
Hidroeléctricas de Aysén: ¿queremos intervenir la Patagonia?
Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en diario La Nación 29 de enero de 2007.
En las últimas semanas se han difundido noticias con cierto tono alarmista y un dejo nacionalista, sobre la incorporación de la ONG Natural Resources Defense Council (NRDC) -específicamente con su fiscal Robert Kennedy- a la campaña de defensa de la Patagonia y en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos en Aysén.
Si bien, públicamente el Gobierno está tomando palco, en los hechos está comprometido con el desarrollo de la energía hidroeléctrica, argumentando que para Chile es imposible no captar el beneficio de los recursos hídricos del sur, en especial en vista de la crisis energética. Dijo que velará por el cumplimiento de la legislación ambiental y del mínimo impacto de la instalación. Esta visión demuestra que aún no aprecia la discusión de fondo en relación con la intervención en Aysén y por qué el fiel cumplimiento de la legislación ambiental o la minimización de los impactos no resuelven el problema.
Más aún, el Gobierno no comprende aún que inevitablemente la discusión sobre la instalación de las hidroeléctricas se convertirá en un conflicto internacional, donde Kennedy es el primer representante de muchas organizaciones que se incorporarán a la defensa de Aysén. A menos que tome “el toro por las astas”, este conflicto marcará por años la imagen internacional del Gobierno y de la Presidenta Bachelet.
Aysén no sólo cuenta con un paisaje y ecosistema únicos, sino que es de las pocas zonas del mundo sin intervención humana y sus ríos son de los pocos que no han sido represados. Por esto, aunque sea poca la intervención y ambientalmente responsable, la decisión de hacerlo cambia la naturaleza intocada y prístina y sustancialmente su valor ecológico y económico.
Es un poco como la virginidad, independientemente de lo que se haga posteriormente, una vez que se pierde la virginidad es para siempre y de forma irreversible. No hay vuelta atrás, no hay punto intermedio.
Por esto, el Estado subsidiario es un problema de fondo en esta discusión, tanto en lo que corresponde a la política energética como la ambiental, pues no permite a la sociedad discutir transparentemente la primera y fundamental pregunta: ¿queremos intervenir la Patagonia?
Esta no es una pregunta en la cual el Estado pueda tomar palco, ni tampoco implícitamente las empresas. Debe ser una decisión de la sociedad chilena en su conjunto, con un debate razonado y transparente.
En este debate es necesario poner sobre la mesa las necesidades energéticas del país y las distintas alternativas, desde nuevas fuentes hasta mecanismos de eficiencia energética. Por ejemplo, cómo enfrentar el hecho de que el crecimiento de la demanda energética de Chile es por sobre el crecimiento del PIB, una tasa insostenible en el largo plazo.
Se debe transparentar para quién está destinada la energía. El argumento de que se requiere energía para el desarrollo de Chile no es sostenible al verificar que más de 30% de la energía eléctrica está destinada a la minería y otro 30% a Santiago.
La propuesta de intervenir Aysén constituye una profundización del modelo económico basado en la minería y concentrado territorialmente en el centro, con mayor razón cuando se constata que las líneas de transmisión son continuas y directas a la capital.
También debe estar la pregunta de fondo: ¿cuánto vale un ecosistema prístino? El costo ambiental de la primera represa en Aysén no es lo mismo que la segunda.
La primera es una definición básica sobre la naturaleza del área, prístina o no. Mientras que la segunda, donde se acota la actual institucionalidad ambiental, es sobre el impacto ambiental local: cuánto del ecosistema se pierda con la inundación y a quién hay que compensar.
Son decisiones de naturaleza absolutamente distinta. Nuestra institucionalidad ambiental no puede distinguir entre estas dos preguntas y una razón más por la cual se debe avanzar hacia una reforma institucional sustancial.
Debido a que en el mundo no existen muchas zonas prístinas, la decisión de intervenir Aysén afecta no sólo a los chilenos. También a Kennedy y otros. Este será un conflicto ambiental con implicancias internacionales y de un alto costo para la imagen país que tanto preocupa a las autoridades.