
La Reforma Ambiental de Michelle Bachelet
Por Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundación Terram, publicada en el Diario 7, sábado 3 de diciembre de 2005.
En el fulgor de la recta de final de la campaña presidencial, ha pasado desapercibido el anuncio hecho en conjunto con algunas organizaciones ambientales- de parte de Michelle Bachelet de lo que constituye nada menos que un revolucionario programa de reformas medioambientales.
De cumplirse los "Compromisos de Chagual" anunciados el 21 de noviembre en el Jardín Botánico del mismo nombre, habrá una reforma estructural en la institucionalidad y gestión ambiental, que prácticamente hará borrón y cuenta nueva de la que rige actualmente. De esta forma, se viene a confirmar en forma implícita el fracaso del diseño institucional planteado a principios de los 90 y la necesidad de avanzar hacia otro radicalmente distinto.
Entre los diez compromisos de la doctora Bachelet se encuentra una reforma institucional significativa que incluye la creación de un Ministerio de Medio Ambiente con dos Subsecretarías, una dedicada a los recursos naturales y la biodiversidad y la otra a la gestión ambiental. Esta última surgiría de la actual Conama. Además, se propone una Superintendencia de Fiscalización Ambiental y la creación de un Servicio Nacional de áreas Protegidas. Presumiblemente ambos servicios dependerían del Ministerio de Medio Ambiente. Una segunda innovación es el compromisos con un Ley Marco de Ordenamiento Territorial.
Lo anterior significa que nos movemos desde una política ambiental centrada en la coordinación de los servicios (Conama y Coremas) – donde la política y gestión ambiental se realizaba en los Ministerios sectoriales- a una política en la cual una sola institución, el Ministerio de Medio Ambiente, con un rango jerárquico superior, asume directamente la responsabilidad en el diseño, gestión y fiscalización de la política ambiental. Asimismo, pasamos desde instrumentos de gestión sectoriales regulatorios y de derechos de propiedad a otro que optimiza los usos y vocaciones del territorio, a través de la gestión territorial.
También habría que señalar que existen compromisos específicos en materia de gestión e información ambiental, como por ejemplo establecer un Sistema de Cuentas Ambientales e instrumentos fiscales de gestión ambiental y ampliar los fondos hacia la investigación. Otro tema relevante, y que curiosamente los medios no han mencionado, es que se fija una clara posición en temas que actualmente están en medio del debate: se excluye la opción nuclear en lo referente a la energía, no se permitirán los cultivos transgénicos y se protegerán los glaciares, con sus consecuencias para el controversial proyecto minero Pascua Lama.
La nueva política ambiental es un compromiso significativo de Bachelet y que augura cambios importantes en la institucionalidad y gestión ambiental. Además, todas las propuestas emanan desde la sociedad civil y son coherentes con las políticas en países más desarrollados. De llevarse a cabo estas reformas, la política ambiental deja de ser el pariente pobre en la institucionalidad del Estado y el crecimiento económico se enmarcará dentro de una verdadera política de desarrollo sustentable.