San Pedro se muere de sed

Una pequeña comuna frutillera al suroeste de Santiago literalmente se seca. Los pobladores culpan a las grandes agrícolas. El cambio climático, replican en la Dirección de Obras Hidráulicas. La comunidad suma diez años rogando la instalación de agua potable, la que recién podría estar disponible en 2011. Mientras tanto, los pequeños agricultores de la zona se reinventan para sobrevivir. La Nación, 30 de diciembre 2009.

Salvador Ballesteros ha hecho toda su vida en Santa Rosa, uno de los poblados de la comuna de San Pedro de Melipilla, en el límite sur poniente de la Región Metropolitana. Don Salvador solía cultivar frutillas, que eran el sustento de la familia, pero la sequía que azotó la zona secó su producción y la de sus vecinos.

“El drama aquí es tremendo. Ya estamos aburridos, desesperados, no hayamos qué hacer, dónde recurrir y esta cuestión va cada vez más grande, cada vez es más problemático el asunto del agua”, sostiene el agricultor.

Está desesperado. Hace más de diez años que San Pedro sufre una paulatina disminución de la disponibilidad del vital recurso, que obtenían desde norias o pozos. Aunque los vecinos han tocado todas las puertas para conseguir una solución, no han logrado resultados. Decenas de familias de pequeños frutilleros hoy ven cómo su producción corre peligro por falta de riego y acusan a las empresas del lugar de desplazarlos y quedarse con toda su agua.

“Yo tengo un pedacito de terreno, una hectárea y media, pero no puedo hacer nada, antes vivía de mis huertos y ahora no pasa nada, estamos envueltos en tierra y sin agua”, dice don Salvador, en medio de una nube de polvo por el paso de camiones por caminos sin pavimentar de las empresas cercanas, Agrosuper, Ventisquero (ambas propiedad de Gonzalo Vial) y Agrícola Santa Beatriz, entre otras.

“La gente de plata, ellos tienen agua. Como mi vecino, que tiene duraznales al lado y yo, seco, bañándome con apenas un litro de agua”, asegura.

Florentino Flores (DC), alcalde de San Pedro, señala que la sequía los afecta prácticamente todos los veranos, por lo que la municipalidad debe repartir agua en camiones aljibe a los sectores más afectados. Hoy tienen dos camiones pero no dan abasto. “Esto ya no es sostenible, porque se necesitan más fondos. Esto ya no es un sector en emergencia, sino que ya pasa a ser habitual”, sostiene.

La municipalidad les entrega 2 mil litros de agua a la semana a los vecinos que no tienen. 285 litros diarios, menos del mínimo requerido por persona (300 litros, para aseo y alimentación), que deben repartirse hasta entre seis integrantes.

Si bien el jefe comunal ha solicitado la instalación de agua potable, el proceso ha sido lento y engorroso. Se trata de un municipio pobre, que no tiene expertos permanentes, por lo que deben contratarlos para realizar los estudios que les solicita la Dirección General de Aguas (DGA). “Pero después, cuando llegamos con ellos, nos dicen ‘cumplieron, ahora necesitan esto otro’”, alega.

Aguas turbias

En 2001, siendo alcalde Avelino Farías, la municipalidad, junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Pedro, presentó una solicitud para instalar agua potable en Santa Rosa, a través de un proyecto de Agua Potable Rural (APR). Según Harris Castro, presidente de la Unión Comunal, en ese lugar, las empresas y particulares que tienen derechos de aguas, perforaron de tal manera que el resto de los pobladores se quedaron sin disponibilidad. “Perforaron tanto la tierra con pozos profundos, que la parte alta, donde vive la gente, se quedó sin agua, se le secaron las norias, por lo tanto, postularon a un proyecto de agua potable y al postular empezaron las trabas”, acusa.

“El problema comenzó cuando empezamos a conocer qué pasaba con el agua, cuando empezamos a ver la ley, cómo se entregaron los derechos de agua en épocas pasadas”, agrega. Desde el 2000, su agrupación ha estudiado las leyes, que ya se saben de memoria, “y empezamos a descubrir cosas muy extrañas. Ahí dijimos, ‘pucha, aquí hay que hincar el diente’”, afirma.

Sólo en diciembre de 2008 recibieron respuesta de la DGA, organismo que les otorgó un derecho de aprovechamiento de aguas provisorio por 1.4 litros por segundo. Pero a la fecha aún no tienen, ni potable ni en las norias y continúan dependiendo del camión aljibe.

Héctor González, director regional de la Dirección General de Aguas Metropolitana (DGA-RM), confirma que la solicitud de APR Santa Rosa está aprobada, pero que la construcción no depende de ellos. “Nosotros entregamos el insumo básico, el derecho de agua, pero quien proyecta y ejecuta los proyectos es la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH)”, señala González, quien asegura que el agua para los habitantes de la localidad está asegurada.

