Los desafíos forestales de Bachelet
Por Francisco Pinto, economista de Fundación Terram, encargado del programa de Recursos Naturales, publicada en el diario El Gong, 11 de abril de 2006.
El gobierno entrante hereda la quizás mayor deuda de sus antecesores y particularmente de la administración Lagos: el incumplimiento de los “compromisos medioambientales”. En esta materia, la presidenta Bachelet se comprometió, durante su campaña, a generar cambios: reestructuración de la institucionalidad ambiental, creación de cuentas ambientales y la participación ciudadana, entre otros puntos.
En el caso particular del sector forestal existen enormes desafíos. Cabe recordar que a fines del año pasado parecía que culminaba uno de los proyectos legislativos más extensos de nuestra historia. Luego de 13 años de discusión, la Ley de Bosque Nativo estaba a un paso de ser aprobada, aunque no exenta de polémica. Una insólita alianza entre la Concertación y la UDI otorgaban los votos necesarios para aprobar el proyecto que, entre otras cosas, permitía la sustitución de Bosque Nativo por plantaciones agrícolas y la comercialización de maderas declaradas monumentos naturales.
La entonces candidata Michelle Bachelet señalaba que “frente al insuficiente marco jurídico de protección de nuestra naturaleza y ecosistemas relevantes, éste ha culminado en un proyecto que mezcla los objetivos sectoriales de manejo sustentable del recurso forestal nativo, con los de conservación de la biodiversidad, que es un tema inminentemente sistémico y territorial, por lo que estamos concientes en el Comando que dicho proyecto no cuenta con el piso político necesario y no será aprobado por el parlamento en el actual Gobierno”. Esta postura abrió una nueva esperanza por encontrar una solución sustentable para el manejo y conservación del Bosque Nativo, puesto que incorporaba los argumentos esgrimidos por la comunidad científica y la ciudadanía.
Por otra parte, y frente a los desafíos mencionados anteriormente, se hace urgente modificar la institucionalidad. Los acontecimientos vividos durante los últimos años han terminado comprobando la tesis formulada hace ya largo tiempo por Fundación Terram: no es posible que la misma institución que otorga los planes de manejo sea a la vez la responsable por la conservación de los recursos forestales pues genera inevitablemente “incentivos perversos”.
El denominado “caso alerce” representó de forma lamentable el fracaso de nuestra incoherente institucionalidad en esta materia. El fallo emitido el año pasado por el ministro Hernán Crisosto confirmó la existencia de una red ilícita para la explotación y comercialización de alerce, junto con señalar que esto se sustentaría en graves falencias y errores de fiscalización de la CONAF.
La inexistencia de una Ley que proteja el bosque nativo y el débil escenario institucional juegan en contra del sector forestal, uno de los más relevantes para nuestra economía basada en la explotación y comercialización de recursos naturales. Las cifras macro hablan de un sector exitoso: actualmente representa cerca del 3,4% del Producto Interno Bruto, posee una alta inserción en los mercados internacionales generando importantes ingresos para el país [sólo en 2005 se exportaron US$ 3.495 millones, cifra 2,8% superior a la de 2004] y ha creado numerosos puestos de trabajo [aprox. 130.000 entre directos e indirectos].
No obstante, este éxito sólo ha sido evaluado por los anteriores gobiernos concertacionistas bajo el prisma de la modernización. Las políticas adoptadas han ido en la vía exclusiva del libre mercado orientado a la búsqueda de mayor eficiencia, productividad y competencia, careciendo de pautas sociales y culturales que den contenido a las instituciones y que aseguren un desarrollo sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental.
Ya en los primeros días de su mandato, la actual presidenta Bachelet ha manifestado su intención de buscar mecanismos que destraben la Ley de Bosque Nativo en el Congreso. Sin embargo, creemos que los desafíos van mucho más allá y que se necesita de una política forestal coherente y moderna, que contenga el espíritu del uso sustentable de los recursos naturales. De esta manera nuestras generaciones futuras podrán también disfrutar y beneficiarse de nuestras riquezas naturales.