La cita mundial busca alcanzar un acuerdo sobre las medidas que deben tomar los países más contaminantes para intentar disminuir el ritmo del calentamiento global, además de definir políticas de mitigación y ayuda a los países más afectados por sus consecuencias. Sin embargo, a medida que se acerca el fin de la Conferencia y comienzan las negociaciones críticas, con la presencia de más de 100 jefes de estado junto a ministros de casi todos los países del mundo, aumentan las restricciones para la sociedad civil.

 

La masiva presencia de representantes de ONG’s de todo el mundo ha desbordado la capacidad organizativa de los anfitriones daneses, que no han encontrado nada mejor que marginar a la ciudadanía, por la vía de restringir las credenciales para el ingreso al Bella Center, centro de convenciones donde se reúnen las delegaciones oficiales.

Luz María Fariña, coordinadora de proyectos de Fundación Terram y que ha sido testigo presencial de la cumbre desde su inicio, la semana pasada, señala que “la decisión de limitar el acceso a Bella Center resta transparencia al acuerdo mundial sobre cambio climático que se está elaborando. Han quedado fuera representantes de la sociedad civil que ya estaban acreditados y aquellos que llegaron a Copenhague durante la segunda semana de la Conferencia, periodo crucial en el que deben cerrarse los acuerdos. Los representantes de la sociedad civil fuimos informados sobre las nuevas medidas de seguridad impuestas por Naciones Unidas vía electrónica, sin mayores explicaciones. Prácticamente cada día se nos informa de nuevos procedimientos de acreditación, con lo que se ha restringido cada vez más la cantidad de personas que pueden acceder al centro. Dejar fuera a más del 80% de los representantes de la sociedad civil es una imposición antidemocrática que atenta contra la participación ciudadana. Además, esta pauta de seguridad ha dificultado enormemente el cumplimiento de las agendas de trabajo que se habían planificado con anterioridad por parte de la sociedad civil”.

Respecto al ambiente en la ciudad de Copenhague, la representante de Terram señala: “ha habido un sinnúmero de manifestaciones y marchas en distintos puntos de la ciudad, en los cuales la policía ha actuado de manera agresiva; sólo el día de hoy se han reportado más de 200 detenidos, que se suman a las 400 del día sábado, durante el Día de Acción Mundial. Además, para el desarrollo de esta conferencia se ha aprobado en Copenhague un permiso temporal que permite a la policía algo similar a la “detención por sospecha”, con lo que constantemente y de modo reiterativo hay un chequeo de identificación. Esto ha incrementado el ambiente hostil para las personas que pretenden ser parte de la Cumbre oficial”.

Estos hechos han contribuido a generar un clima de tensión y confirma la sensación de que las negociaciones se celebran a espaldas de la ciudadanía.

Respecto a la delegación chilena, la declaración de buenas intenciones de la Ministra Ana Lya Uriarte se han quedado sólo en palabras, pues no ha sabido jugar un rol significativo, además de negarse a tomar contacto con los representantes de las ONG’s chilenas en Copenhague: Anamuri, Caritas Chile, Acción AG, CODEFF, además de Fundación Terram.

 

Fariña informa que “en relación a la participación de la delegación oficial de Chile, sólo manejamos la información entregada por la Ministra Uriarte en Santiago en conferencia de prensa realizada la semana previa al inicio de la COP15, en la cual se dio a conocer la posición de Chile y se informó que la delegación estaba compuesta por 12 personeros de gobierno, sin representantes de la sociedad civil. No hemos tenido antecedentes ni de manera formal ni informal, a diferencia de las delegaciones de otros países que están en constante comunicación e información de los avances y los acuerdos con sus representantes de ONGs. Esto, junto a la ausencia de la Presidenta Bachelet en la Cumbre, demuestra el poco interés del gobierno chileno de acceder y representar los intereses de las organizaciones que trabajan en el tema de cambio climático en Chile. Al respecto, se han solicitado antecedentes y reuniones sin obtener respuesta e información de lo realizado por el Gobierno chileno”.