El argumento principal de la oposición para votar en contra del artículo que impedía las actividades industriales en zonas de preservación ecológica fue el impacto que tendría en el empleo la pérdida de las concesiones de empresas salmoneras. Esto, pese a que –según datos del Ministerio del Medio Ambiente– 276 de estos contratos son a perpetuidad y solo 135 deben renovarse luego de 25 años de haber sido otorgados, plazo que se cumple entre los años 2034 y 2044, de acuerdo a lo definido por la Ley de Pesca y Acuicultura. Según la directira ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, “lo que se discutía hoy era el otorgamiento o no de nuevas concesiones dentro de una categoría de área protegida, como son las Reservas Nacionales y Forestales, y no la caducidad de las existentes, por tanto, jamás estuvo en riesgo el empleo”. Fuente: El Mostrador, 30 de mayo de 2023.