La acción en contra del Presidente Piñera, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) responde a la omisión en su deber de resguardar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en la que incurrieron durante los recientes sucesos de contaminación ocurridos en la zona.