Las incógnitas que deja el retiro del proyecto de ley de obtentores vegetales

Desde el ámbito ambientalista sostienen que se requiere al menos una discusión ciudadana amplia y la protección clara de las semillas ancestrales. Revista del Campo 31 marzo 2014.

A nivel de empresas, temen que la suspensión podría limitar la competitividad y desincentivar la investigación nacional.”Hoy día se han tomado varias decisiones, entre ellas (…) el retiro de la Ley de Obtentores Vegetales del trámite legislativo, para hacer un análisis que recoja todo lo que se ha conocido en nuestro país e internacionalmente en esta materia y que resguarde los derechos de las comunidades agrícolas, sean medianos o pequeños agricultores, y el patrimonio de las semillas en nuestro país”, anunció la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, el lunes 17 de marzo.

La revisión del proyecto -conocido como “Ley Monsanto”- que estaba en los últimos trámites para ser aprobado en el Congreso, era uno de los compromisos de campaña asumidos por la Presidenta Michelle Bachelet.

Si bien había sido presentado durante su gobierno anterior -con el fin de aprobar el convenio con UPOV 91 y derogar la Ley 19.342, para proteger la propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas variedades para la industria agroalimentaria y forestal-, desde un primer momento generó oposición por parte de pequeños productores y organizaciones ambientalistas, quienes plantean que el proyecto autorizaría el ingreso de organismos genéticamente modificados, que significaría la privatización de las semillas y que podría llevar a la pérdida de semillas ancestrales.

Ante ello, la entonces candidata se comprometió a que el proyecto se retiraría, y, por eso, el anuncio de la ministra Rincón no sorprendió.

Académicos, representantes de empresas semilleras, de los viveristas y exportadores coinciden en que hay desconocimiento en la ciudadanía sobre qué busca la iniciativa, y critican que, además, no se expliquen las intenciones concretas de su retiro.

A esto último se suman, incluso, organizaciones medioambientales como la Fundación Terram, que se opone al proyecto actual y pide claridad sobre qué se hará con él.

Son respuestas que en el Ministerio de Agricultura tampoco tienen, pues indican que les tomará algunas semanas definir y comunicar cómo se abordará esta nueva etapa. Lo mismo esperan saber en el Inia, el principal desarrollador de variedades del país.

Por ahora, las opiniones de los técnicos, representantes gremiales y organizaciones ambientalistas están divididas en cuanto a qué se necesita hacer y cómo afectará a la investigación, desarrollo e importación de nuevas variedades el haber congelado la iniciativa.

Por un lado, los productores de semillas, viveristas y exportadores apuntan a que la suspensión pone en juego la imagen del país -que en sus TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón contempla la aprobación del convenio UPOV 91- y la llegada de nuevas variedades de frutales, y desincentiva el desarrollo de variedades locales.

Por el otro lado hay productores y organizaciones ambientalistas que sostienen que, al no continuar con la iniciativa legal, se asegura la libertad de los agricultores para reproducir semillas y la defensa del material genético en manos de los pueblos originarios.

Los puntos de la discordia

Chile adhirió al convenio UPOV 78 en 1996, y desde 1994 los derechos de propiedad de las variedades vegetales están resguardados por la Ley 19.342, por lo que la ratificación del convenio UPOV 91 y la aprobación de la iniciativa que retiró el Gobierno busca ampliar la propiedad de las variedades esencialmente derivadas, para proteger al desarrollador, en un plazo que pasaría a ser de 18 a 25 años para especies leñosas, como los frutales, forestales y vides, y de 15 a 20 años para especies como los cultivos anuales, hortalizas y flores.

Además, amplía la protección al producto de la cosecha, es decir, a las semillas y frutas; agrega la protección provisional entre la presentación de solicitud de registro del obtentor y su inscripción final en el SAG; e incluye la opción de restringir el “privilegio del agricultor”, que es el derecho a producir las semillas para autoabastecimiento, aspecto que el convenio deja abierto al criterio de cada país.

Ese es uno de los principales puntos por los que María Isabel Manzur, coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos y miembro del directorio del Programa Chile Sustentable, es contraria a la continuidad del proyecto, ya que cree que se debe dejar en libertad a los agricultores para reproducir, copiar, intercambiar y comercializar semillas, y que restringe esos derechos “en favor de las empresas semilleras”, mientras que los investigadores locales ya tienen sus derechos protegidos con la legislación actual.

“No estamos de acuerdo con avanzar más. Creemos que el proyecto debe retirarse en forma definitiva o revisarse con un amplio debate ciudadano, que hasta ahora no se ha hecho”, asegura Manzur.

Desde la otra vereda, en la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), enfatizan que se han realizado debates y que el apoyo al proyecto ha sido transversal desde organizaciones como el Inia, Asoex y Fedefruta.

“Se han instalado conceptos erróneos, que han conducido a que una ley que es muy positiva para el país esté finalmente en esta etapa. Se le han puesto nombres que no corresponden, se ha afirmado que tiene que ver con los transgénicos, cuando no tiene nada que ver, y que pone en riesgo a las variedades ancestrales, lo que tampoco es así”, dice el gerente ejecutivo de Anpros, Mario Schindler.

Sin embargo, está de acuerdo con que se revisen las materias que provocan discrepancias. “Que se haya retirado de tabla y se genere la oportunidad de clarificar y despejar dudas de la población, los legisladores o el Ejecutivo es una buena posibilidad para el país”, dice.

