Luego de conocerse que la hidroeléctrica vigilaba a los ambientalistas que se oponían al proyecto e intervenía sus chats, estos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que acusan que la empresa vulneró sus derechos constitucionales, relacionados con la integridad física y psíquica, la protección y respeto de la vida privada, y la protección de los datos personales, entre otras disposiciones legales. Fuente: Interferencia, 18 de mayo de 2023.