Proyecto clausurado, denuncias pendientes: Comunidad indígena recurre a la Corte de Copiapó por Pascua Lama
La Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera presentó un recurso de protección contra la SMA por no responder denuncias relacionadas con Pascua Lama. Asegura que hay casos que llevan hasta 27 meses sin resolución y pide que la Justicia ordene fiscalizar y responder. Fuente: El Que Hay de Cierto, 30 de julio de 2026.
Una clausura pierde fuerza cuando las denuncias quedan esperando. Esa es la crítica de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, que decidió acudir a la Corte de Apelaciones de Copiapó con un recurso de protección contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la demora en resolver denuncias ligadas a Pascua Lama, proyecto cuya clausura total y definitiva fue decretada en 2018.
La acción fue presentada por la presidenta de la comunidad, Amalia Esperanza Robles Alcayaga, quien sostiene que la SMA no ha respondido dentro de los plazos legales denuncias sobre presuntos incumplimientos de la clausura y nuevas actividades que, según la comunidad, no serían compatibles con el cierre del proyecto de Compañía Minera Nevada SpA.
Uno de los casos corresponde a una denuncia ingresada en abril de 2026. Según el recurso, la ley establece un plazo máximo de 60 días hábiles para responder, pero ese tiempo ya venció sin una resolución sobre los hechos denunciados.
A ello se suma otra denuncia presentada en abril de 2024, que acumula 27 meses sin resolución, pese a que la propia SMA informó en su momento el inicio de una investigación.
La comunidad también afirma que solicitó medidas urgentes para detener obras y suspender autorizaciones ambientales, pero esas peticiones siguen sin respuesta. A su juicio, esto incumple la obligación de la autoridad de responder las solicitudes de los ciudadanos.
Otro de los puntos del recurso es que, aunque Pascua Lama está clausurado, siguen desarrollándose actividades en el sector. Como antecedente, la comunidad menciona el aislamiento de cerca de 40 trabajadores en los campamentos Barriales y Potrerillos durante las recientes nevazones en la alta cordillera de Atacama.
Sobre este punto, el recurso sostiene que “la pasividad de la Superintendencia está transformando la clausura definitiva en una formalidad sin contenido”, argumentando que la falta de respuesta afecta el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
La presentación también recuerda que la Corte Suprema ya había ordenado a la SMA y a Sernageomin mantener una fiscalización activa y coordinada sobre Pascua Lama tras detectar actividades incompatibles con el proceso de cierre. Según la comunidad, ese mandato no se ha cumplido de manera efectiva.
Ahora, la comunidad pide que la Corte de Apelaciones de Copiapó declare ilegal y arbitraria la actuación de la SMA, ordene resolver las denuncias pendientes, responder las medidas solicitadas y realizar una fiscalización coordinada sobre el estado de Pascua Lama y las actividades vinculadas al proyecto “Prospección Minera El Alto”.
El caso abre un nuevo capítulo sobre el cumplimiento de las resoluciones ambientales. Más allá del resultado judicial, la rapidez con que las autoridades responden también influye en la confianza de las comunidades y en la fiscalización de proyectos de alto impacto. Una clausura no solo depende de una resolución escrita; también requiere controles y respuestas oportunas para que tenga efecto en la práctica.
5 datos más importantes:
- La Comunidad Diaguita presentó un recurso de protección contra la SMA.
- Acusa demoras de hasta 27 meses en resolver denuncias sobre Pascua Lama.
- También reclama falta de respuesta a solicitudes de medidas urgentes.
- El recurso sostiene que continúan actividades en una faena clausurada.
- La Corte de Apelaciones de Copiapó deberá revisar la admisibilidad del caso y solicitar informes antes de resolver.