Estudio revela que producción salmonera crece siete veces más rápido dentro de áreas protegidas que en el resto del país

Una investigación de la campaña Salvemos la Patagonia, reveló que parques y reservas nacionales en la Patagonia, creados para conservar ecosistemas únicos, se han convertido en zonas clave para la expansión de la salmonicultura. Fuente: Interferencia, 21 de noviembre de 2025.

Durante décadas, Chile ha construido su imagen internacional como un país comprometido con la conservación. Ha expandido su red de áreas protegidas, y ha ratificado compromisos globales como la Convención de Washington, que prohíbe actividades industriales en parques nacionales

Pero los datos recogidos por una nueva investigación de la campaña Salvemos la Patagonia y realizado por Fundación Terram, revelan que existen 409 concesiones para cultivo de salmones otorgadas en áreas protegidas. De este total, 309 se encuentran activas y generaron 3,2 millones de toneladas entre 2001-2023.

El estudio “Cosecha de salmónidos en áreas protegidas de la patagonia chilena: impactos, actores y tendencias” (ver documento), liderado por el investigador Cristopher Toledo, analizó más de dos décadas de datos oficiales sobre la producción salmonera en la Patagonia. “Es una evidencia estructural muy clara: las áreas protegidas se han convertido en un engranaje central del modelo salmonero chileno”, explica el economista.

Según el informe, cerca del 17% de toda la producción nacional de salmones se realiza dentro de parques y reservas nacionales. Pero lo más sorprendente es la velocidad de crecimiento. Mientras la industria nacional en su conjunto creció un 4% anual entre 2001 y 2023, dentro de áreas protegidas la tasa llegó cerca del 30% anual.

“Las características ecosistémicas que justificaron la protección –sus aguas limpias, menor intervención, alta productividad natural– están potenciando la rentabilidad de la industria”, explica Toledo. “Lo que vemos es que los espacios destinados a reservar biodiversidad están siendo usados como plataformas productivas de altísima eficiencia”, agrega.

El informe también confirma que el total de las concesiones fueron entregadas posteriormente a la creación de los Parques Nacionales.

Concentración de empresas en áreas protegidas

El estudio también muestra que más del 80% de la biomasa cosechada dentro de áreas protegidas está concentrada en pocas empresas. Toledo advierte que “se trata de un grupo reducido de actores que utiliza un bien público sin pagar un canon especial ni compensación ambiental diferenciada”.

Esa concentración, dice, no es solo un dato económico. “Revela un incentivo poderoso a permanecer dentro de estas áreas, porque ahí es donde los salmones crecen más, en menos tiempo, y donde los impactos operacionales pueden resultar menos visibles”.

Las áreas protegidas con mayor concentración de concesiones son la Reserva Nacional Las Guaitecas, ubicada en la Región de Aysén, con 221 centros activos y un promedio de más de 100 mil toneladas cosechadas por año.

En este lugar, las empresas: Multi X S.A., Salmones Blumar S.A., Australis Mar S.A., Exportadora Los Fiordos Ltda., Cultivos Yadran S.A., Empresas Aquachile S.A. y Mowi Chile S.A. tienen una producción total de 1,9 millones de t durante el periodo 2001‑2023, representando un promedio acumulado de aproximadamente el 87% del total cosechado dentro de esta reserva.

Por otro lado, la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes, donde las cosechas se dispararon tras su creación en 2018, superando las 130 mil toneladas en 2022.

En la reserva, las empresas: Aquachile Magallanes SPA., Australis Mar S.A., Multiexport, Patagonia S.A. y Cermaq Chile S.A. acumulan una producción total mayor a las 500 mil toneladas durante el periodo 2009‑2023, lo que representa alrededor del 93% del promedio acumulado anual cosechado.

Entre ambas reservas, concentran casi el 80 % de la producción dentro de áreas protegidas en Chile durante las últimas dos décadas.

Para Toledo, esto deja un mensaje claro: “La gestión actual de las áreas protegidas en la Patagonia es paradójica. Creamos estos lugares para conservar, pero en los hechos los estamos utilizando para sostener un modelo industrial altamente intensivo”.

Una de las conclusiones más llamativas del estudio es la diferencia de producción entre los centros dentro y fuera de áreas protegidas en contexto de crisis sanitarias o ambientales.

Toledo explica que, durante eventos como el virus ISA, las floraciones algales nocivas o incluso el COVID, las cosechas fuera de áreas protegidas disminuyeron en 28 mil toneladas. Pero dentro de parques y reservas ocurrió lo contrario, las cosechas aumentaron en aproximadamente 43 mil toneladas durante los mismos eventos.

Para el investigador, no se puede afirmar causalidad aún, pero sí se detecta “una asociación estadística robusta”. Es decir, los centros dentro de áreas protegidas resisten mejor las crisis.

¿Por qué hay industrias en áreas protegidas?

El abogado ambiental de Terram, Diego Rojas, explica que la presencia de concesiones en áreas protegidas “entra en contradicción directa con la Convención de Washington, que prohíbe actividades industriales dentro de parques nacionales”.

“La presencia de la salmonicultura en parques nacionales es contraria tanto al marco internacional como a la Ley SBAP”, añade el abogado.

En el caso de las reservas nacionales, la situación tampoco es simple. “Aunque en reservas pueden permitirse ciertos usos sustentables, la evidencia científica sobre los impactos de la salmonicultura hace que su presencia sea jurídicamente cuestionable”.

Además, la Ley SBAP, aprobada en 2023, no entrega herramientas para revertir la instalación de concesiones industriales ya existentes.

“Hoy no existe ningún instrumento que le permita al Estado retirar o reubicar estas concesiones, aun si se demuestra su incompatibilidad con la conservación”, advierte Rojas.

“El riesgo es claro, si no cambiamos este modelo, las áreas protegidas seguirán absorbiendo los impactos de una actividad intensiva que no fue diseñada para convivir con ecosistemas frágiles”, advierte Toledo..

Rojas agrega que las medidas urgentes son políticas y legales: “Debe haber una estrategia pública que evalúe la compatibilidad real de estas concesiones y que permita retirarlas si es necesario. El Estado no puede seguir actuando como si esta contradicción no existiera”.