El proyecto de APR para Santa Rosa está ahora en la DOH, donde esperan que un consultor externo requerido para la ocasión resuelva las observaciones sobre el diseño de ingeniería. “De aquí a marzo debería estar listo, pero depende mucho del consultor”, señala Reinaldo Fuentealba, jefe de Programas Sanitarios de la DOH, quien asegura que harán lo posible por darle la mayor velocidad al proceso, el que luego deberá sortear una serie de procesos para terminar con la instalación definitiva, hacia fines de 2010 o durante 2011. “El tema es que el consultor agilice”, sostiene. “Esperamos que no haya problemas, tratamos de ser positivos, mientras haya un chileno sin agua, hay que tratar de resolverlo rápido”, agrega.

Intendencia

La Unión Comunal ha expuesto su problema desde la municipalidad hasta la Presidencia de la República, desde donde les respondieron que sería la intendencia la encargada de ayudarlos. Sin embargo, en dicho organismo les indicaron que Iván Torres funcionario del gobierno regional, llevaría su caso, e incluso les facilitaron su e-mail y teléfono, pero Torres nunca contestó. En realidad, el funcionario no trabaja allí desde hace más de dos meses y nadie sabe quién se quedó con el caso.

Pero Santa Rosa no es el único sector afectado por la baja disponibilidad. En Los Culenes, van por el mismo camino y si bien, también pidieron agua potable, la solicitud fue rechazada y recién en 2010 podrían volver a reconsiderarla. En Loica, Rinconada Longovilo, Lo Chacón, Peumo Alto, Los Sauces y Quilamuta también señalan que la disponibilidad de aguas bajó, y como están rodeados de empresas, que sí tienen el líquido, no encuentran otros culpables y temen que la solicitud de área de restricción en la zona (que limita la aprobación de nuevos derechos de aguas, ver recuadro) que hicieron las empresas Longovilo S.A. (propiedad de Ricardo Ariztía), Agrícola Super Ltda., Agrícola La Trinidad Ltda. y Agrícola Las Palmas de Santa Rosa Ltda. (todas del grupo Vial) no les permita acceder al elemento.

Y es que dichas empresas juntas, son dueñas de 1.600 litros por segundo, de un total de 2.031 litros de capacidad del acuífero del lugar. Sin embargo, Carlos Andrés Vives, subgerente de Asuntos Corporativos de Agrosuper, aclara que ellos sólo tienen 22 de los 187 pozos del sector, el resto es de particulares, otras empresas de la zona o clandestinos.

Aunque el problema no es de ellos, asegura, la empresa autoriza a la municipalidad de San Pedro para extraer agua de sus pozos semanalmente. “Aquí se reparte agua a las personas que no tienen y de los únicos pozos que sacan agua son nuestros”, señala Vives.

Con todo, la DGA señala que aunque las empresas tengan la mayor cantidad de derechos, que obtuvieron antes de la modificación de la ley (que ahora otorga los derechos según la real necesidad), el consumo doméstico de la zona está asegurado. De no estarlo, es posible recurrir a la expropiación (por parte de la DOH), lo que aún no es el caso, pues la cuenca aún puede otorgar derechos provisionales.

“Un área de restricción quiere decir que la demanda por el agua supera la disponibilidad de los derechos definitivos, existe posibilidad de que declarada el área exista disponibilidad. No se cierra la cuenca, si no que estamos en el último montoncito de agua a repartir”, señala González. Pronto se realizarán los estudios para determinar cuánto más puede soportar.

Profundidades

Marta Pinto es dirigenta de la Junta de Vecinos de Los Culenes y asegura que si bien su sector no es el más afectado, como Santa Rosa y Rinconada de Longovilo, dependen del agua de la municipalidad y de la solidaridad de los vecinos que aún logran sacar de sus norias. “Aquí Súper Pollo hizo pozos profundos y se secaron todas las norias, eso hace como doce años, desde ese tiempo empezaron los problemas. Antes de hacer los pozos vinieron, hicieron charlas, dijeron que no iban a afectar las napas subterráneas, pero las norias se empezaron a secar”, asegura.

Vives dice que no, que el experto que ellos llevaron, el ingeniero civil Eduardo García -de García Consultores y Asociados-, les entregó recomendaciones detalladas en un informe donde se señala que el acuífero relacionado con las norias es de muy poco espesor, lo que lo hace vulnerable por la sobreexplotación a que está siendo sometido. Recomienda “profundizar las norias sólo hasta la roca o sólo hasta el techo del primer estrato permeable, controlar el aumento de la población, catastrar y racionalizar la superficie plantada con frutillas y asegurar el abastecimiento básico de agua de la comunidad, con los aportes de todos sus integrantes”.

