Minera recibe permiso para prospección en reserva de la biosfera

Pese a que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se opuso a la aprobación de sondajes mineros para la búsqueda de cobre en la Reserva Nacional Las Vicuñas, donde se protege a esta especie que estuvo al borde de la extinción, los restantes organismos que integran la Corema de la Región de Tarapacá visaron favorablemente el proyecto. La Nación 16 de agosto de 2007.

Acompañado de una decena de parlamentarios y Fundación Terram, el senador PPD Guido Girardi exigió ayer al ministro del Interior, Belisario Velasco, que el Gobierno investigue la autorización que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Primera Región, dio a la minera Vilacollo, del grupo de empresas Copec, para que realice una prospección en la Reserva Nacional Las Vicuñas.

El proyecto denominado Exploración Minera Choquelimpie ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), vía declaración, el 10 de abril de 2007 y fue aprobado, pese a la oposición de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el 10 de julio pasado.

El político junto a sus pares amenazó con la creación de una comisión investigadora sobre el tema, además de acusaciones constitucionales contra los funcionarios que autorizaron el proyecto, partiendo por la intendenta DC Antonella Sciaraffia. “La intendenta sabe que esto es ilegal y lo sabe porque el propio director (regional) de la Conaf se lo informó por escrito (…) Hay que preguntarse cuáles son las poderosas razones que hay detrás de esto para aprobar, entre gallos y medianoche, un proyecto que pertenece al grupo Copec, que son muy poderosos, que son los mismos de Celco, que han tenido graves problemas ambientales a lo largo de Chile”, dijo Girardi.

Autorización anterior

Esta no es la primera vez que las autoridades regionales otorgan un permiso de esta naturaleza en la reserva. En 2002, la Corema autorizó la optimización del proceso de extracción de minerales, que Vilacollo realiza desde hace años en la localidad de Choquelimpie.

No obstante, para la Conaf, organismo a cargo de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), la presentación de una simple declaración, no basta para pronunciarse responsablemente sobre el impacto del proyecto.

Al respecto, la empresa recordó en sus informes a la Corema, que las faenas visadas en 2002, fueron aprobadas vía declaración, pese a que son “absolutamente más intrusivas e impactantes que una simple exploración de tres sondajes (para buscar cobre)”.

Para la corporación, el hecho de que la zona sea parte de la Reserva de la Biosfera Lauca, desde 1981; que esté protegida por el convenio para la conservación y manejo de la vicuña; y por la Convención de Washington, son razones suficientes para hacer una investigación más amplia.

“La reserva (…) tiene por función proteger el patrimonio natural exclusivo a nivel mundial, como son las vicuñas. Estos animales salieron del peligro de extinción a que llegaron, gracias a los programas de la Corporación Nacional Forestal y con la suscripción de un convenio internacional con las repúblicas de Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador”, dijo la Conaf en su carta de rechazo al proyecto.

La entidad también sumó como factor el tema del patrimonio cultural indígena, denunciando, por ejemplo, que a la comunidad Marka Janko, debidamente inscrita en la Oficina de Asuntos Indígenas de Arica, se le había prohibido el acceso a sus sitios ancestrales, por parte de la minera.

La ley lo permite

Por su parte, la empresa del grupo Angelini realizó sus descargos durante el proceso de consultas de los organismos públicos, en junio de este año.

Vilacollo argumentó que la Convención de Washington, a la que Chile adscribió en 1967, “no prohíbe expresamente el aprovechamiento de los recursos naturales de las reservas nacionales, como sí lo hace respecto de los parques nacionales y monumentos naturales”.

“En este orden de cosas, se destaca que la creación de la Reserva Nacional Las Vicuñas se efectuó en base a la desafección de terrenos del Parque Nacional Lauca, lo que evidentemente demuestra que las autoridades cambiaron su estatuto de protección por uno menos riguroso. Prueba de ello es que el mismo sector desafectado se declaró conjuntamente como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros”, indicaron.

SENADOR RN ANTONIO HORVATH

“Estamos destruyendo lo poco de biodiversidad que queda en el país”. “En nuestro país se señala con bastante orgullo que tenemos el 19% del territorio bajo el Snaspe, que es una cifra razonable, sin embargo, el 85% de esas áreas están de Puerto Montt al sur, en la provincia de Palena, Región de Aysén y Magallanes. Entonces, se deduce que desde Arica hasta Puerto Montt no tenemos áreas silvestres protegidas por el Estado, son muy pocas, y si estas pocas están siendo intervenidas por proyectos mineros, inmobiliarios, por búsqueda de agua para otros fines.

Realmente nosotros estamos destruyendo lo poco de biodiversidad que queda en el país, por eso que este tema es tan grave. En forma paralela, Codelco, que es una minera estatal y que debiera dar el ejemplo, está destruyendo 100 hectáreas de glaciares en la cabecera del río Aconcagua”.