Investigadora de proyecto de HidroAysén recibió primeras denuncias de irregularidades

Funcionarios públicos de la zona entregaron antecedentes a los diputados respecto del sorpresivo e injustificado cambio de criterio que adoptaron algunos servicios para aprobar el proyecto hidroeléctrico. Camara.cl, 06 de junio 2011.
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Denuncias específicas sobre irregularidades en el proceso de calificación que efectuaron algunos servicios de la Región de Aysén, denunciaron esta tarde funcionarios públicos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora sobre la aprobación del proyecto de HidroAysén.

El presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Julio López, explicó que, tras recibir comentarios de eventuales presiones anómalas para aprobar el proyecto, se inició un proceso de recolección de antecedentes del cual surgieron datos concretos sobre irregularidades que, si no son calificadas como delitos, al menos deben ser consideradas como faltas a la probidad.

Señaló que, sobre la base de dichos antecedentes, se presentó una querella por las anomalías presentadas en el proceso de calificación del SERVIU de Aysén, en donde, pese a existir un informe inicial desfavorable sobre el proyecto hidroeléctrico, tras una autorización política del Gobierno, se echó por la borda dicho trabajo y se optó por dar la aprobación.

López afirmó, además, que el Seremi de Vivienda, Nicolás Terraza, faltó a la probidad, dado que participó del proceso de calificación, en circunstancias que se había inhabilitado el 6 de abril, por tener su familia relaciones con la empresa y con el proyecto mismo.

El dirigente resaltó que, además de este caso, hay conocimiento de otros procesos anómalos en SERPLAC, CONAF, SERNAGEOMIN y en el Servicio de Salud Regional.

Finalmente, López llamó a los parlamentarios a proteger a los funcionarios públicos que se atreven a hacer las denuncias respectivas, recordando que durante la administración del Presidente Sebastián Piñera se han despedido cerca de 8.500 personas, algunos de ellos de planta.

Cambio de Informe

Para precisar las irregularidades ocurridas en el SERVIU de Aysén, Fernando Miranda, funcionario del servicio desde 2006 y encargado del proceso de evaluación del proyecto de HidroAysén, relató a los diputados, hito a hito, cómo se desarrolló el proceso de calificación de la iniciativa.

Explicó que, desde un inicio, se objetó el emplazamiento de un campamento, de cerca de 2.000 trabajadores, que sería localizado cerca de la localidad de Cochrane, de similar población. Indicó que, en forma reiterada, se le pidió a la empresa que especificara sobre el impacto que ello tendría en la localidad, acto que, a su juicio, nunca fue efectivamente logrado, pese a la contratación de una empresa consultora en enero pasado.

Fernando Miranda comunicó que, hasta la mañana del día martes 26 de abril, el equipo completo que trabajó en el proceso de evaluación, incluyendo a Nicolás Terraza, estaba de acuerdo en que el informe sería negativo. Sin embargo, precisó, tras la hora almuerzo, fue convocado por el Seremi para señalarle que él había recibido una llamada en donde se le había hecho ver que, al igual que el Serplac, estaban poniendo obstáculos al proyecto y que éste debía ser aprobado.

Miranda dijo que se opuso a la medida, estimando que no había razones técnicas que modificaran el criterio adoptado inicialmente por el Servicio. Señaló que pidió que se rechazara su informe y se hiciera otro nuevo que no llevaría su firma, decisión que se habrían tomado finalmente.

Especificó que este último documento llevó la firma del Seremi subrogante, Rodrigo Solís, dado que, sólo a esta altura, Terraza informó que estaba inhabilitado.

Los diputados, junto con señalar su apoyo a los funcionarios públicos que efectuaron las denuncias, acordaron facilitar la entrega de testimonio de otros testigos de irregularidades, para lo cual acordaron sesionar, en una fecha aún por definir, en la misma Región de Aysén.

Además, entre otras diligencias, se acordó pedir los listados de llamadas telefónicas que recibieron las autoridades de los servicios, antes de que se aprobara el proyecto hidroeléctrico.