha asumido no pueden quedar en el papel ni archivarse en un cajón según las prioridades de cada gobierno. Son compromisos que nos hemos dado como país y que tenemos el deber de cumplir”.