Medio Ambiente
Carta al director de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 22 de octubre de 2009.
La Ministra de Medio Ambiente destaca el “acuerdo político transversal” en la Comisión de Medioambiente del Senado para agilizar la tramitación del proyecto que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, de modo que pueda aprobarse antes de que finalice el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Desde Terram, una de las organizaciones ciudadanas impulsora, promotora y seguidora de todo el proceso de Reforma a la actual Institucionalidad Ambiental, consideramos importante que existan acuerdos entre todos los sectores/actores en temas tan transcendentales para el país como éste. Sin embrago, este no es el caso. Es cierto que Chile requiere cuanto antes contar con un sistema institucional que le permita enfrentar los problemas ambientales actuales y los desafíos futuros. Sin embargo, éste no puede ser sinónimo de que las discusiones pendientes y los temas aún no resueltos no sean abordados en profundidad. Temas como la participación ciudadana, las negociaciones incompatibles durante el proceso de evaluación, la conceptualización y los principios en que se fundamenta la Ley 19.300, el servicio de parques, entre otros, deben ser abordados con la detención y profundidad necesarias.
Desde nuestra perspectiva, el nuevo sistema institucional ambiental chileno requiere de: un Ministerio del Medioambiente y un Servicio de Evaluación Ambiental, de manera de separar la dictación de políticas, regulaciones y normas de evaluación ambiental de los proyectos de inversión; una Superintendencia con vistas a fortalecer la fiscalización, y un Servicio de Áreas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad que se haga cargo del marco legal e institucional para la creación de nuevas áreas protegidas –publicas-privadas, acuáticas y terrestres- y de la dictación de las políticas y regulaciones para la conservación de la diversidad biológica.
Según la Ministra del ramo detrás de la reforma hay una demanda de carácter ética que no puede ser desoída por ningún sector político. Llama la atención entonces que cediendo a las presiones del sector empresarial representado en la Comisión por los senadores de la Alianza, el Gobierno haya terminado comprometiéndose a ingresar un proyecto de Ley que crea los tribunales ambientales, y que la creación del Servicio de Áreas protegidas y Conservación de la Biodiversidad, parte del programa de Gobierno de la presidenta Bachelet, compromiso explicito del Acuerdo de Chagual, considerada en la propuesta original del Ejecutivo, haya sido finalmente relegada a una solución transitoria dejando una vez más nuestro patrimonio natural a la deriva. Esta es la oportunidad de pensar país y no Gobierno, y de que el proyecto que finalmente se aprueba responda a las necesidades ambientales presentes y futuras de Chile.