Ingresan al Parlamento iniciativa que sanciona con presidio los delitos ambientales
"Ha llegado la hora de que estos verdaderos delincuentes de cuello y corbata paguen con cárcel; recordemos lo que pasó en Licancel, con una horrible mortandad de peces y daños irreparables para el ecosistema; lo que buscamos, es cárcel", dijo el diuputado Roberto León. El Mostrador, 05 de noviembre 2009.
El diputado DC Roberto León ingresó a la Cámara un proyecto que castiga con rigor a los "delincuentes medioambientales", estableciendo sanciones como presidio menor y multas entre 50 y 3.000 UTM a quienes causen daños al medio ambiente.
La inicaitiva precisa que "se considerará irrecuperable aquel daño ocasionado al medioambiente que tarde en opinión experta 15 años o más en volver a la situación anterior al acaecimiento del o los hechos que causaron el daño. Se considerará a su vez como de difícil recuperación aquel daño que tarde en opinión experta 3 años o más en volver al estado anterior a los hechos."
El proyecto, que fue firmado por los diputados Gabriel Ascencio, Patricio Vallespín (DC); Juan Lobos (UDI), Osvaldo Palma (RN), Enrique Accorsi (PPD) y Denisse Pascal (PS) se basa en la necesidad de "aumentar las sanciones para este tipo de acciones que dañan nuestro medioambiente y que quedan impunes, pues las empresas prefieren pagar las multas y siguen contaminando", sostuvo León.
"Ha llegado la hora de que estos verdaderos delincuentes de cuello y corbata paguen con cárcel; recordemos lo que pasó en Licancel, con una horrible mortandad de peces y daños irreparables para el ecosistema; lo que buscamos, es cárcel".
La iniciativa establece, también, que "El Consejo de Defensa del Estado deberá hacerse parte del proceso en calidad de querellante. Del mismo modo establézcase acción pública para accionar a cualquier persona natural o jurídica con domicilio en la región respectiva".
El parlamentario DC explicó que "dado el impacto que actos de esta naturaleza ocasionan, debe existir acción popular, así como la facultad de la comunidad de poder querellarse. Por ello, el Consejo de Defensa del Estado debe tener la obligación de hacerse parte. Además la comunidad, que también se ve directamente afectada, debe tener la facultad de poder querellarse contra los autores del ilícito".