Salmoneras y las ilegalidades
Columna de opinión de Giuliana Furci, Coordinadora Programa de Salmonicultura de Fundación Terram, publicada en diario El Llanquihue 16 de julio de 2006.
Dos caras muy disímiles tienen las empresas salmoneras: por una parte firman acuerdos voluntarios donde se comprometen públicamente con un desarrollo sustentable y reciben certificados por su "buen comportamiento". Por otra lado aparecen con graves niveles de sobreproducción e incluso con centros y vertederos ilegales. ¿Cuál es la validez de estos acuerdos y certificaciones cuando podemos constatar que no cumplen siquiera con lo mínimo exigible: la normativa legal vigente?
Esta industria aún no empieza su millonaria expansión a la Undécima Región de Aysén, y ya hay empresas sancionadas y allanadas por provocar irreversibles daños al medio ambiente. Ejemplos hay muchos, sin ir más lejos, hace algunos meses la empresa Salmones Pacific Star, fue multada y obligada a remover un centro de cultivo que fue instalado ilegalmente sobre bancos naturales de moluscos, que son un importante recurso para la gente de la zona. También, esta semana se conoció el caso de la empresa Los Fiordos, que fue allanada por la Brigada de Investigaciones de Delitos Ambientales luego de que la policía se diera cuenta de un vertedero ilegal que la empresa mantenía en un terreno aledaño a las suyas en Puerto Cisnes, un paradisíaco lugar de Chile que atrae a turistas nacionales e internacionales todos los años.
Otras alarmantes noticias bullaron en mayo del presente año, cuando 13 empresas nacionales e internacionales entraron a un proceso de sanción por producir más de lo legalmente permitido. Y no producían solamente un poco más, sino que hasta 11 veces más de lo que la ley les aprobó.
Paradojalmente, las compañías incumplidoras de la legislación, son parte de la Asociación Gremial de la Industria del Salmón, SalmonChile y en su mayoría también fueron firmantes del Acuerdo de Producción Limpia suscrito con el Gobierno en el 2002, incluso algunas de ellas recibieron en septiembre pasado la certificación APL que corresponde al 100% de cumplimiento.
Estos casos demuestran que los sistemas de certificación auto impuestos por la industria y los acuerdos voluntarios no están funcionando. Las denuncias recientes, no hacen más que reflejar que no existe un compromiso serio de las empresas con el desarrollo sustentable. Al parecer los acuerdos voluntarios y sus respectivos certificados, parecen no ser más que una mera pantalla para limpiar la imagen de la salmonicultura chilena ante sus clientes en el extranjero – a los cuales se destina el 95% de la producción nacional-. Al menos algo positivo, es que las autoridades están cumpliendo, con el rol de fiscalizar, sancionar e investigar las irregularidades. Esperamos que los compromisos de buenas prácticas, dejen de ser sólo declaraciones públicas y se concreticen en el accionar de la empresa.
