Minera Dominga defendió pagos por $255 millones a Lagos, Vargas y Silber con informes que solo reproducen datos de expedientes públicos
Andes Iron, la empresa dueña de Dominga, negó cualquier irregularidad en los pagos que realizó en 2023 al estudio de Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber (imputados en la investigación de la fiscalía que indaga el pago de coimas a ministros de la Corte Suprema). Desde la empresa enviaron a Reportea copia de nueve informes que, según su versión, prueban los servicios que prestaron los abogados. El problema es que el contenido de esos informes está copiado de información pública disponible en internet. El abogado que representó a la minera en los tribunales, Patricio Leyton, aseguró que nunca supo que Lagos, Vargas y Silber prestaran servicios para Dominga, porque “no tuvieron rol alguno en las acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”. Fuente: Reportea, 26 de diciembre de 2025.
Fue en medio del escándalo político y judicial provocado por las sucesivas evidencias de que los fallos favorables al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, cuya victoria judicial sobre Codelco tiene a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas cumpliendo prisión preventiva acusados de pagar coimas a ministros de la Corte Suprema, que Reportea reveló nuevos antecedentes sobre el rol de los mismos abogados en otra polémica trama judicial.
Entre marzo y diciembre de 2023, la empresa Andes Iron, controladora del millonario proyecto minero Dominga, le hizo pagos por $255,5 millones al estudio jurídico en el que también participaba el exdiputado Gabriel Silber.
La revelación y la información entregada por Reportea motivaron la respuesta inmediata de Andes Iron, propiedad hoy de las familias de empresarios chilenos Délano y Garcés. Fue una respuesta categórica: los pagos por $255,5 millones no tuvieron como contraparte “labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas, o actuaciones de cualquier otra naturaleza distintas a las expresamente pactadas”, señalaron en un comunicado.
Y fueron también categóricos en Andes Iron en descartar cualquier tipo de irregularidad en la relación con la firma de asesorías legales de los tres abogados. Los servicios prestados habían quedado formalizados en un contrato fechado el 14 de marzo de 2023.
Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby que asesora a Andes Iron, envió a Reportea copia de ese acuerdo (ver aquí). Allí se establecen cinco objetivos: elaboración de informes respecto de la sentencia del Comité de Ministros que en enero de 2023 había rechazado el proyecto; propuestas para presentar apelación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta; levantamiento de jurisprudencia; propuestas de estrategia jurídica ante distintos escenarios; y contenidos para la defensa legal del proyecto. Azerta también envió copia de nueve informes que justificarían los pagos.
Reportea revisó cada uno de los informes enviados y se encontró con una sorpresa. Esos informes solo reproducen información pública disponible en internet de dos litigios que enfrentó el proyecto minero Dominga durante 2023. Ninguno de los objetivos estipulados en el contrato se cumple con la información recopilada en esos documentos que, se supone, prueban los servicios prestados.
El primer informe, fechado el 28 de abril de 2023, tiene 14 páginas, y se trata de un resumen de lo ocurrido desde 2021, cuando organizaciones ambientalistas presentaron reclamaciones ante el Comité de Ministros por la aprobación que se había entregado al proyecto (vea aquí ese informe).
Toda la información incluida en ese informe es pública y siempre ha estado disponible en internet, ya que forma parte del expediente de evaluación ambiental de Dominga (que puede revisar en este link). Incluso, el informe ocupa varias páginas en resumir las presentaciones realizadas por la misma empresa Andes Iron en el proceso. El documento, que lleva la firma de los abogados Lagos, Vargas y Silber, no entrega recomendaciones de ningún tipo.
Los informes sí dan cuenta de que una labor fundamental en la asesoría de los abogados Lagos, Vargas y Silber a Andes Iron estuvo relacionada con el monitoreo de las causas judiciales que le preocupaban a la empresa. De hecho, el último párrafo de cada documento siempre subraya la misma idea: “Todas las novedades que puedan eventualmente suscitarse al interior de la causa en análisis, serán debida y oportunamente informadas por nuestro equipo”, dice, por ejemplo, el informe fechado el 8 de junio de 2023.
