Pesca: Ley corta pondrá fin a royalty de sector industrial y Gobierno revela su “agenda larga”

En 2033, empresas perderán el derecho a la renovación automática de sus licencias de captura, pero dejarían de pagar el impuesto específico, que en 2018 llegó a US$ 39 millones. Fuente: El Mercurio, 25 de mayo de 2019.

Un aspecto relevante y hasta ahora desconocido tiene asociada la denominada ley corta de pesca, aprobada en general la semana pasada en el Senado —para continuar su tramitación— y que en su aspecto medular busca modificar la cuestionada legislación sectorial de 2013, poniendo fin a la renovación automática de los derechos de captura de la industria. Esto, para que cuando culminen los 20 años que están actualmente gozando, en 2033, se licite el 100% de las licencias. Además de lo anterior, la ley corta también terminará con el impuesto específico o royalty que paga hoy la pesca industrial.

Esta carga está asociada a la tenencia de licencias de captura —equivale al 4,2% del valor de mercado de las toneladas asignadas a la empresas—, pero independiente de si las cuotas de pesca concedidas se pueden o no efectivamente extraer. El año pasado, las compañías más grandes del rubro pagaron cerca de US$ 39 millones, el doble que en 2016. ‘Cuando se produzcan las licitaciones en 2033, el royalty muere’, afirma el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. ‘Su existencia era un modo de compensar al Estado por el derecho a capturar recursos que están sujetos a la soberanía estatal, pero en este caso, la retribución que se hará al fisco es lo que se pague por la subasta y, por lo tanto, no hay pago de royalty’, explica.

El rubro industrial ha cuestionado severamente este royalty que partió en 2013 y que debe pagarlo aunque ceda cuotas al sector artesanal, ya que este último no está obligado a cancelar el impuesto. El subsecretario también adelantó la nueva agenda pesquera del Gobierno. Uno de los cambios es que no se tramitará una ‘ley larga’, pues a la iniciativa corta se le agregaron —en el Parlamento— varios puntos coincidentes. La ley corta, a la cual el Gobierno le pondrá ‘suma urgencia’, incluye hoy la reafirmación del carácter público de los recursos del mar, el combate a la pesca ilegal en aguas internacionales y la regulación de artes de pesca —privilegiando modos selectivos sobre masivos—, entre otras materias que favorecen a la pesca artesanal.

Riquelme indica que ahora habrá una ‘agenda larga’ que incluye el envío de proyectos independientes al Parlamento. Uno de ellos se denomina de ‘sustentabilidad’ y, en síntesis, es la integración de profesionales de las ciencias sociales y económicas a los comités científico- técnicos que determinan las cuotas anuales de captura. Esto para incluir una visión ‘humana’ en las decisiones que adopten, indica la autoridad. Esta iniciativa se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia y en junio se enviaría al Congreso a través de la Cámara de Diputados.

Otro plan en la ‘agenda larga’ es el envío al Parlamento del proyecto ‘registro pesquero artesanal 2.0’, que resultó de una encuesta a 1.500 pescadores y permitirá, entre otros, que los trabajadores puedan traspasar a sus hijos los permisos en casos de invalidez o vejez, por ejemplo. Eduardo Riquelme también aborda las críticas de la industria por la ley de la jibia que comenzará a regir en agosto y que solo permitirá la extracción de este calamar con técnicas artesanales. Asegura que no intervendrán para detener el avance de esa normativa, pese a que hace unos meses el Gobierno decía que era inconstitucional y pensó en vetarla, cuestión que finalmente no sucedió. Pese a ello, afirma que el de la jibia ‘es un mal proyecto’, ya que puede afectar la participación de Chile en la asignación de cuotas internacionales de este calamar, el que, de todos modos, este año ha estado ausente de las costas chilenas y su pesca ha caído fuertemente.

Asimismo, ante los anuncios de cierres de operaciones industriales relacionadas con la jibia, la autoridad admite que ‘lo que nos interesa es que no se produzca una tragedia para miles de personas que trabajan en el ámbito de las plantas de proceso y también embarcados’. Por ello, están activando instancias de capacitación y apoyo al emprendimiento para personas que puedan quedar cesantes.

Consultado por las afirmaciones de los gremios y empresas industriales respecto de que no han sido escuchados en las diversas tramitaciones de leyes, Riquelme descarta que no los atendieran. Agrega que el ministro de Economía, José Ramón Valente, también se involucró en estos temas, pese a que los privados critican su ausencia. ‘El ministro, me consta, ha tenido reuniones con dirigentes de las empresas, por de pronto con el presidente de Sonapesca en mi propia presencia, por lo que puedo dar fe. Lo que se ha producido es una confusión entre escuchar y simplemente hacer caso a pie juntillas a lo que quieran’.