Institucionalidad Ambiental

Carta al director de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en diario Estrategia el 14 de junio de 2010.;

Señor Director:  
  
 En la editorial titulada "Institucionalidad Ambiental", del 10 de junio, su diario señala "el Presidente Sebastián Piñera instaló en la agenda pública la meta de crear una nueva institucionalidad ambiental, partiendo por una reforma profunda en el ministerio sectorial". Al respecto, quiero precisar que la Reforma a la Institucionalidad Ambiental, no es un mérito del actual presidente. Nace en la campaña presidencial del 2005, debido a la presión ciudadana por el caso Celco y como parte de las recomendaciones de la OCRE en el informe Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile.

En ese entonces, todos los candidatos incluyeron en su programa de gobierno un acápite dedicado al tema, pero fue la candidata Bachelet quien le diera la forma de Ministerio de Medioambiente y Superintendencia Ambiental y que, posteriormente, bajo su gobierno, nombrara por primera vez una ministra del ramo, con el claro objetivo de sacar adelante la tan esperada y necesaria Reforma. Fue durante su mandato que se envió al Congreso el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental, iniciativa que, aunque coja, finalmente fue promulgada el pasado 12 de enero cuando no finalizaba aún su mandato.

El desafío del actual Presidente será implementar dicha institucionalidad y las modificaciones que se hicieron a la Ley 19.300, en las que se crean nuevos instrumentos de gestión ambiental y se modifica la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, separándolos de la dictación de políticas, regulaciones y normativas en la materia, a cargo del nuevo Ministerio.

El presidente Piñera, además, debe conseguir que el Parlamento apruebe cuanto antes los Tribunales Ambientales, sin lo cuales no puede entrar a funcionar la Superintendencia, y asumir el compromiso de crear el Servicio de Áreas Protegidas, órgano que sucumbió en la administración anterior y que es absolutamente necesario para que Chile cuente con un sistema institucional moderno.