Este viernes 7 de julio culmina el plazo para presentar firmas a favor de las iniciativas populares de norma (IPN), uno de los mecanismos de participación ciudadana del actual proceso constituyente. Las personas, utilizando su Clave Única, pueden brindar su apoyo hasta a 10 iniciativas de norma disponibles en la página https://ucampus.quieroparticipar.cl/, creada para la ocasión por la Secretaría de Participación Ciudadana. Todas las IPN que alcancen el umbral de las 10.000 rúbricas (de al menos cuatro regiones distintas) serán discutidas en el seno del Consejo Constitucional que comenzó a sesionar el pasado 7 de junio -hace un mes- a fin de redactar una nueva Constitución.

Sin embargo, este nuevo proceso, en contraste con el anterior cuyo texto fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, no ha concitado mayor interés de la ciudadanía. Tanto así, que (hasta el cierre de esta edición) de las 1.309 IPN presentadas en la plataforma, solo 8 han alcanzado los apoyos requeridos. En el segundo lugar de esa lista se encuentra, precisamente, una IPN que busca modificar el Capítulo XIII del anteproyecto constitucional emanado del Comité de Expertos, sobre Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo: “Chile por los Animales” (14.386 apoyos). En primer lugar se encuentra “Con mi plata no. Protejamos nuestros ahorros previsionales” (16.497 votos) y en tercer lugar “Por un Estado sin pitutos” (13.823 votos).

No obstante aquello, el Capítulo XIII medioambiental concentra otras 117 iniciativas populares de norma que aún no logran el número requerido de firmas para que sean debatidas ulteriormente en el órgano constituyente. Entre ellas, figuran como las más destacadas: “Seguridad hídrica para Chile” (1.000 apoyos), “Chile defiende la naturaleza para las generaciones futuras” (683), “Desarrollo verde para Chile” (401), “Agua para la vida” (4.986) y “Agua pa’l río” (129).

Las tres primeras iniciativas están incluidas dentro de las respaldadas por la iniciativa www.laconstitucionesnuestra.cl, implementada por Fundación Ciudadanía Inteligente, CONSTITU+YO y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), cuyo objetivo es apuntar hacia una constitución con estándares internacionales en materia de derechos humanos, respeto a la naturaleza y fortalecimiento democrático.

Seguridad hídrica y defensoría de la naturaleza

Presentada por una serie de organizaciones ambientales aglutinadas en la Articulación Ambiental Constituyente, la propuesta de nuevo artículo que plantea la IPN “Seguridad Hídrica para Chile”, en lo sustancial, “asegura la protección del agua para la preservación ecosistémica y la protección de los derechos de las generaciones actuales y futuras”. También refuerza la idea de que “las aguas deben gestionarse considerando la crisis climática y ecológica y tomando como unidad básica las cuencas hidrográficas”. Apunta hacia una gestión integrada de cuencas, y que el Estado deberá garantizar un caudal suficiente del recurso para asegurar el equilibrio ecológico.

Al respecto, la coordinadora de Incidencia de Fundación Ciudadanía Inteligente, Josefina Correa, cree que “el anteproyecto constitucional no abarca de manera total las demandas que el mundo ambiental promueve”, por lo que, sobre la seguridad hídrica incluida en la IPN referida, “es relevante hacer presente que no toda la ciudadanía está de acuerdo con que el agua siga siendo privada. Mucho de lo que se discute en temas de agua se ha prestado para la manipulación. Se ha dicho que los pequeños agricultores perderían sus cuotas de agua, cuando no se trata de eso, sino de tener criterios de función pública para hacer estas asignaciones. Que no prevalezca la especulación, sino sacar al mercado dentro de esta ecuación, e integrar criterios de interés común”.

La iniciativa popular de norma sobre seguridad hídrica también es respaldada por CEUS, una ong que nació en 2018 desde el Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad (de ahí toma su nombre). “El tema de contar con un caudal suficiente y una gestión integrada de cuencas se ha dado hace mucho tiempo en otros espacios académicos y de la sociedad civil. Es necesario generar un mejor uso del agua para proteger ante ciertas eventualidades, toda vez que el ciclo del agua es algo bastante frágil. Si nuestra prioridad es el consumo humano, entonces tenemos que proteger los ecosistemas que nos proveen el agua”, cuenta Matías Cortés, coordinador de Incidencia Política de la ong CEUS.

