[Diario Sostenible] Ley de Reconstrucción Nacional: ¿Cómo la megarreforma puede impactar a ciudades del sur de Chile?

Conversamos con la socióloga, doctora en geografía y magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, una de las fundadoras y voceras de Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda Luque. Fuente: Diario Sostenible, 4 de agosto de 2026.

Organizaciones sociales y ambientales del país se mantienen en alerta ante el avance del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional en el Congreso. La iniciativa, también conocida como la “Megarreforma”, ha generado un amplio debate debido a los cambios que propone en la tramitación de permisos ambientales y en los mecanismos de reclamación frente a actividades con potencial impacto ambiental.

Uno de los puntos de tensión de la norma es el denominado seguro ambiental o mecanismo de restitución, el cual permitiría que empresas privadas soliciten compensaciones económicas al Estado si un tribunal revoca una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Organizaciones como ONG FIMA han criticado esta medida, señalando que con ello se contradice el deber de Estado de desincentivar actividades empresariales que vulneren la legalidad ambiental y a su vez, crearían incentivos que benefician a quienes presenten proyectos deficientes.

En conversación con Diario Sostenible, la socióloga ambiental y una de las fundadoras del histórico movimiento valdiviano Acción por los Cisnes, organización nacida tras el desastre ecológico de 2004 en el Santuario del Río Cruces, Claudia Sepúlveda Luque, reflexiona sobre el alcance de esta reforma, recordando la historia local.

“Esta propuesta establece que, si una empresa cuenta con un permiso ambiental y este es posteriormente anulado por los tribunales, por ejemplo, por incumplir la resolución que lo autorizó, por presentar información falsa o generar un daño grave, el Estado deberá compensarla. Eso resulta inconcebible, porque si una empresa llega a ese extremo y, tras obtener su autorización ambiental provoca un desastre, como ocurrió en el caso de Celulosa Arauco en Valdivia, igualmente podría ser indemnizada. En la práctica, ese costo terminaría recayendo en la ciudadanía”, explica Sepúlveda.

En este sentido, la también docente e investigadora, con una extensa trayectoria en temas socioambientales, hace un paréntesis recordando la transformación de la institucionalidad tras el recordado caso en Valdivia, que el 2004 marcó un hito en la historia ambiental de Chile .

“El alcance y la profundidad de la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010, fue en gran parte gracias a que el movimiento ciudadano de Valdivia demostró que las instituciones ambientales habían fracasado. Es más, debido a una evaluación ambiental incompleta y a la falta de fiscalización de la resolución ambiental, las propias instituciones ambientales terminaron fabricando el desastre, en vez de prevenirlo. Por eso, el país entero comprendió que teníamos que mejorar nuestras leyes e instituciones ambientales. Todos los sectores estuvieron de acuerdo, incluyendo las empresas”, enfatiza Sepúlveda, quien explica que una de las mejoras derivadas del trabajo de Acción por los Cisnes fue que la ley estableciera la posibilidad de revocar una resolución ambiental ante  incumplimientos graves, lo que antes no existía.

Menos mecanismos de control y reducción de plazos

El proyecto de ley, que aún está en discusión, también contempla modificaciones procesales, eliminando la invalidación administrativa y reduciendo a 30 días el plazo para realizar una reclamación una vez aprobado o rechazado el proyecto en cuestión. Asimismo, limita este derecho únicamente a quienes se hayan sumando previamente en los procesos formales de participación ciudadana.

Sobre esta simplificación de los procedimientos y el impacto directo en los instrumentos preventivos, la vocera de Acción por los Cisnes comenta los riesgos asociados al acortamiento de las evaluaciones ambientales sectoriales y las restricciones de participación.

“La principal amenaza es que la simplificación de las evaluaciones ambientales sea excesiva e impida que realmente este instrumento, que busca prevenir impactos, cumpla con su objetivo. Corremos el riesgo de decisiones de peor calidad científica y además con muy baja legitimidad social, que es una combinación explosiva capaz de generar no solo desastres, sino mucha conflictividad socioambiental. Esta es una precarización de la gestión socioambiental en Chile”,  afirma la socióloga, quien también dirigió el documental “Ciudad de Papel” y escribió su guión.

Junto con ello, Sepúlveda advierte que en territorios como Valdivia, reconocida como “Ciudad Humedal”, la agilización de permisos puede ser contraproducente.

“Lo más importante que debemos tener en cuenta respecto de los humedales es que son ecosistemas muy frágiles. Además, los estudios de impacto ambiental se basan en la predicción de impactos y, en ecosistemas tan complejos como estos, es muy difícil anticipar todos los efectos de un proyecto contaminante. Por eso, cuando se establece una restricción como la que propone esta ley, no se otorga el tiempo suficiente para que, especialmente, los expertos locales puedan formular observaciones. En consecuencia, esta herramienta no logra cumplir plenamente la función para la que fue creada”, explica Claudia Sepúlveda Luque.

“Estamos frente a una contra reforma, que representa un grave retroceso para el país”, concluye.

Asimismo, entes como Greenpeace han alertado que la norma abriría vías para la expansión de industrias como la salmonicultura hacia áreas protegidas sin solucionar incumplimientos previos y  con menores exigencias de evaluación. La organización ambiental además advierte que el proceso de discusión no contó con el tiempo necesario para un análisis técnico y jurídico debido a indicaciones ingresadas a última hora.

Tras su revisión en la Comisión Mixta, la votación en el Senado fue suspendida y se retoma la tramitación este martes 4 de agosto, mientras que parlamentarios de oposición han presentado requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) vinculados a la RCA y materias de invariabilidad tributaria.