Las prioridades ambientales del gobierno
En las primeras semanas de gobierno hemos visto las primeras acciones respecto a materia ambiental, las cuales no han pasado desapercibidas por la ciudadanía. Desde el retiro de los 43 decretos, a los primeros lineamientos anunciados marcados por la gestión de residuos, la agilización de la inversión y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En la siguiente columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, se refiere a las prioridades ambientales del gobierno de Kast y cuestiona las decisiones políticas que están definiendo el rumbo de la institucionalidad ambiental. Fuente: La Nueva Mirada, 9 de abril de 2026.
La ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo ha sido citada a las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, en ambas ocasiones la titular de la cartera ha presentado las prioridades de la actual administración en materia ambiental, donde anunció “bala de plata” para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esto resulta un poco sorprendente, ya que la institución pública fue creada recientemente y entró en operaciones el pasado 1 de febrero de 2026.
Esto implica que la persona a cargo de este servicio no deberá pasar por concurso de Alta Dirección Pública (ADP), puede ser que esta decisión tenga que ver con que este servicio se encargará de la gestión y administración del patrimonio natural del país, es decir de la biodiversidad y en especial de las áreas protegidas estatales que serán transferidas desde la CONAF al SBAP en agosto del presente año. Sin embargo, abre una interrogante sobre la forma en la cual la actual administración pretende implementar el SBAP.
Respecto a la reciente presentación de la ministra Toledo en el Senado, señaló que la gestión ambiental de esta administración se articularía en tres ejes:
El primero tiene que ver con abordar la situación de los residuos, la implementación de la Ley REP (Responsabilidad Extendida al Productor); lo cual evidentemente es un tema muy relevante para el país, dado que existen múltiples problemas sociales y ambientales asociados a la gestión de residuos.
El segundo lo denominó la “agilización institucional”, es decir solucionar el stock de reclamaciones administrativas, ya sea ante el Comité de Ministros y/o en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Adicionalmente en esta línea se continuará con las modificaciones a la Institucionalidad Ambiental (Boletín N°16.552), proyecto de ley presentado en la administración Boric y que se encuentra en primer trámite constitucional. También, anunció continuar con la tramitación legislativa de la reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) (Boletín N°16.553) que se encuentra en segundo trámite y señaló que el ejecutivo presentará indicaciones. En este mismo eje la ministra anunció el envío al parlamento de un proyecto de ley para regular los plazos de los Tribunales Ambientales.
Un tercer eje de trabajo para la actual administración tendría que ver con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), no obstante, en la sesión no se dieron mayores detalles de cómo será esta implementación y tampoco las razones para utilizar la mencionada “bala de plata” en el nombramiento del Director o Directora de esta nueva institución pública. Lo que resulta evidente es que esta es una decisión política y, por tanto, más allá del perfil técnico que ha asumido la ministra, el ejecutivo ha definido una política pública en materia ambiental la cual pasa por nombrar directamente a personas de su preferencia como jefes de dos servicios que tienen que ver con la gestión ambiental del país, él SEA y el SBAP.
En definitiva, la actual administración ya ha fijado sus prioridades: agilizar la inversión destrabando proyectos que se encuentran en procesos de reclamación administrativa y comprometerse con la implementación del SBAP y la gestión de residuos. Lo que no es claro, es cual será la política pública que justifica la utilización de “dos balas de plata” de un total de doce en temas ambientales, una en nombrar al jefe de servicio que tiene que coordinar los procesos de evaluación ambiental de proyectos y el otro que tiene a su cargo la conservación, protección y gestión del patrimonio natural del país.
Como ya sabemos el retiro de los 43 decretos ambientales desde Contraloría, fue un tema que causó revuelo no solo en el mundo ambiental y aún persiste la preocupación por lo que pasará con aquellos que no han sido reingresados. En ese sentido, la ministra indicó en el Senado que ya han sido reingresados cuatro decretos para toma de razón, sin embargo, no ha establecido un plazo para el reingreso de los faltantes. La titular de la cartera ambiental ha sido enfática en señalar que ella debe aplicar la legislación vigente y, por ende, de sus palabras se puede desprender que la revisión de los decretos faltantes tomará algún tiempo.
Es importante entender que los decretos en cuestión son un instrumento mediante el cual se materializan mandatos y/o acciones que están regulados a distinto nivel en la legislación vigente. En el caso del SBAP se retiraron 11 decretos, pero estos son los reglamentos que hacen o harán operativo el Servicio de Biodiversidad, lamentablemente la ministra no ha dado información sobre qué pasará con los reglamentos retirados, si estos serán nuevamente elaborados o se corregirán, etc.
En definitiva, desde los primeros días con posterioridad al cambio de gobierno hemos ido observando cómo se va conformando la política ambiental de la nueva administración, primero con la solicitud de renuncia de algunos jefes de servicio, luego con el retiro de los 43 decretos, posteriormente con la visita del presidente Kast al ministerio de medio ambiente y ahora con los anuncios realizados por la ministra de medio ambiente. Sin embargo, aún no está claro si el compromiso del gobierno es aplicar la legislación vigente o si estamos ante una flexibilización de la regulación ambiental.