Según Vives, eso demuestra que la construcción de sus pozos no tiene que ver con la baja en la disponibilidad de agua. Los pozos de Agrosuper, por ejemplo, tienen entre 50 y 60 metros de profundidad como mínimo y los más profundos pasan los 100 metros, y las napas que proveen a las norias están a menor profundidad, muchas veces son alimentadas por aguas superficiales. “Por las condiciones de tiempo, (la falta de lluvia) afecta más que la construcción de pozos. También afecta que construyan muchos clandestinos”, dice González, por lo que es vital que la propia comunidad denuncie.

Patricia Mor, de Quilamuta, tiene una noria de 22 metros de profundidad y tiene suerte de aún poder juntar un metro de agua diario, cerca de 50 litros que sólo le alcanzan para beber y cocinar. “Aquí somos seis personas en esta casa, en la semana los niños están estudiando, pero cuando están ellos el agua se va de un viaje, hay que racionarla y es difícil, yo tengo que estar cuidándolos”, dice.

Tiene suerte, porque sólo unos metros más arriba, sus vecinos, los Silva, tienen una noria de 33 metros de profundidad que está seca. Mario Silva y su señora dependen del camión aljibe que puede tardar hasta un mes en visitarlos. Por ahora, al menos puede darles de beber a sus animales, porque construyó un tranque para acumular aguas lluvias, pero hacer un nuevo pozo les complica, primero, porque es ilegal y, además, caro. Llevar una retroexcavadora cuesta 90 mil pesos sólo por el flete, a lo que hay que agregar 60 mil pesos adicionales por metro excavado y ni siquiera es seguro que encuentren agua.

MIEDO A LAS EMPRESAS

Cada rincón de la comuna está rodeado de empresas que nunca han tenido problemas de disponibilidad del elemento. Sólo Agrosuper ayuda al municipio bombeando agua y en otros sectores también les han otorgado ayudas a sus trabajadores, “pero son los mínimos”, asegura Marta Pinto. “La gente tiene miedo de hablar, porque nuestros maridos trabajan en Súper Pollo”, dice. De hecho, llama la atención que la mayoría de los dirigentes sean mujeres, “somos las que no tenemos agua en la casa, las que lavamos, cocinamos, las que tenemos que dibujar cuando no la tenemos y no nos podemos bañar y tenemos que restringir su uso”, sostiene.

Es difícil distribuir lo poco que les dan entre tantas personas. “En el verano, el estanque no te alcanza a durar una semana, yo lo recargo, porque mi vecina me convida agua de noria, pero tampoco sé si esa agua está contaminada, yo sólo la utilizo para bañarme y regar las plantas o lavar y la de la muni la guardo para beber y cocinar”, dice Marta.

La situación ha sido tan crítica que algunos han tenido que vender sus terrenos a las empresas, “a los que tienen el agua, a los que pusieron el agua a nombre de ellos y lo han ido vendiendo a costos mucho menores que los reales y así va a pasar yo creo con todos”, dice sin esperanza.

CULPA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Reinaldo Fuentealba, de la Dirección de Obras Hidráulicas, sostiene que el cambio en el régimen de lluvias, efecto del cambio climático, ha sido el causante de los problemas con la disponibilidad de agua, sobre todo a nivel rural. “El tema del agua hoy día es un tema complicado y va a ser más complicado. No es fácil encontrar agua, está absolutamente limitado, pero estamos saliendo adelante”, señala.

“No tenerla es muy delicado, muy dramático, en este tiempo que hay un proceso de cambio climático fuerte, tenemos muchos problemas, el año 2008 invertimos una cantidad importante de plata en resolver algunos proyectos que estaban funcionando y por la sequía quedaron sin agua, esto es un fenómeno con el cual vamos a tener que aprender a convivir y cada día se hace más grave”.

ÁREA DE RESTRICCIÓN

• Cuando se demuestra que en un acuífero existe grave riesgo de disminución del caudal, quienes tengan los derechos de aprovechamiento de aguas en el sector pueden solicitar que la DGA decrete “área de restricción”.

• Esta restricción limita la aprobación de nuevos derechos en la zona, con el fin de asegurar que quienes ya tienen sus derechos no vean afectada su disponibilidad.

• Esto no significa que la cuenca está cerrada, sino que los derechos que se entreguen son provisionales, no se pueden inscribir en el Registro de Bienes Raíces hasta que se demuestre que la cuenca puede soportar su extracción definitivamente.

• Cuando el caso es extremo, se puede decretar “área de prohibición”.