Los informes eran mensuales y la mayoría se elaboraba copiando y pegando la información incluida en los documentos anteriores. La única diferencia era que se le agregaban actualizaciones con lo que iba apareciendo en los portales públicos del Poder Judicial o del Servicio de Evaluación Ambiental.
Por ejemplo, los informes del 23 de agosto y del 22 de septiembre de 2023 son prácticamente idénticos, la única diferencia es una página y media que se sumó al de septiembre con las novedades que entonces aparecían en el portal público donde se puede consultar el expediente de la evaluación ambiental de Dominga (revise aquí el informe de agosto y aquí el de septiembre).
Según las cartolas bancarias del estudio Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada, en agosto Andes Iron les transfirió $22,5 millones y en septiembre otros $22,6 millones.
Le consultamos a José Antonio Edwards —exdirector de programación y producción en TVN, que desde julio pasado ejerce como subgerente de comunicaciones y asuntos externos de Andes Iron— sí existían otros documentos asociados al contrato que justificaran el pago por $255,5 millones, y si los abogados habían realizado otras labores además de resumir la información pública disponible en internet. Edwards respondió que ya se habían referido a ese punto:
“En nuestra declaración anterior ya nos referimos extensamente a la naturaleza del contrato con esa oficina, y a cuáles fueron los servicios contratados, los cuales son muy claros y no incluyen ningún tipo de labor de relacionamiento o lobby. Los señalados informes formaron parte del servicio que se prestó y adicionalmente adjuntamos toda la información”, señaló.
En las respuestas de Andes Iron no hay ninguna mención a otro de los hallazgos de la investigación de Reportea. Y es que el contrato suscrito con la firma de Lagos, Vargas y Silber incluyó servicios prestados por el exdiputado Aldo Cornejo (DC), quien luego de abandonar el Congreso se ha dedicado al lobby a favor de distintas empresas privadas. Una de ellas es precisamente el tan mentado consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, cuya victoria judicial sobre Codelco se habría originado en pagos irregulares por parte de los abogados Lagos y Vargas a ministros de la Corte Suprema.
Reportea también constató que otra parte del contrato suscrito por Andes Iron con los abogados se utilizó para hacerle pagos a Qualiz, la consultora de comunicaciones y lobby de Carlos Correa, quien, consultado por Reportea, indicó que se le solicitaron servicios de “comunicación corporativa” y “mapeo de stakeholders”.
Hubo otro antecedente que siembra más dudas acerca de la verdadera función que cumplieron en esta tramitación los abogados Lagos, Vargas y Silber. El abogado que representó a Andes Iron en los litigios judiciales que enfrentó entre 2023 y 2024, Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme, aseguró a Reportea que “no tenía antecedente de que esos abogados hubieran sido contratados por Andes Iron pues no tuvieron rol alguno en las acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”.
En el comunicado público difundido por Andes Iron el pasado 16 de diciembre, se aseguró que durante la vigencia del contrato con Lagos, Vargas y Silber, no hubo resoluciones judiciales que beneficiaran al proyecto, señalando que eso recién ocurrió en diciembre de 2024, un año después de que finalizara el contrato con los abogados. Pero eso no es cierto.
Andes Iron omitió un litigio judicial que se resolvió durante la vigencia del contrato, y que fue resuelto por un fallo redactado por el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.
Se trata de un recurso legal presentado por Nancy Duman, representante en Chile de la organización ambientalista Sphenisco, que buscó anular todo el proceso de evaluación ambiental de Dominga. Su argumento fue que el proyecto afectará a terrenos ubicados en dos regiones (Coquimbo y Atacama), por lo que la decisión debía pasar por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, y no por el Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo, como ha sido hasta ahora.
