Perfil técnico, rechazo al Royalty y alerta por desregulación: los flancos que enfrenta Francisca Toledo en su llegada a Medio Ambiente
La futura ministra del Medio Ambiente del gobierno de José Antonio Kast asume con una trayectoria en derecho regulatorio y tramitación ambiental, pero también con cuestionamientos por su postura contra el Royalty Minero y las advertencias de organizaciones ecologistas. Fuente: El Desconcierto, 24 de enero de 2026.
Por El Desconcierto
La designación de Francisca Toledo (40) como próxima ministra del Medio Ambiente abrió un debate inmediato en el mundo ambiental y político.
Aunque sus estudios en derecho regulatorio y su trayectoria en la gestión pública es ampliamente reconocida, su postura crítica frente al Royalty Minero y las señales de desregulación ambiental del futuro gobierno de José Antonio Kast (Republicanos) han encendido alertas en organizaciones socioambientales.
Como abogada con experiencia en tramitación ambiental, ha desarrollado su carrera en torno a la evaluación de proyectos, cumplimiento normativo y asesorías estratégicas, con un fuerte vínculo con la administración pública y la gestión de inversiones.
Parte relevante de su historia laboral la desempeñó durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera (RN), donde trabajó como asesora en Educación y Presidencia además de ejercer como jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.
Royalty Minero: ¿en evaluación?
En tanto, en el mundo privado se relacionó con áreas asociadas al sector portuario-marítimo, cuestión que podría tener incidencia en materias ambientales vinculadas al borde costero.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos proviene de su postura frente al Royalty Minero, y es que la nueva secretaria de Estado se ha manifestado públicamente en contra de este instrumento al argumentar eventuales efectos negativos sobre la competitividad y la inversión.
Esta posición contrasta con la visión de organizaciones ambientalistas y sectores políticos que consideran el royalty como una herramienta clave para la redistribución territorial y el financiamiento de políticas públicas ambientales, toda vez que muchos de esos proyectos generan consecuencias irreversibles para la salud de las personas y la naturaleza.
¿Acelerador a la tramitación de proyectos?
A ello se suma la preocupación por la orientación general de la futura administración en materia regulatoria. En conversación con El Desconcierto, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, advirtió que, hasta ahora, Toledo no ha realizado declaraciones públicas, lo que dificulta anticipar su línea de gestión.
“Desde su nombramiento, Francisca Toledo aparentemente no ha hecho declaraciones a la prensa, y por lo tanto es poca más la información que se pueda aportar respecto a cuál será su plan de trabajo y lo que se le ha encomendado el presidente electo”, sostuvo.
Liberona añadió que las principales señales provienen del futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha planteado una agenda orientada a la flexibilización de la regulación ambiental.
“Está claro que su propuesta es flexibilizar la regulación hoy día existente”, afirmó la biológica ecologista, que además recordó tres ejes centrales que se han conocido durante las últimas semanas: la liberalización del suelo, particularmente en zonas costeras; la rápida aprobación de proyectos pendientes en el Comité de Ministros; y la implementación de un algoritmo para acelerar la revisión de iniciativas en evaluación ambiental.
Toledo al Comité de Ministros
“Esto tiene directa relación con el rol que va a jugar la nueva ministra de Medio Ambiente, pues ella preside este comité”, subrayó Liberona, agregando que aún no existe claridad sobre cómo operará este mecanismo automatizado ni cuáles serán sus criterios técnicos.
A su juicio, estas propuestas podrían traducirse en un debilitamiento del estándar ambiental y en una menor capacidad de fiscalización del Estado.
En cuanto al perfil de Toledo, la directora de Terram sostuvo que, más allá de su experiencia administrativa, “queda en evidencia que ella no tiene experiencia en temas ambientales”, aunque reconoció su paso por áreas portuario-marítimas como un eventual vínculo con materias sectoriales.
En ese contexto, enfatizó que el principal desafío de la futura ministra será demostrar que su trayectoria técnica y su conocimiento del aparato estatal pueden ponerse al servicio del fortalecimiento —y no de la flexibilización— de la institucionalidad ambiental.