El acuerdo que Chile impulsó y ahora no quiere firmar

El pacto de Escazú debía ser suscrito durante la actual Asamblea de la ONU, pero el Gobierno pidió postergar la participación chilena. La decisión desencadenó críticas entre ambientalistas. Fuente: Publimetro. 27 septiembre de 2018.

Escazú es una ciudad de Costa Rica en la provincia de San José con cerca de 12 mil habitantes. Allí se adoptó el pacto medioambiental del mismo nombre, que 24 países se comprometieron a suscribir durante la Asamblea de las Naciones Unidas que se está llevando cabo en Nueva York. La firma del texto quedó pactada para hoy, y venía a consolidar un proceso internacional que comenzó en 2012, impulsado y liderado por Chile y Costa Rica

Sin embargo, la rúbrica de nuestro país quedó en suspenso luego de que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informara que la Cancillería había pedido postergar la participación nacional en el pacto. La decisión del Gobierno generó dudas y críticas por parte de parlamentarios y organizaciones de defensa del medio ambiente.

Según el documento compartido por la Cepal, en el que se resume el preacuerdo alcanzado en Cosa Rica, el proyecto apunta a ‘garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales’.

El acuerdo, al que adhieren, entre otras naciones, Argentina, Brasil, México y Venezuela, tiene como uno de sus puntos más importantes garantizar la participación de las comunidades en la adopción de decisiones que involucren a ambas partes.

Es decir, los países que lo suscriben se comprometen a sostener una ‘participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional’. En el texto se explicita que ambas partes tendrán voto en la toma de decisiones.

Este punto que figura en el acuerdo cae justo en medio de la crisis en Quintero y Puchunaví, en la que las autoridades no han podido contener los casos por síntomas de intoxicación en la zona de sacrificio y mientras los pobladores apuntan al cordón industrial que cerca la bahía.

Otro de los puntos que promueve el pacto es la protección de los de los defensores de los derechos humanos relativos al medio ambiente y ‘prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones’ en su contra.

“No aumentará los conflictos socioambientales”

Ignacio Martínez, abogado de la Fundación Terram, calificó negativamente la señal del Gobierno de dar marcha atrás a su participación en el acuerdo, especialmente por el rol protagónico que asumió Chile en su desarrollo.

“El acuerdo de Escazú apunta a elevar los estándares de calidad, la protección del medio ambiente y la capacitación de los funcionarios y la población en estos temas. No tiene sentido creer que este pacto aumentará los conflictos socioambientales en el país”, estimó.

Ayer, Schmidt reafirmó la solicitud de Cancillería de no firmar por el momento el acuerdo de Escazú, debido a que ‘se están estudiando los mecanismos de reclamación internacional que tienen efecto a otros países’.

El 13 de septiembre de este año, un grupo de 27 expertos en derechos humanos de la ONU celebró el preacuerdo e hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a suscribirlo. ‘Hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan.

Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente’, aseguraron los representantes a través de una carta.