Ese recurso legal partió en el Tribunal Ambiental de Antofagasta (que tiene jurisdicción sobre todo el norte del país), siguió en la Corte de Apelaciones de esa ciudad y se resolvió en la Suprema, cuando en agosto de 2023 la decisión quedó firme y se designó para la redacción del fallo al ministro Matus.
En los informes elaborados por los abogados Lagos, Vargas y Silber queda claro que esa causa era del interés de Andes Iron, ya que prácticamente en todos ellos se fueron agregando las actualizaciones que aparecían en el expediente disponible en la página web del Poder Judicial.
Eduardo Lagos y Mario Vargas integran la lista de inhabilidades del ministro Matus, ya que su esposa, María Cecilia Ramírez, ha trabajado junto a ambos. De hecho, en las cartolas bancarias del estudio figuran transferencias a Ramírez por $18 millones entre 2023 y 2024.
Hasta ahora no está claro si el ministro Matus supo que Lagos y Vargas estaban asesorando a Andes Iron cuando él redactó el fallo que benefició al proyecto minero. Matus no contestó las preguntas que le envió Reportea, pero se autodenunció ante el pleno de la Corte Suprema, la que inició un sumario para aclarar su participación en las causas vinculadas con Dominga.
Los informes de Lagos, Vargas y Silber
El 24 de agosto de 2021 la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo aprobó el proyecto minero-portuario Dominga. Se trata de un proyecto polémico que ha enfrentado la oposición de organizaciones vecinales y medioambientales que acusan que, de ejecutarse, provocará un daño irreparable en la zona del Archipiélago de Humboldt. En la vereda opuesta están quienes apoyan el proyecto argumentando que creará miles de empleos y ayudará a paliar la precaria situación económica de los habitantes de la zona.
Su evaluación ambiental comenzó en 2013 y fue rechazado por primera vez por el Comité de Ministros (instancia compuesta por autoridades políticas) en 2017. Desde entonces hasta la fecha la batalla por su aprobación o rechazo ha sido judicial.
Andes Iron apeló y logró que la comisión de evaluación de Coquimbo lo aprobara en agosto de 2021. Los detractores de la iniciativa volvieron a apelar, y el Comité de Ministros reiteró su rechazo en enero de 2023. Toda la tramitación de esa disputa es pública y se puede revisar en bases de datos disponibles en internet.
Esa es la información que aparece en los informes elaborados por Lagos, Vargas y Silber y que fueron entregados a Andes Iron como justificación de los pagos realizados.
Son dos los procesos que aparecen resumidos en los informes: el primero es la evaluación ambiental y las reclamaciones presentadas por organizaciones ambientalistas ante el Comité de Ministros, y el segundo es el ya mencionado litigio donde la ambientalista Nancy Duman buscó anular la evaluación a Dominga. A continuación el detalle de cada informe:
- Informe del 28 de abril, 14 páginas, sobre reclamaciones ante el Comité de Ministros (ver aquí).
- Informe del 17 de mayo, 8 páginas, sobre litigio judicial con Nancy Duman (ver aquí).
- Informe del 8 de junio, 10 páginas de las que ocho son una copia del informe anterior. Solo se le agregaron párrafos con los argumentos de Nancy Duman, quien presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema (ver aquí).
- Informe del 10 de julio, 28 páginas, donde las primeras 13 son una copia del informe de abril respecto de las reclamaciones ante el Comité de Ministros, a lo que se le agregó una actualización con los argumentos de esa instancia para rechazar Dominga. Luego se copian nueve páginas del informe de junio sobre la acción de nulidad presentada por Nancy Duman, y se le agregan tres líneas indicando que la causa iba a ser revisada por la Tercera Sala de la Corte Suprema (ver aquí).
