Nicaragua legaliza la explotación de recursos en áreas naturales y dejará de consultar a pueblos indígenas
Una nueva ley y un decreto presidencial ponen en riesgo a las áreas naturales de Nicaragua, ya que ahora se permitirá la explotación de recursos con fines económicos sin consulta. Las comunidades indígenas y afrodescendientes ven en riesgo no solo su forma de organización, sino su autonomía y los territorios donde habitan. La expansión agrícola, ganadera y la minería son las principales actividades asociadas al deterioro ambiental en Nicaragua. Defensores del territorio advierten sobre daños irreversibles a los ecosistemas y presuntas violaciones a los derechos humanos. Fuente: Mongabay, 20 de mayo de 2025.
El poder político de Nicaragua comenzó un nuevo andamiaje que cambia las leyes de protección para las áreas naturales del país, las cuales dejarán de ser sitios de preservación para ser zonas de “aprovechamiento”. Este cambio permite la exploración y explotación de los recursos naturales con fines económicos dentro de las zonas antes protegidas y desplaza la consulta pública libre e informada a las comunidades indígenas, que enfrentan desde hace años fenómenos de invasión en sus territorios con fines extractivos.
La iniciativa de la copresidencia de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana argumentó que es necesario aprobar una ley que permita “el manejo sostenible de las áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible” en el país.
El proyecto de ley de la pareja presidencial —que acumula más de 18 años en el poder— llegó a la Asamblea Nacional de Nicaragua el último 23 de abril. Una semana más tarde, la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible fue aprobada sin cambio alguno y de forma unánime.
Esta reforma vino acompañada, una semana después, de un decreto presidencial que modificó un mandato anterior y eliminó la consulta pública en el Sistema de Evaluación Ambiental de permisos y autorizaciones para el uso de los recursos naturales.
Biólogos, defensores de derechos humanos y del territorio consultados por Mongabay Latam explican los impactos de estos cambios legislativos en las áreas naturales de Nicaragua, así como en comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, advierten, vendrán más reformas.
Leer más | Nicaragua: violencia desplaza a comunidades indígenas y las deja sin tierras en Bosawás
Minería, petróleo y cacería
Uno de los aspectos clave en la nueva ley es permitir dentro de las 76 áreas naturales el “aprovechamiento racional” de los recursos mineros, geotérmicos, geológicos, así como del sector hidrocarburos mediante “buenas prácticas ambientales”.
Incluso, avala actividades de cacería de fauna silvestre y pesca “con fines de subsistencia”, así como la instalación de infraestructura para el almacenamiento de hidrocarburos.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, organización ambientalista del sur de Nicaragua, señala que esta tolerancia cambia la lógica de las áreas naturales y las coloca en mayor riesgo de degradación ambiental.
“Vamos a ver un aumento acelerado de la destrucción porque el régimen define ese territorio para el aprovechamiento económico y ahí vienen concesiones mineras, forestales y actividades que van a poner en riesgo los últimos reductos de bosque del país”, advierte el también biólogo.
Ruiz insiste en el impacto que puede tener esta medida en el país, que ha perdido drásticamente su cobertura forestal en las últimas décadas.
En 1969, Nicaragua contaba con 76 % de su territorio con algún tipo de bosque. Para el año 2000 esa cobertura cayó al 42 % y en 2020 se registró apenas un 25 %, de acuerdo con una investigación realizada por el Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción junto con la organización Hagamos Democracia.
“Si bien es cierto que ya teníamos niveles de deforestación altos, que van entre 150 000 a 170 000 hectáreas anuales, las áreas protegidas son las que más han sufrido”, detalla Ruiz a Mongabay Latam. La pérdida de bosques en el país es principalmente producto del cambio de uso del suelo para la agricultura y la ganadería.
