Municipios exigen modificar el trazado del Proyecto Mataquitos para evitar daños al Parque Nacional Nonguén

Asimismo, también reclaman por indemnizaciones “irrisorias” y vulneración del debido proceso. Fuente: Diario Concepción, 2 de diciembre de 2025.

Un nuevo capítulo se abrió en torno al Proyecto Mataquitos, el sistema de transmisión eléctrica Zonal Grupo 3 que busca conectar las subestaciones Itahue y Hualqui.

La iniciativa, impulsada por Mataquito Transmisora de Energía (MATE S.A.), filial del grupo español ELECNOR, enfrenta ahora una ofensiva institucional liderada por la Asociación de Municipalidades Territorio Nonguén.

La agrupación recurrió al Segundo Tribunal Ambiental para solicitar una revisión profunda de la decisión del Comité de Ministros, que otorgó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.

Sin embargo, más allá del trámite jurídico, el eje del conflicto radica en las demandas de los municipios: modificar el trazado, reevaluar los impactos y corregir lo que consideran deficiencias técnicas y participativas que han cargado el costo ambiental y social sobre las comunidades, mientras los beneficios recaen principalmente en una empresa transnacional.

Para los municipios del área involucrada, Concepción, Hualqui y Chiguayante, las fallas del proceso amenazan no sólo a un área protegida única en la región, sino también la estabilidad económica de familias, propietarios y gobiernos locales. A su juicio, la línea proyectada genera cargas desproporcionadas, afecta territorios frágiles y compromete la protección del Parque Nacional Nonguén, un símbolo ambiental cuya declaración tomó más de una década de esfuerzos.

Los representantes municipales exigen que el trazado sea revisado, especialmente en los sectores que cruzan zonas de alto valor ecológico o áreas residenciales, donde consideran que los impactos no fueron evaluados adecuadamente.

La Asociación también ha solicitado una reevaluación completa de la Evaluación de Impacto Ambiental, con el fin de estudiar los efectos reales, acumulativos y sinérgicos del proyecto, que, aseguran, no fueron incorporados en el proceso original.

Indemnizaciones para los expropiados

Un punto es el económico: los montos fijados para indemnizar a propietarios por servidumbres eléctricas. Para el alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, Ricardo Fuentes, los valores ofrecidos son “irrisorios”, especialmente considerando que se trata de servidumbres a perpetuidad.

Señaló que los $450 pesos por metro cuadrado establecidos para los terrenos afectados no tienen relación con la magnitud del daño y la pérdida de uso productivo que puede extenderse por generaciones.

El alcalde cuestionó también la actuación del Comité de Ministros, indicando que los estudios técnicos disponibles mostraban la inconveniencia del trazado aprobado. A su juicio, la decisión fue desconcertante, pues los ministros, según afirma, actuaron sin representar adecuadamente la línea política del Estado en materia de protección ambiental.

Fuentes señaló que los municipios quedaron insatisfechos no solo por el trazado, sino también por la falta de consideración de los informes especializados. Recalcó que esperarían una revisión total del proceso, pues “las autoridades deben resguardar el interés de la ciudadanía y no favorecer a empresas transnacionales”.

Respecto al diálogo con la empresa, el alcalde comentó que MATE S.A. ha ofrecido conversaciones, pero que los municipios sólo están dispuestos a participar si existe una voluntad concreta de modificar el trazado.

Explicó que el proyecto se gestó durante la pandemia, lo que redujo la participación ciudadana, y que durante años no se estableció un contacto significativo con las autoridades locales. Por ello, insistió en que cualquier conversación debe partir de la premisa de evaluar rutas alternativas; de lo contrario, las municipalidades continuarán por la vía judicial.

Desde Chiguayante, la concejala y tesorera de la Asociación del Parque Nacional Nonguén, Mayerlin Suárez, subrayó que el proyecto contradice el Plan de Desastres y Emergencias comunal.

Advirtió que el Cerro Manquimavida, uno de los sectores que atravesaría el trazado, presenta históricos riesgos de remoción en masa, a lo que se suma el peligro de incendios forestales durante el verano. Recordó que la faja de seguridad del tendido eléctrico, que requiere talar un corredor de aproximadamente 30 metros, puede desestabilizar zonas frágiles. A su juicio, esto aumenta la vulnerabilidad de miles de habitantes y contradice la planificación de emergencias vigente.

La concejala también acusó falta de respuesta por parte de la empresa a las observaciones municipales. Indicó que Chiguayante propuso que la línea se trasladara hacia la llamada Línea F, un trazado ya intervenido pero que esta alternativa no fue acogida.

Mirada desde Medio Ambiente

El seremi de Medio Ambiente regional, Pablo Pinto, adoptó una postura diferente. Afirmó que el proyecto fue evaluado según la institucionalidad vigente y que las condiciones establecidas por el Comité de Ministros buscan resguardar especies y ecosistemas que pueden verse afectados.

Precisó que, al tratarse de un proyecto interregional, la evaluación estuvo a cargo de organismos centrales con antecedentes provenientes de todas las regiones involucradas. Pinto insistió en que la RCA incluye obligaciones estrictas para mitigar los impactos, aunque reconoció que, si el Tribunal Ambiental decide adoptar nuevas medidas, se tratará de decisiones de otro poder del Estado.

Punto de vista jurídico

En el plano jurídico, Carlos Pérez, abogado de la Municipalidad de Concepción, sostuvo que el recurso se basa en que la reclamación administrativa de 2024 no fue respondida adecuadamente por el Comité de Ministros. Señaló que la empresa incorporó antecedentes de importancia solo durante la etapa recursiva, después de la RCA desfavorable inicial, lo que, según dijo, vulnera principios de participación ciudadana, transparencia y debido proceso.

Pérez planteó que aquello contraviene incluso obligaciones internacionales del Estado, como el Acuerdo de Escazú. Añadió que la reclamación cuenta con respaldo jurisprudencial y que existen fundamentos sólidos para solicitar que la RCA favorable sea dejada sin efecto.

Una línea similar planteó Vicente Artigas, abogado ambiental de la Municipalidad de Chiguayante, quien destacó que las tres comunas han unido esfuerzos para proteger el Parque Nacional Nonguén y su zona de amortiguación.

Recordó que la Constitución asegura el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y establece el deber del Estado de resguardar la naturaleza, principios que motivan la acción de los municipios.

Explicó que la reclamación presenta siete argumentos principales y que entre ellos se incluyó una solicitud de orden de no innovar, con el fin de asegurar que no se ejecuten obras mientras el tribunal decide. Aclaró que actualmente no existen trabajos en curso, pero que consideran necesario formalizar dicha medida.