Se trata de un requerimiento presentado ante la Contraloría, apoyado por el Frente Amplio, para revisar los datos entregados por la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la comisión chilena del cobre (Cochilco) respecto de la tributación de las empresas mineras privadas entre los años 2004 a 2017. Fuente: El Mostrador. 11 julio de 2018.