La Ley de Eficiencia Energética obliga a las grandes empresas -responsables de más del 50% del consumo energético nacional- a implementar sistemas que permitan gestionar y reducir su gasto de energía. Según la SEC, estos mecanismos no solo ayudan a disminuir el impacto ambiental, sino que también optimizan procesos, reducen costos y mejoran la competitividad en un mercado global cada vez más exigente en sostenibilidad.

El plan de fiscalización de la SEC se desarrolla en tres etapas. La primera, enfocada en verificar que las empresas informen sus consumos energéticos en el Balance Nacional de Energía, que, para el año 2025, alcanzó un 92% de cumplimiento. La segunda, destinada a supervisar el cumplimiento de los plazos para implementar los SGE, en donde para aquellos Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía correspondientes al primer período de implementación, se logró sobre un 98% de cumplimiento. Y la tercera etapa busca comprobar que estos sistemas estén operativos y cumplan con el espíritu de la ley, más allá de un mero requisito administrativo.

Compromisos contraídos

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “es relevante señalar que las empresas contrajeron el compromiso de implementar una serie de medidas que aseguren una mejora continua en el uso de la energía, pero al fiscalizar dichas empresas, comprobamos que dichas mejoras no se estaban realizando. Aquí es importante cumplir con los compromisos contraídos pues se trata de un tema que requiere de acciones por parte de las empresas”.

En este sentido, la Superintendenta adelantó que se continuará con las fiscalizaciones en terreno, por parte de la SEC, que son las que permiten verificar si es que las distintas empresas están cumpliendo con las exigencias normativas, reconociendo, eso sí, que el número de cumplimiento es relevante para esta etapa de la implementación de la Ley.