La aspiración de Cortés, con esta IPN, es que “todos los sectores productivos se sienten en un consejo de cuencas para trabajar en gestionar el agua. El agua no es solo una demanda medioambiental, sino que sin agua la institucionalidad del Estado no puede funcionar: ni las escuelas rurales, ni el Cesfam, ni los trabajos”.

Tanto Fundación Ciudadanía Inteligente como CEUS adhieren, al mismo tiempo, a las IPN “Chile defiende la naturaleza para las generaciones futuras” y “Desarrollo verde para Chile”, las cuales ni siquiera llegan a los 1.000 apoyos aún. Sobre la primera, Josefina Correa comenta acerca de la necesidad de contar con una defensoría de la naturaleza en rango constitucional.

“Siempre es bueno tener organismos autónomos que den mayor protección. En materia ambiental las asimetrías en la ciudadanía son importantes, por lo que es relevante contar con un órgano independiente que haga valer los derechos que son vulnerados, muchas veces por la misma acción del Estado. Este órgano configuraría un elemento trascendental de acceso a la justicia ambiental, y más aun en el contexto de la firma del Acuerdo de Escazú”, explica Correa, de Fundación Ciudadanía Inteligente.

En esa misma línea, Matías Cortés, de CEUS, expresa que la idea de crear una defensoría de la naturaleza a nivel constitucional engarza con “establecer justicia intergeneracional, que implica que la justicia ambiental no puede ser solamente ahora mismo, sino con perspectiva a futuro, ya que los jóvenes de hoy, cuando tengan 40 o 50 años, van a ver los primeros efectos de la nueva Constitución, la cual es, en sí misma, un pacto político intergeneracional”.

Respecto de la tercera IPN que ambas organizaciones apoyan, “Desarrollo verde para Chile”, Josefina Correa comenta que ésta apela a la “necesidad de tener un modelo económico que entienda cuál es la realidad de los territorios. Hemos visto con el reciente temporal que aún hay viviendas en espacios inundables, entonces hay que apostar a un desarrollo nacional que observe el territorio y respete los elementos integrales del espacio físico”.

Las iniciativas de Modatima y Por Nuestros Ríos

Por último, la iniciativa popular de norma presentada por Modatima concita la mitad de los apoyos requeridos hasta el momento. Se trata de “Agua para la vida”, también inscrita dentro del Capítulo XIII sobre Protección al Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo del anteproyecto constitucional. Aunque del mismo modo apoyan otras iniciativas -como la de seguridad hídrica- se han centrado en la difusión de la propuesta “Agua para la vida”.

“Hay una contradicción en el anteproyecto constitucional. Por un lado, se garantiza el derecho humano para las generaciones actuales y futuras, pero por otro se reconocen los derechos de aprovechamiento de aguas. Eso nos hace interpretar que la norma no cambiará la condición actual de privatización de las aguas. Por eso, según nuestra IPN, los derechos de aprovechamiento de aguas no existen, sino que el agua es un bien inapropiable”, subraya Catalina Huerta, encargada política de Modatima.

En concreto, la IPN de Modatima propone que “el agua, en todas sus formas y estados, es un bien común natural inapropiable, que pertenece a los pueblos y a la naturaleza”, y que el Estado “debe garantizar la gestión inclusiva, democrática y comunitaria de las aguas”. También sostiene que el Estado, en el marco de sus compromisos para afrontar la emergencia climática, “protegerá los glaciares como ecosistemas imprescindibles para el equilibrio hídrico”.

Otra IPN relevante es “Agua Pa’l Río”, promovida por la campaña Por Nuestros Ríos (www.pornuestrosrios.cl), la que a su vez representa a más de 50 organizaciones ambientales. Al contrario de las anteriores propuestas citadas, esta iniciativa popular de norma busca modificar el articulado del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales del anteproyecto constitucional. Esto es relevante, porque lo que pretende la IPN es generar un debate sobre la propiedad de las aguas, en este caso, de los ríos.