- Informe del 25 de agosto, 29 páginas. Las primeras 17 páginas son una copia exacta del informe del mes anterior relativo a las reclamaciones ante el Comité de Ministros, y luego se copian otras nueve páginas del informe de julio, en lo relacionado con la acción de Nancy Duman. Solo se agregan dos páginas nuevas indicando que la causa ya estaba en acuerdo en la Suprema, y que el ministro Jean Pierre Matus sería el encargado de redactar el fallo (ver aquí).
- Informe del 22 de septiembre, 30 páginas. Se copian las primeras 16 páginas del informe anterior, y se agregan dos páginas con lo que en esa fecha aparecía en el expediente público del Tribunal Ambiental de Antofagasta relacionado con la apelación de Andes Iron ante la decisión del Comité de Ministros. Luego se copian textuales las 12 páginas del informe anterior sobre el litigio emprendido por Nancy Duman contra Dominga, y solo se le agrega lo siguiente: “Por último, a la fecha de envío de este informe la causa sigue en acuerdo, y sin dictarse sentencia definitiva” (ver aquí).
- Informe del 24 de octubre, 36 páginas. Las 18 primeras son una copia exacta del informe anterior, a lo que se agregan siete páginas con las novedades disponibles en ese momento en el expediente público del Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde se tramitaba la apelación de Andes Iron al rechazo del Comité de Ministros. Las otras 11 páginas son una copia textual del informe anterior en lo relativo a la causa de Nancy Duman (ver aquí).
- Informe del 27 de noviembre, 37 páginas, de las que las primeras 24 están copiadas del informe anterior. Se le agrega una página con la actualización de la causa, según lo que aparecía en el expediente público del Tribunal Ambiental. Las últimas 12 páginas son un copy paste del informe anterior sobre la acción de nulidad presentado por Nancy Duman (ver aquí).
- Informe del 27 de diciembre, 50 páginas. La mitad, las primeras 25 páginas, están calcadas del informe de noviembre, y se le agregan 12 páginas con información copiada y pegada desde el expediente público del Tribunal Ambiental. El resto del informe es otra copia textual de los documentos de meses anteriores en el acápite donde se refieren a la causa de Nancy Duman (ver aquí).
Los pagos de Andes Iron al estudio jurídico de Lagos, Vargas y Silber comenzaron el 30 de marzo de 2023 ($17,7 millones), siguieron el 18 de abril con un monto mayor ($56,9 millones), y luego se regularizaron mes a mes con montos cercanos a los $22 millones cada vez. En total, $255,5 millones.
Lobistas y asesores comunicacionales
Luego de que Reportea reveló los pagos de Andes Iron al bufete de Lagos, Vargas y Silber, la empresa difundió un comunicado público a través de X (ver aquí). Allí, además de descartar irregularidades, indicó que “la empresa recibió un total de diez informes mensuales, enviados por correo electrónico y también presentados de manera presencial por los abogados”.
Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby que asesora a Dominga, solo envió nueve de esos informes a Reportea.
En ese comunicado difundido por Andes Iron, no hicieron ninguna mención a la labor que desempeñó para Dominga el exdiputado Aldo Cornejo (DC). En las cartolas bancarias del estudio jurídico de Lagos y Vargas consta que luego de que recibían pagos de Andes Iron, en varias ocasiones realizaron transferencias a Cornejo. Cuando le preguntamos a este último por sus labores para el proyecto minero, indicó que a él se le solicitaron gestiones relacionadas con asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa, aunque evitó entrar en detalles aduciendo la confidencialidad de la relación con sus clientes.
En una nueva serie de preguntas que le enviamos a Andes Iron el pasado 17 de diciembre para consultar sobre varios de sus asesores, incluyendo a Aldo Cornejo, optaron por no responder sobre él. Eso sí, indicaron que “todas las relaciones de nuestra empresa con proveedores están debidamente formalizadas, respaldadas y obedecen a servicios reales y serios. Nuestros proveedores, asimismo, deben cumplir con las exigencias de nuestro Modelo de Prevención de Delito, de conformidad a las Leyes N° 20.393 y N°21.595”.
