¿Quién define realmente las necesidades energéticas de Chile?

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en blog de diario La Tercera el 18 de marzo de 2011. Vea blog AQUI

 Chile no cuenta con una planificación energética de mediano y largo plazo que se traduzca en política energética de mediano y largo plazo, elaborada realmente desde la administración pública, y el gobierno ni siquiera cuenta con instrumentos legales y/o regulatorios  que le permitan generar esta política o establecer ciertos lineamientos. Muy por el contrario, hasta ahora han sido –y de no mediar profundos cambios, seguirán siendo- las empresas quienes deciden cuánto, cuándo, cómo y dónde generar energía, planteando los proyectos y tecnologías que consideren más convenientes. Lamentablemente para el país, las motivaciones que mueven las decisiones de los privados son, como es evidente, sólo maximizar los beneficios económicos lo más rápido posible, sin importar el bien común o las necesidades del país.

Así, en la práctica, los chilenos estamos en la actualidad presos de las compañías generadoras. Los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, no han tenido la voluntad política ni han manifestado ningún interés por hacer algo para cambiar este escenario. El cuadro general se completa con una débil regulación ambiental y una casi inexistente regulación específica para las tecnologías vinculadas a los distintos tipos de generación –sólo recientemente y después de más de una década se aprobó una débil norma para las emisiones al aire de centrales termoeléctricas- a lo que se suma una prácticamente nula capacidad de fiscalización de parte de los organismos del Estado.

En este contexto, el debate en torno a la matriz energética en el país ha sido poco profundo y con argumentos confusos e información incompleta, empujado por “expertos” que no son otra cosa que consultores ligados al negocio eléctrico, que entregan información sesgada y que en la práctica se convierten más en parte del problema que un aporte a la discusión. Claramente el debate está marcado por una visión desarrollista de corto plazo donde se busca mantener los beneficios que para algunos brinda el sistema imperante,  pero donde los intereses de las personas, el resguardo del bien común y la protección del patrimonio natural que pertenecen a todos los habitantes del país, están ausentes.

El necesario un diálogo sobre este tema en el país, pues ni siquiera existe un adecuado diagnóstico de la situación. Chile no cuenta, por ejemplo, con los datos más esenciales, como una proyección de la demanda efectuada en forma seria y confiable de parte de organismos del Estado especializados en la materia. La proyección que actualmente manejan algunos “especialistas”, y que suelen repetir profusamente los medios de comunicación, se construyen exclusivamente confiando en las estimaciones de las grandes empresas, especialmente del sector minero -en su mayoría firmas extranjeras-, que aspiran a hacer crecer exponencialmente sus explotaciones, y para ello demandan cantidades crecientes de energía. En otras palabras, en términos simples, la proyección  de generación eléctrica que se maneja en el país –refrendada incluso por altos funcionarios de gobierno- está pensada mayoritariamente para alimentar a la gran minería extranjera que pretende mantener y expandir sus negocios en Chile.

De acuerdo a estas proyecciones privadas, adoptadas por el propio gobierno en sus proyecciones oficiales durante años, Chile necesitaría incorporar 500MW cada año a su matriz, lo que significa que en la próxima década requeriría 5.000 MW, y en 20 años 10.000 MW. Por eso, genera dudas que los llamados especialistas aseguren que se necesitan 15.000 MW para los próximos 10 años. Considerando el origen de estos datos, da para pensar que se trata, simplemente, de una proyección elaborada en base a las demandas expresadas  por  el incremento en  negocios privados altamente demandantes de energía, como es la minería y no en las necesidades del país; más que basarse en datos reales, parece más bien la expresión de voluntad de un sector económico determinado.

Ahora bien, si bajo el alero del Estado fuera posible lograr un verdadero debate, que pudiera dar como fruto la elaboración de una política eléctrica de mediano y largo plazo que permitiera ordenar la matriz, incorporando cuestiones tan elementales como planes de eficiencia y ahorro energético, lo más probable es que llegáramos a la conclusión que el país ni siquiera  necesita crecer en 500 MW año. En todo caso existe una contradicción evidente entre lo que expresan hoy día consultores y el actual Ministro de Energía, pues sólo hace pocos meses,  este mismo gobierno a través del Ministerio de Energía informo que, entre proyectos aprobados ambientalmente  y en construcción entre enero de 2007 y julio de 2010 existía un total de 9.800 MW listos para entrar en funcionamiento en el corto y mediano plazo. De acuerdo a las proyecciones de demanda de 500 MW año, esto equivale a satisfacer las necesidades de más de 18 años. Estas cifras no incluían proyectos como  las centrales termoeléctricas Castilla o Pacifico,  ni las megarepresas en la Patagonia de HidroAysén o Rio Cuervo.

Este simple ejercicio de sumas y restas desvirtúa a los “expertos” y a el supuesto “cuello de botella” que aseguran sufrirá el país en lo inmediato, así como sus sentencias grandilocuentes respecto a la alegada urgencia de seguir aprobando proyectos energéticos a gran escala. Claramente, no se trata más que de una campaña publicitaria muy bien pensada, encabezada por HidroAysén, reforzada por un fuerte lobby político orientado exclusivamente a lograr la aprobación de su megaproyecto. Lamentablemente, tal parece que han logrado permear a “expertos “ y /o lideres de opinión  pública con una sensación de estrechez energética y de urgencia para la aprobación de proyectos. Es indispensable poner sobre el tapete datos reales y no alarmistas, de manera que el país esté en condiciones de tomar decisiones informadas, y no empujadas por un temor irracional y ficticio.

Es evidente que la catástrofe de Japón, cuestionará seriamente el desarrollo de la industria nucleoeléctrica en el mundo, pero eso no significa que Chile tenga que caer en la desesperación de aprobar proyectos como  HydroAysén o  numerosas centrales térmicas. Aún estamos a tiempo de cambiar, de planificar, de regular y por sobre todo de hacerlo en función de Chile, sus habitantes y su patrimonio.