El financiamiento de los Programas Sociales
Columna de Francisco Pinto, Economista de Fundación Terram, publicada en El Clarín, 12 de mayo de 2006.
La reciente aprobación del aumento en las pensiones mínimas y asistenciales para un millón 200 mil personas es motivo de alegría. Sin embargo, la forma en cómo el Gobierno financia este tipo de iniciativas, y en general los programas sociales, requieren de una discusión que hasta el momento ha sido menor. Al Proyecto de Ley que aumenta en un 10% las pensiones estaba indexado el mantenimiento del IVA en un 19%, con el propósito de financiar la iniciativa. Cabe recordar que el aumento de este tributo de 18% a 19%, aplicado en la administración Lagos, era de carácter transitorio. Si bien la Presidenta Bachelet ya había anunciado previamente su intención de mantener el IVA en su valor actual, es necesario analizar la pertinencia de llevar a cabo políticas públicas con este tipo de medidas.
El IVA es un impuesto regresivo, es decir, el pago es efectuado en igual monto por todas las personas sin considerar el nivel de ingreso. Por tanto existe una mayor carga para aquellos sectores de la población con menores ingresos económicos, debido al mayor gasto (proporcional) que realizan éstos en bienes afectos a IVA, en comparación con aquellos que poseen un ingreso mayor.
La lógica de financiar políticas y proyectos estatales con este tipo de gravámenes, se debe a la facilidad que tiene el Fisco en recaudarlo y la prácticamente nula oposición ciudadana a esta iniciativa. Algunos foros y encuestas de diarios electrónicos mostraban un amplio rechazo al mantenimiento del IVA en un 19%, no obstante nuestra sobre endeudada ciudadanía no tiene el empoderamiento mínimo para hacer un frente común y manifestar su disconformidad.
Por otra parte la clase empresarial, que representa al sector más acaudalado de nuestro país -el décimo más desigual del mundo- se opone férreamente a alzas en los impuestos progresivos, donde los sectores con mayores ingresos deben pagar un mayor tributo. El argumento es que esto se traduciría en menor crecimiento para el país y aumento en el desempleo, aunque ciertamente más les duele tener que desembolsar del propio bolsillo.
Existen otras fuentes de financiamiento para el Estado. Nuestro país basa su economía en la explotación y exportación de recursos naturales, de hecho el 70% de los envíos nacionales tiene relación con éstos. No obstante, el valor económico de los recursos, lo que se conoce como la “renta económica”, ha sido cedido gratuitamente por parte del Estado a las empresas productoras. Nuestro país, no cobra un solo peso por la explotación de minerales, recursos marinos o hídricos.
Tenemos inmensas riquezas, reconocidas por el Estado, que podrían abastecer enormemente las arcas fiscales y ser utilizadas de manera redistributiva en nuestro desigual país. Basta con considerar que sólo en la minería del cobre la renta económica (no cobrada) durante el periodo 1980-2002 ascendió a los US$ 23.217 millones, lo que alcanzaría para financiar casi 4 veces el programa social del actual Gobierno estimado en US$6.000 millones.