Un defensor miskitu que decide omitir su nombre por motivos de seguridad comenta que uno de los aspectos que más preocupa de la nueva ley es la incertidumbre alrededor del término “uso racional” de los recursos naturales, especialmente en áreas como la Reserva de la Biosfera de Bosawás, que abarca una de las regiones de selva tropical más grandes de Latinoamérica.
“Imagínense que ahí den concesiones mineras utilizando ese término de uso racional o uso sostenible”, señala el defensor, quien agrega que explotar económicamente esta área sería “devastador frente a lo que ya existe, con la frontera agrícola, con la invasión de colonos que están talando ilegalmente y con la minería ilegal que existe en esas reservas”.
Gobierno definirá las fronteras de áreas naturales
Otro de los aspectos de la nueva legislación que preocupa a defensores y ambientalistas es el Capítulo X que da el control al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) para definir los límites en el mapa nacional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible (SINACADS).
Este mapeo deberá validarse cada cinco años ante el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, según la nueva legislación.
El presidente de Fundación del Río advierte que esta facultad de actualizar y cambiar los límites y las superficies de las áreas naturales del país es un riesgo para los ecosistemas, pues en cualquier momento se puede priorizar la extracción de recursos que la conservación.
“Es parte de la reconfiguración que están haciendo de cara a permitir las actividades económicas”, explica Ruiz. “Generar rédito a través de los recursos que están dentro de áreas protegidas. Saben que hay un territorio prístino. Necesitan convertirlo en recursos frescos y económicos para mantener el régimen”, agrega.
Aunque la ley indica que habrá un “manejo conjunto” en las áreas naturales de las regiones de Costa Caribe, los Ríos Bocay, Coco e Indio Maíz, que se encuentran sobre las tierras comunales indígenas, los defensores alertan que incluso con las leyes anteriores, la autonomía de los pueblos originarios sobre sus territorios ha ido desapareciendo.
“La ley habla de manejo conjunto, pero solo para la gestión, no para la decisión o para la aprobación del plan. La decisión, dice la ley, la va a tomar el Marena (el Ministerio), que se va a convertir en juez y parte”, señala Ruiz sobre la redacción de la ley.
También destaca que la ley sólo establece sanciones administrativas en casos graves o muy graves, pero no menciona sanciones penales u otro tipo de consecuencia por cometer delitos ambientales dentro de áreas naturales.
Por otro lado, el defensor miskitu cuenta la experiencia en una de sus tierras ancestrales, la cual está sitiada por presuntos colonos que han ido expandiendo terrenos para convertirlos en potreros para la crianza de ganado.
“Puedo decir que soy el único indígena ahorita actualmente en esa área. Estas personas llegan y se posicionan, algunos de forma ilegal o con tratos a espaldas de la comunidad y agarran grandes cantidades de manzanas” o porciones de terreno, afirma.
Aprobación exprés
La Asamblea Nacional de Nicaragua discutió y votó la nueva ley en el pleno de forma exprés, pues los legisladores avalaron la iniciativa y sus 13 capítulos en menos de dos horas.
Benita del Carmen Arbizú Medina, presidenta de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se limitó a leer la exposición de motivos y solicitar el respaldo a la iniciativa presidencial, días después de que el presidente Ortega la envió.
Mongabay Latam buscó a la legisladora y a representantes de la Asamblea para solicitar su postura e información sobre los posibles impactos socioambientales de la nueva ley. Sin embargo no hubo ninguna respuesta, hasta el cierre de esta publicación. Este medio también intentó comunicarse con el Ejecutivo de Nicaragua a través de sus canales oficiales pero nunca obtuvo respuesta.
Pueblos indígenas, sin consulta y en el limbo
Los defensores del territorio consultados coinciden en que desde que se reformó la Constitución de Nicaragua —la misma que permitió alargar el mandato de Ortega— el Gobierno institucionalizó prácticas que ya se venían ejerciendo contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
Un ejemplo, señala el defensor miskitu, ocurre con el derecho a la autonomía de los territorios indígenas, reconocida en la Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas, pero que se termina al momento de intentar ejercerla. El Estado, sostiene, controla los recursos naturales de todo el país.
