“Nueva Acuicultura”
Carta al director de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram.;;
Sr. Director:
Confieso que he leído con sorpresa, la carta publicada en diario El Mercurio el 12 de agosto, titulada “Nueva Acuicultura” del Ministro de Economía, Hugo Lavados. En la misiva, sostiene que el gobierno resolvió la problemática de los salmones, lo cual choca con las declaraciones del Sr. Claro, consultor de la banca, quien manifestó que implementarán un sistema paralelo de fiscalización para garantizar las condiciones sanitarias, lo cual significa que las regulaciones actuales y las que se discuten en el parlamento no aseguran la calidad de las aguas.
Recordemos que la Ley General de Pesca y Acuicultura fue promulgada en 1991 y los reglamentos sanitarios que permiten la operación de los salmoneros sólo se publicaron 10 años después, el 2001, período en el cual se transformaron en un sector relevante para la economía, debido a que los gobiernos de la Concertación les entregaron concesiones indefinidas e incentivos para su desarrollo en regiones extremas (Ley 19.853), olvidando aspectos vinculados al medioambiente.
Así, el año 2007 la industria vendió US$ 2.241 millones y reportó utilidades por US$ 500 millones, pero apareció el virus ISA, que provocó una catástrofe sanitaria con dramáticas consecuencias para el empleo y la naturaleza.
El Ministro olvida eso y sólo destaca los cambios en la regulación ambiental, la cual continúa mostrando falencias. Por otro lado, las modificaciones legislativas que tramita el Senado, tampoco consideran transformaciones profundas y es posible que el drama se repita.
Cuesta entender que el Gobierno, que debe resguardar nuestro patrimonio, avale un proyecto de ley que pretende “rescatar” a un sector que compite con otros –pescadores artesanales, empresarios turisticos, etc.-, por la utilización de los mismos recursos. Tampoco es posible que permita que los salmoneros hipotequen el agua que nos pertenece a todos.
Lo más grave es que a pesar del optimismo del Ministro, la banca, que finalmente hipotecará las concesiones, advirtió que no existen garantías suficientes y que es necesario otro sistema de fiscalización para asegurar la sanidad de las aguas, cuestión que parece ignorarse y lo que es más grave aún da cuenta de incapacidad de dos poderes del estado (parlamento y ejecutivo) para regular un sector productivo.