Otro tema polémico es que, según algunos, la iniciativa permitiría el cultivo de organismos genéticamente modificados. Al respecto, el profesor de la Facultad de Agronomía de la U. Católica e investigador en mejoramiento genético, Andrés Schwember, afirma que en el texto “no existe ningún artículo que tenga alguna relación con el tema transgénicos, pues esa es una materia legal independiente”.

Sin embargo, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, pese a que reconoce que la iniciativa se refiere a obtentores vegetales y no a transgénicos, insiste en que se debe precisar la regulación de estos últimos, ya que “en estricto rigor pueden ser inscritos como una nueva variedad vegetal de acuerdo al proyecto que había”.

Semillas ancestrales

Uno de los aspectos que ha provocado más cuestionamientos es qué pasará con las semillas de los pueblos originarios, patrimonio genético del país que aún no cuenta con una estrategia de protección.

María Isabel Manzur reclama que aún no existan iniciativas ni recursos destinados a eso ni a ayudar a los agricultores que están protegiendo esas variedades, algo que, a su juicio, debería ir por un carril aparte del proyecto de obtentores.

Mario Schindler asegura que en este último está totalmente resguardado el que las variedades ancestrales no puedan ser apropiadas por un tercero, debido a que, como no han sido modificados, sería imposible que estén sujetos a esa ley. De todas maneras, recalca que en Anpros están de acuerdo con que el Estado debe desarrollar políticas que protejan ese patrimonio.

Otros pendientes

Más allá de los puntos conflictivos, la incertidumbre de lo que se hará también incomoda a quienes consideran positivo que el proyecto se haya retirado. Flavia Liberona cree que el anuncio de la ministra Rincón fue una acción política, y que falta conocer qué camino se seguirá. “La pregunta es para el ministro de Agricultura, de qué van a hacer ahora y si todo este tránsito de revisión y toma de decisiones va a ser de cara a la ciudadanía o a puertas cerradas”, plantea, ya que considera poco probable que se retire en forma definitiva, debido a los compromisos que tiene Chile en los TLC, lo que llevaría al Ejecutivo solo a hacer modificaciones.

De ser así, Liberona cree se deben establecer salvaguardas en el texto legal y en acciones que considera fundamentales, como ratificar otros convenios que también están pendientes y son significativos desde el punto de vista de protección.

“Chile no ha ratificado el Protocolo de Cartagena, que regula el transporte fronterizo de transgénicos. No ha suscrito el Protocolo de Nagoya, donde se establece una serie de condiciones y beneficios para los usos tradicionales y comunidades indígenas, y tampoco ha ratificado el Tratado de Protección de los Recursos Fitogenéticos, que está hace varios años en el Parlamento”, afirma.

Las Consecuencias

Para muchos, el retiro puede impactar la competitividad del país. Algunos, incluso, sienten que desincentiva la investigación. “Es ver que nuestros derechos se van a las pailas”, señala Andrés Schwember, de la Universidad Católica.

Agrega que la decisión “refleja cómo se está llevando la agenda de desarrollo en Chile, donde tiene que ver mucho lo que dice la gente en la calle, que no digo que sea malo, pero donde el denominador común es que son posturas que carecen de aspectos técnicos”.

Algo similar pasa en el ámbito productivo. El director ejecutivo de la asociación que agrupa a empresas de viveristas frutales, ANA Chile, Luis Fernández, dice que se sorprende al escuchar a legisladores y gente del gobierno referirse a la ley en formas que “demuestran que ni siquiera la han leído”.

Los viveristas son quienes traen y reproducen en el país muchas de las nuevas especies y variedades elegidas por los consumidores. Por eso sienten que esto los deja mal parados frente a sus proveedores internacionales, a los que, según Fernández, parece que les estuvieran contando el cuento del lobo, por el tiempo y las veces que han tenido que dar explicaciones cuando les preguntan por la ley de obtentores.

“Esta ley es un compromiso que el país tiene con otros estados. (Si no se aprueba) Chile pasaría a ser uno de los pocos países donde hay fruticultura en Sudamérica, en el que su legislación no es parte de la carta UPOV 91”, afirma.

El presidente de Asoex, Ronald Bown, añade que aprobar la ley también es fundamental para evitar el uso indebido de las variedades que se han desarrollado en Chile, a través del Consorcio Tecnológico de la Fruta.

“Se ha desviado la atención a un subgrupo de plantas (transgénicas) que se cultivan bajo una regulación muy precisa. Tanto el Parlamento como las autoridades deberían adoptar sus decisiones basadas en la evidencia científica, y no afectar al resto del mundo vegetal”, afirma Bown y destaca que eso es un punto esencial para competir en forma justa en el contexto mundial y agregar valor con innovación.

El presidente de Anpros, Jean Pierre Posa, agrega que el retraso en la aprobación también desmotiva a los investigadores. “Se desincentiva la creación de variedades que son para Chile, por lo que los más perjudicados son los productores, sobre todo en la fruticultura, porque no pueden contar con variedades modernas”, explica.

-“Que se genere la oportunidad de poder clarificar y despejar las dudas de la población, los legisladores o el Ejecutivo, es una buena posibilidad que tiene el país”. MARIO SCHINDLER GERENTE EJECUTIVO DE ANPROS

-“La pregunta es para el ministro de Agricultura, (…) de si todo este tránsito de revisión y la toma de decisiones va a ser de cara a la ciudadanía o a puertas cerradas”. FLAVIA LIBERONA DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN TERRAM