“Yo tengo tierra, puedo sembrar, puedo hacer lo que disponga. Pero si yo quiero aprovechar la madera, no puedo mover ningún tablado de madera”, afirma. “Nos dicen que tenemos derecho sobre la tierra, pero solo para usarla, trabajarla, no podemos aprovechar los recursos en sí”, explica el defensor miskitu.
Añade que este tipo de prácticas ocurren también con las concesiones mineras que se están otorgando en territorios indígenas, sin consulta pública previa, libre e informada, pese a estar en varios tratados internacionales.
“El Estado va a una comunidad, invita a personas allegadas del partido, los lleva a un lugar, los hace firmar y levantar la mano. Es una estrategia de manipulación para decir que hubo consulta”, afirma.
Incluso, sostiene que se llegan a otorgar concesiones mineras en territorios indígenas que los propios líderes de las comunidades desconocen.
Un defensor exiliado de Nicaragua que ha dado asistencia legal a pueblos indígenas y quien ha pedido omitir su nombre por temor a represalias, afirma que ha habido una cooptación dentro de los órganos y gobiernos regionales indígenas.
Como ejemplo, menciona la disolución de la organización política Yatama (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la madre tierra unidos”), una agrupación indígena que obtuvo durante varios años su registro como partido político hasta 2023, cuando fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Un caso emblemático fue la desaparición de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena miskitu y diputado regional de la organización Yatama, quien fue detenido el 29 de septiembre de 2023 por agentes de la Policía Nacional. Irrumpieron en su casa, ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, lo golpearon y esposaron, de acuerdo con una alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Dos días después, la diputada suplente y presidenta regional del partido indígena Yatama, Elizabeth Henríquez James, también fue detenida, según reportes de prensa local.
El defensor exiliado detalla que estos antecedentes contra los colectivos indígenas sentaron las bases de violencias actuales que hoy viven los pueblos originarios y afrodescendientes en la región.
“Primero empezaron por el lado del Río Coco, con los miskitu, y ahora se pasaron a la Reserva de la Biósfera de Bosawá, donde está el territorio mayangna y donde hay minas de oro”, expone el defensor, quien sostiene que estas agresiones coinciden con las concesiones a la minería de oro en la zona.
La Fundación del Río informó en 2023 que Nicaragua tenía en ese momento el 23 % del territorio concesionado a empresas mineras.
“Perciben a los indígenas como el obstáculo para apoderarse de todo ese territorio, entonces los están matando. Tenemos guardabosques voluntarios presos y ex líderes indígenas asesinados”, apunta el defensor.
Leyes clave para pueblos indígenas, en la mira
De acuerdo con datos del último censo poblacional de Nicaragua, la mayoría de la población indígena del país vive en las dos regiones autónomas: Región Autónoma de la Costa Caribe y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, las cuales comprenden el 43 % de la superficie del país.
Ruiz advierte que la mayoría de las áreas protegidas y las mejor conservadas están en el Caribe, justo en los límites donde se superponen los territorios indígenas, por lo que advierte que el gobierno de Nicaragua buscará modificar la ley que reconoce y regula sus territorios, para poder explotar los recursos naturales.
“Muchos de esos territorios se superponen porque hablar de áreas protegidas, sobre todo en el Caribe, es hablar de territorios indígenas”, explica el biólogo, quien sostiene que hay un proceso de destrucción ambiental en ambas zonas.
El defensor miskitu explica que las leyes número 28, sobre el estatuto de la autonomía, y la 445, sobre prosperidad comunitaria, son claves para que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan defender su territorio.
“Si eso se reformara, habría un impacto tanto jurídico y social. No me lo quiero imaginar”, concluye el líder miskitu.
Imagen principal: la Reserva de biósfera Bosawás es una de las regiones de selva tropical más grandes de Latinoamérica y hogar de pueblos indígenas y afrodescendientes. Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo
