Oficina de Lagos y Vargas recibió más de $250 millones de Dominga el año en que se cocinó el triunfo de la minera en los tribunales

Entre marzo y diciembre de 2023 el estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos recibió pagos mensuales de Andes Iron, la empresa tras el proyecto de minera Dominga. En total, las cartolas bancarias registran transferencias por $255,5 millones. Ni Lagos ni Vargas figuran como abogados litigantes de Dominga en causas judiciales, y fue en 2023 cuando se cocinó la estrategia judicial que tiene a Dominga al borde de su aprobación definitiva. En la Corte Suprema un ministro clave en los fallos relacionados ha sido Jean Pierre Matus, cuya esposa aparece en las cartolas bancarias del bufete de Lagos y Vargas percibiendo $18 millones en la misma época en que se recibieron los pagos de Andes Iron. Quienes también recibieron pagos son los exdiputados Gabriel Silber y Aldo Cornejo, quien le dijo a Reportea que se le encargaron gestiones de “asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa”. Fuente: Reportea, 16 de diciembre de 2025.

En la casilla electrónica del abogado Eduardo Lagos está registrado un email del 5 de diciembre de 2022 que evidencia lo interesado que estaba entonces por la batalla judicial que definiría el futuro de la minera Dominga. “Sobre reclamación de Dominga ante el Tribunal Ambiental”, se lee en el asunto del correo al que Reportea tuvo acceso.

Quien se lo envió fue Isaac Ramírez, uno de los abogados que entonces trabajaba para el estudio de Lagos y Mario Vargas, quienes hoy cumplen prisión preventiva acusados por la fiscalía de pagar coimas a jueces a cambio de fallos judiciales.

“Teniendo a la vista lo conversado y solicitado, informo sobre el particular lo siguiente”, escribió Ramírez como introducción en el correo, en el que se resume el escenario que enfrentaba entonces el proyecto que actualmente es propiedad de las familias de los empresarios Carlos Délano (76%) y José Antonio Garcés (14%) (vea aquí ese correo completo).

Y el escenario era delicado. A pesar de que en agosto de 2021 Dominga había sido aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo —región donde se desarrollaría el proyecto que busca extraer hierro y cobre, con una inversión cercana a los US$3 mil millones—, las organizaciones medioambientales y vecinales que se oponen habían reclamado ante el Comité de Ministros, compuesto por autoridades nombradas por el Presidente Gabriel Boric, quien durante su campaña había comprometido el rechazo del proyecto.

Es por eso que en Andes Iron, la empresa controladora de Dominga, ya preparaban los futuros escenarios. No era un misterio que todo se resolvería en tribunales, el proyecto llevaba años judicializado. Por ello era clave la ayuda de abogados que supieran moverse en los pasillos de las cortes. Y en ese rol Lagos y Vargas calzaban a la perfección.

Hasta ahora pocos sabían que durante todo 2023 el estudio de Lagos y Vargas trabajó para Dominga. Lo que nadie ha querido explicar es qué fue lo que hicieron, porque ninguno de los abogados de su estudio figura como representante de la minera en los distintos litigios que ha enfrentado en los tribunales.

Las cartolas bancarias de Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada —que es una de las sociedades que utilizaba el estudio para facturar por sus servicios, en la que también era socio el exdiputado Gabriel Silber— registran diez transferencias desde Andes Iron entre marzo y diciembre de 2023, por un total de $255,5 millones.

El 4 de diciembre pasado desde Reportea le enviamos un correo electrónico al subgerente de comunicaciones y asuntos externos de Andes Iron, José Antonio Edwards, consultando los motivos de los pagos al estudio de Lagos, Vargas y Silber. Pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuestas.

Desde el estudio de abogados dos de sus integrantes entregaron respuestas disímiles. Ambos accedieron a responder preguntas bajo condición de anonimato. Uno de ellos indicó que se realizaron minutas legales para Dominga, y que durante 2024 los pagos no continuaron porque el servicio no habría cumplido las expectativas, mientras que otro señaló que los pagos se explican por labores de “lobby judicial” que se habrían desarrollado.

Le consultamos por el rol de Lagos y Vargas a uno de los abogados que sí figura como representante de la minera en los procesos judiciales que ha enfrentado, Patricio Leyton del bufete Ferrada Nehme, quien contestó que “no tenía antecedente de que hubieran sido contratados por Andes Iron pues no tuvieron rol alguno en la acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”.

¿Qué hicieron Lagos y Vargas para Dominga?

El primer pago de Andes Iron que aparece registrado en las cartolas bancarias de Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales en el banco Itaú está fechado el 30 de marzo de 2023, y es por $17,7 millones. La segunda cuota fue más abultada: $56,9 millones el 18 de abril de ese año. Luego los pagos mensuales se estabilizan en cifras aproximadas de $22 millones cada vez.

Pagos de Andes Iron a Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada.

Quienes conocen en detalle la relación que existió entre Dominga y el estudio de Lagos y Vargas indican que se habría firmado un contrato durante el primer trimestre de 2023, y que allí estaría estampada la firma de Lagos, Vargas y Silber, como representantes del estudio, y de Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron.

Por cada uno de esos pagos se emitió una factura, tal como consta en las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos. En la glosa de esos documentos se lee “honorarios asesoría jurídica según contrato”.

Según las cartolas bancarias, luego de cada depósito realizado por Andes Iron, los pagos se repartían de inmediato entre los socios del estudio de abogados, incluído el exdiputado Gabriel Silber, quien es el único de los tres que no está cumpliendo prisión preventiva. Silber actualmente busca colaborar con la investigación del Ministerio Público, tal y como reveló Reportea.

Silber no estuvo disponible para responder preguntas sobre su rol para la minera Dominga.

Quien también aparece recibiendo pagos desde el estudio de abogados luego de los depósitos de Andes Iron es el también exdiputado Aldo Cornejo, quien señaló que desde el bufete se le encargaron gestiones para Dominga: “En lo que a mí respecta recibí un encargo profesional de asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa. Usted comprenderá que no puedo ventilar públicamente la relación profesional con un cliente. En todo caso es una relación normal en el ámbito del legítimo ejercicio profesional”, indicó a Reportea.

Los registros bancarios de la cuenta que la sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales mantiene en el banco Itaú reflejan una práctica habitual: cada vez que se depositaba el pago de un cliente, este de inmediato se repartía entre los abogados que habían atendido los requerimientos de ese cliente. Esa práctica es la que permite afirmar que de los $255,5 millones que pagó Andes Iron, al menos $47,7 millones fueron para Cornejo.

Cornejo también trabajó junto a Lagos y Vargas para el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM), empresa que se benefició de una serie de fallos y resoluciones de la Corte Suprema que obligaron a Codelco a pagarle más de $17 mil millones. Según la fiscalía, esos fallos fueron a cambio del pago de sobornos, razón por la que actualmente los abogados cumplen prisión preventiva.

Las victorias judiciales de Dominga

El proyecto de minera Dominga ingresó al sistema de evaluación ambiental en 2013. Luego de cuatro años fue rechazado por primera vez, tanto por los servicios públicos de la Región de Coquimbo como por el entonces Comité de Ministros. A fines de 2017 Andes Iron reclamó por primera vez esa decisión ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta (que tiene jurisdicción para todo el norte del país), y tuvo éxito: se ordenó que se repitiera la evaluación.

Las organizaciones medioambientales y regionales que se oponen a su realización escalaron el conflicto y presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema, y les fue bien. El máximo tribunal anuló la sentencia del tribunal y mandató que este revisara su decisión. En 2021 los jueces ambientales nuevamente revisaron el caso, pero persistieron en su postura: anularon el rechazo del Comité de Ministros e insistieron en que debía volver a evaluarse ambientalmente.

En agosto de 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto, otorgándole la primera victoria a Dominga.

Que el proyecto minero se aprobara durante la segunda administración de Sebastián Piñera fue polémico. Pocos meses después de esa decisión, una investigación de Ciper yLa Bot reveló que la familia del entonces Presidente había vendido su parte en el proyecto en una transacción finiquitada en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, la que incluía una cláusula que condicionaba uno de los pagos a que no se decretara zona de protección ambiental el terreno en el que se construiría el proyecto.

Esa transacción se produjo durante la primera administración de Piñera, lo que levantó acusaciones de conflicto de interés. El Ministerio Público indagó dos veces a Piñera por su relación con Dominga, aunque ninguna de esas indagatorias llegó a puerto. El fiscal que estuvo a cargo de la primera investigación, Manuel Guerra, luego de renunciar al Ministerio Público trabajó con el estudio de Lagos y Vargas en varias causas penales.

De hecho, Eduardo Lagos le reenvió el correo electrónico de diciembre de 2022 donde se analizaba la situación judicial de Dominga: “Estimado Manuel: Espero estés bien, porfavor hablemos de sto en la tarde, cuando nos reunamos con Patricio Vergara. Muchas gracias. Abrazos”, se lee en ese email.

Consultado por Reportea, Manuel Guerra descartó haber prestado servicios para Andes Iron en conjunto con los abogados Lagos y Vargas:

“El señor Lagos me envió resoluciones de tribunal ambiental relativas al proyecto denominado Dominga. Luego en la reunión en que se nombra al abogado Patricio Vergara, con quien hablamos de un asunto completamente distinto, me dijo que existía la posibilidad de que él asesorara a ese proyecto, ante lo cual le señalé que yo no podía intervenir en el mismo toda vez que había llevado una causa en contra del ex Presidente Piñera, una de cuyas aristas se refería a aquel tema. Además, también había dirigido la investigación de Penta que involucraba a socios del proyecto Dominga. Por ende jamás participé en la tramitación de dicho proyecto. Por otra parte, menos recibí dinero de parte del señor Lagos por dicho concepto ya que jamás trabajé en ese tema”, aseguró.

El otro abogado que se menciona en el correo, Patricio Vergara, aseguró que nunca conversó con Lagos sobre una asesoría a Dominga. Según su versión, la reunión aludida fue a propósito de una causa judicial que compartían, que nada tiene que ver con el proyecto minero. Vergara fue el abogado defensor de Gonzalo Migueles, pareja de la exsuprema Ángela Vivanco, durante la formalización del caso conocido como “muñera bielorrusa”, donde se acusa a Migueles y a los abogados Lagos y Vargas por delitos de corrupción, aunque ya renunció a esa defensa.

Cuando se enviaron esos correos electrónicos, diciembre de 2022, Dominga vivía momentos claves. Luego de la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, los opositores al proyecto habían vuelto a reclamar al Comité de Ministros, instancia que estaba a punto de reunirse para decidir nuevamente sobre el asunto. Estaba claro que lo que venía era una nueva batalla judicial.

El Comité de Ministros se reunió el 18 de enero de 2023, cuando rechazaron la iniciativa por segunda vez.

Para entonces en Andes Iron ya sabían qué hacer, y reiteraron la jugada que les había funcionado: reclamaron ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que volvió a darles la razón a fines de 2024 ordenando al Comité de Ministros volver a votar, ahora con instrucciones precisas que dificultaban un nuevo rechazo a Dominga.

Eso ocurrió en enero pasado, cuando el Comité de Ministros rechazó por tercera vez el proyecto.

Pocas semanas después el Tribunal Ambiental volvió a la carga y ordenó una nueva votación, acogiendo un recurso presentado por Andes Iron, el que reclamaba que la instancia del Ejecutivo no se había ceñido a lo ordenado por el tribunal. Fue entonces que el gobierno y las organizaciones opositoras presentaron recursos ante la Suprema y el Tribunal Constitucional (TC) para que se definiera lo que ellos entendían como una disputa de competencias. ¿Quién define finalmente el destino de un proyecto extractivo, el Comité de Ministros o el Tribunal Ambiental?

Pero eso no ocurrió. El TC dijo en junio pasado que esa no era la instancia para resolver el asunto. Mientras que la Suprema evitó pronunciarse sobre el fondo, por lo que en Dominga interpretaron que su proyecto tenía luz verde. Solo queda pendiente un recurso que se tramita en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y que podría escribir un nuevo capítulo en esta historia.

Aunque fue en el tribunal superior, la Corte Suprema, donde ministros con vínculos con el bufete de Lagos y Vargas fallaron a favor de Dominga.

Dominga: los votos de Matus

La Corte Suprema ha revisado, al menos, en cuatro ocasiones recursos relacionados con la minera Dominga. Solo uno de ellos fue contrario al proyecto, y fue el primero, en septiembre de 2019 cuando el redactor del fallo fue Sergio Muñoz.

Entonces se acogieron una serie de recursos de casación que buscaban anular la primera decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que a la vez había anulado el primer rechazo del Comité de Ministros a Dominga. Y lo consiguieron, esa vez la Suprema anuló la decisión del tribunal y ordenó que los jueces volvieran a revisar el asunto.

De ahí en adelante la Suprema siempre ha rechazado los otros recursos que han presentado los opositores al proyecto. En mayo de 2022 le dijo que no a los opositores cuando estos presentaron recursos de casación en contra de una decisión del Tribunal Ambiental que nuevamente había favorecido a Dominga. El voto de minoría fue de Muñoz, mientras que el de mayoría estuvo firmado por Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, quien además fue el redactor del fallo.

En enero de 2024 la Suprema declaró inadmisible otro recurso de casación, que esta vez había sido presentado en una disputa paralela que abrió la ciudadana Nancy Duman, representante en Chile de la organización Sphenisco, opositora al proyecto minero. Ella buscaba por la vía judicial que se declarara nula la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que en 2021 había dado luz verde a Dominga. Entonces el redactor del fallo también fue Matus.

El problema es que el ministro Matus tiene en su lista de inhabilidades a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ya que su esposa, María Cecilia Ramírez, ha trabajado con ellos. Y para la fecha de ese fallo, enero de 2024, en la cuenta corriente de Lagos y Vargas ya figuraban los abultados pagos de Andes Iron.

El ministro Matus enfrentó la polémica, pero por otro vínculo: su cercanía con Marcelo Castillo, abogado que representó a una organización regional que está a favor del proyecto. Ese conflicto estalló a mediados de este año, cuando se informó que Matus sería el redactor del fallo ante los recursos de casación presentados por el gobierno y los opositores a Dominga cuando el Tribunal Ambiental anuló el segundo rechazo del Comité de Ministros al proyecto, en diciembre de 2024.

Matus no se inhabilitó y en septiembre pasado se hizo pública la decisión: los recursos fueron declarados inadmisibles ya que la decisión del tribunal no era una sentencia definitiva, por lo que no correspondía un recurso de casación. Esa vez el fallo también tuvo el voto favorable de Diego Simpertigue, quien actualmente está siendo investigado por la fiscalía, el Congreso y el Poder Judicial por sus vínculos con Lagos y Vargas.

No hay claridad sobre sí Matus supo de las millonarias asesorías prestadas por esos abogados al proyecto Dominga, ni tampoco sobre si su esposa tuvo que ver con ese trabajo.

En las cartolas bancarias del bufete, aparecen pagos por, al menos, $18 millones para María Cecilia Ramírez entre 2023 y 2024.

Reportea envió preguntas por escrito al celular y al correo electrónico del ministro Matus para obtener su versión, pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

En las cartolas bancarias del abogado Mario Vargas aparecen transferencias directas del ministro Matus. La primera está fechada el 31 de julio de 2022 y es por $600.000 junto a la glosa “magana el resto es primera transferencia”; la segunda el 2 de agosto de ese mismo año, por $330.000, con la glosa “Saldo Valle”; y la última el 15 de septiembre, también de 2022, por $30.000. Ese último pago viene acompañado por la glosa “Baco”.