“Nuestra IPN busca proteger un caudal mínimo de los ríos para que sigan fluyendo de cordillera a mar. Si un río está saludable, la cuenca está saludable. Desde el Maipo al norte, ningún río está llegando al mar, es decir, tenemos un ecosistema fraccionado. Porque no llegan todos los sedimentos del río al mar y eso deja de alimentar los ecosistemas de la costa, perjudica la pesca y el turismo, y también a la agricultura familiar campesina”, dice Tomás García, miembro de la coordinación de la campaña Por Nuestros Ríos.

Al explicar por qué la IPN no está en el apartado de Medio Ambiente, García comenta que “es muy necesario poner limitaciones de uso en los derechos de aprovechamiento de agua para que se puedan adaptar a la realidad ambiental de cada espacio”. El representante agrega que “cuando los ríos dejen de correr, veremos los graves efectos sociales y económicos que esto acarrea, aunque, en realidad, esos efectos ya los estamos viendo, pues hay ya migraciones por los ríos secos”.

La desconfianza en este nuevo proceso

Josefina Correa, de Fundación Ciudadanía Inteligente, mantiene desconfianza acerca del tránsito de este nuevo proceso constituyente, habida cuenta de la conformación mayoritaria de miembros del Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Es más, Correa teme que, de no prosperar la discusión de algunas de estas iniciativas de norma, las temáticas ambientales queden relegadas.

“El Partido Republicano no es muy cercano a estos temas, están bien lejos de ser un partido que considere los temas ambientales como trascendentales. Cuestionan la crisis climática, aun cuando hay suficiente evidencia científica al respecto. Sabemos que sin estas iniciativas de norma, este proceso no tendrá una ambición ambiental”, prevé Correa.

Coincide con ella Catalina Huerta, de Modatima, para quien “las personas que representamos a los movimientos más progresistas, no tenemos ninguna esperanza en la configuración de las fuerzas internas al interior del Consejo Constitucional, ya que los republicanos y la derecha no promueven transformaciones importantes en materia ambiental. Son personas con una visión negacionista del cambio climático, concentran los derechos de aprovechamiento de aguas y participan de este modelo extractivista”.

De cualquier manera, Modatima decidió presentar una IPN sobre aguas para “mantener nuestros horizontes y principios y plantear nuestro punto político respecto de lo que se le ofrece al país. A nuestro juicio es importante cuestionar la propuesta de los expertos, y no podemos quedarnos calladas y calladas. Es importante presionar a los republicanos. Por eso decidimos participar y no restarnos. Nos mantenemos en una postura crítica, pero tenemos que visibilizar lo que se le ofrece al país”, agrega Huerta.

Un poco más cauto es Matías Cortés, de la ong CEUS, para quien en el anteproyecto si bien “hay mucho en lo que se puede avanzar, como en la gestión integrada de cuencas y en la restauración de ecosistemas”, reconoce ciertos avances en el documento presentado al Consejo Constitucional para su debate. “Ya no hablamos solo de vivir en un ambiente libre de contaminación, tenemos medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, habla de protección de la biodiversidad y del deber de las personas y del Estado”.

Así y todo, los promotores de las iniciativas de norma coinciden, en general, en que la participación ha sido muy baja con respecto al proceso anterior, y que se imponen en la votación propuestas que tienen la capacidad de ser promovidas monetariamente vía redes sociales.

“Es evidente que hay una brecha digital y que éste es un proceso que cuenta con mucha apatía y es restringido. También es un proceso restringido, donde también hay un cansancio del proceso anterior, que no permite estar preparado tan rápido para un segundo ciclo”, apunta Josefina Correa, de Ciudadanía Inteligente.

A eso mismo alude Matías Cortés, de CEUS, para quien los plazos son “sumamente acotados y no propenden a un diálogo cívico complejo. Percibo una fragmentación en estos ciclos cortos. No hay una visión a largo plazo ni un hilo conductor capaz de aglutinar a la sociedad civil en consensos bien definidos. Sería deseable una perspectiva de largo aliento”. Por último, cierra Catalina Huerta, de Modatima, “hay una desconexión importante de los movimientos sociales sobre este proceso. La participación ciudadana ha sido mala: hay desconocimiento del proceso y poco tiempo”.