Tres fuentes del estudio jurídico de Lagos, Vargas y Silber, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que para la asesoría a Dominga también realizaron pagos al consultor y lobista Carlos Correa, de la agencia Qualiz.
La base de datos del Servicio de Impuestos Internos registra tres facturas de Qualiz al estudio de Lagos, Vargas y Silber por un total de 600 UF (unos $21 millones, según el valor de cambio de la época), entre septiembre y octubre de 2024. Fuentes que conocieron el detalle de ese trabajo indicaron que el servicio se prestó antes de los pagos, pero que el estudio de abogados demoró en cancelar el servicio.
El dueño de Qualiz, Carlos Correa, le dijo a Reportea que los pagos recibidos desde el estudio de Lagos, Vargas y Silber se relacionaron con un encargo puntual:
“Nos pidieron una cotización para la prestación de servicios profesionales de comunicación corporativa a un cliente de dicho estudio. Fue una asesoría acotada en el tiempo y ligada a una crisis. Las facturas corresponden a dichos servicios prestados a precios de mercado (…) Los servicios prestados corresponden a comunicación corporativa: preparación de vocería, desarrollo de estrategias para crisis comunicacionales, mapeo de stakeholders, comunicación digital”, indicó, aunque no quiso profundizar señalando que había firmado un compromiso de confidencialidad.
Desde Andes Iron indicaron que “Carlos Correa y su empresa ‘Asesorías e Inversiones Qualiz SpA’ prestó una asesoría acotada por temas de posicionamiento y comunicacionales, en diciembre del año 2022”, aunque no vincularon esos servicios con el contrato firmado con Lagos, Vargas y Silber.
Otros dos asesores que han coincidido con el estudio de Lagos, Vargas y Silber en el asesoramiento de clientes son el lobista Antonio Saavedra y el periodista Erik López. Al igual que los abogados, ambos también prestaron servicios para el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec.
Antonio Saavedra, quien ha sido asesor legislativo de la Democracia Cristiana en el Congreso, le dijo a Reportea que “yo he asesorado a Andes Iron hace rato, como abogado externo desde antes de la pandemia, en temas relativos al área pesca (…) pero yo nunca me topé con Lagos y Vargas, yo a ellos no los conocía hasta 2023 o 2024, cuando Gabriel Silber me invitó a la oficina de ellos y me los presentó. Mi asesoría no tuvo que ver con ellos”, aseguró.
Desde Andes Iron entregaron una versión distinta, ya que indicaron que Saavedra los asesora desde 2023, y no desde antes de la pandemia: “Es asesor externo de nuestra área de comunidades en la Región de Coquimbo desde 2023 a la fecha, con foco en temas pesqueros”.
La base de datos del Servicio de Impuestos Internos registra pagos de Andes Iron y de Azerta a la empresa Verbum, propiedad del periodista Erik López. Consultado por Reportea, el profesional indicó que “Andes Iron me contactó en 2022 y me solicitó una asesoría para el posicionamiento y gestión de medios de sindicatos de pescadores y mariscadores de La Higuera, labor pública y notoria en estos últimos años. En una primera etapa mis servicios fueron facturados a Andes Iron, pero posteriormente a Azerta, dado que ellos coordinan toda la estrategia comunicacional de la minera”, señaló en una respuesta por escrito.
En Andes Iron aseguraron que López “a través de su empresa Verbum Comunicaciones SpA, en tanto, entre los meses de junio de 2022 y junio de 2023 apoyó comunicacionalmente a sindicatos de pescadores de La Higuera, quienes son parte de los acuerdos públicos que tenemos con distintas entidades de la comunidad y que forman parte de nuestro permiso ambiental. En una segunda etapa, le solicitamos a nuestra agencia de comunicaciones (Azerta) que coordinara la relación con él para los mismos fines antes señalados”.