“El objetivo central de esta visita tuvo que ver con uno de los programas centrales del ministerio, que es el aire limpio, de manera de poder dar a conocer que el problema de contaminación no es sólo de Santiago. En ese sentido, decidimos enfrentar el problema que se ha venido arrastrando desde hace muchos años, dándolo a conocer en toda su gravedad”, señala el Subsecretario de Medioambiente, Ricardo Irarrázabal, quien estuvo recientemente de visita en nuestra región y con el cual pudimos conversar respecto de este y otros asuntos de relevancia para Aysén.

-Se declaró zona saturada a Coyhaique por material particulado fino, esto es, producto principalmente de la combustión de leña húmeda. ¿Existe algún sistema predictivo respecto de poder prever el impacto que puede generar el creciente parque automotriz? 

-“Para nosotros como ministerio el tema del material particulado fino es prioridad. Futuras obligaciones respecto de este plan de descontaminación deberán adoptarse sabiendo qué es lo que produce la contaminación por material particulado grueso”.

-Fue entregado el calefactor 1.000 de un total de 3.000. ¿Se alcanza a entregar los 2 mil calefactores restantes dentro del año que queda de gestión?

-“Lo que pasa es que el calefactor número 1.000 correspondió al programa para Coyhaique, quedan 874. En paralelo a eso hay 1.200 calefactores que se van a recambiar en distintas localidades de la región”.

-Respecto de otro tema, ¿qué opinión le merece el aplazamiento del Comité de Ministros sobre la Resolución de Calificación Ambiental de HidroAysén?

-“La cantidad de observaciones y la complejidad de las mismas obliga a que las cosas no se hagan a la rápida. Uno de los nuevos órganos que se crearon con la nueva institucionalidad son los Tribunales Ambientales”…

-Los que, entre paréntesis, señalaron que no revisarían los casos de HidroAysén y Punta Alcalde…

-“Ojo, yo creo que fue mal interpretada esa declaración, porque ellos están obligados a conocer cualquier tipo de reclamación que resuelva el Comité de Ministros. Seguramente hicieron esa declaración en relación a la RCA que se saco acá en la región, en las cuales ellos no son competentes, pero sí lo son para conocer las reclamaciones del Comité de Ministros. En ese sentido va a haber un control jurisdiccional de su labor por parte del Tribunal Ambiental, que es un órgano independiente que revisa las decisiones administrativas y eso para la comunidad es una garantía”.

-¿Las observaciones ingresadas por la ciudadanía respecto de este proyecto hidroeléctrico tienen peso de denuncia para esta instancia? 

-“La competencia del Comité de Ministros lo dan las reclamaciones, ellos no pueden ir más allá de los solicitado en las reclamaciones y se será el ámbito de acción del Tribunal Ambiental respecto de alguna posible reclamación que se pueda hacer”.

-¿A su juicio, el tema de decidir sobre este proyecto en un año electoral es una “papa caliente” para el gobierno? 

-“Es un procedimiento reglado, sin perjuicio de que es un año electoral son temas administrativos que tienen que cumplirse de acuerdo a los plazos que tienen estipulados”.

-Finalmente, ¿cómo evalúa el cambio de institucionalidad ambiental en cuanto la tecnificación de los procesos de evaluación? ¿Se ha cumplido el objetivo respecto de no aplicar criterios políticos a la hora de tomar decisiones, considerando que la última palabra la tiene un Comité de Ministros? 

-“La situación existente da ciertas garantías de que la gente que llegue a dirigir el Servicio de Evaluación Ambiental tenga un mínimo de competencia técnica para llevar a cabo esta tarea. Ahora, el gran tema que tiene que ver con la tecnificación es generar situaciones más objetivas en cuanto a la evaluación ambiental y en ese trabajo tiene mucha relevancia la labor del ministerio al sacar normativas medioambientales en términos de cumplimiento de las empresas. Ahí es donde entra la Superintendencia a fiscalizar y sancionar. En Chile había muy poca normativa sobre este tema y ahora se ha avanzado mucho. Respecto de la instancia del Comité de Ministros, claramente tiene un componente político, es una instancia técnico-política al estar compuesto por seremis e Intendentes, pero también tiene un ‘rayado de la cancha’ y si se sale de ahí le puede traer consecuencias desde la perspectiva del Tribunal Ambiental”.