Carta de “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” al Gobernador de Magallanes

Consideramos que la actual promoción de la industria del hidrógeno, no es sostenible y mucho menos sustentable, pues mientras se declara que Chile podría ser líder mundial en la exportación de energías renovables, se abre la posibilidad de replicar internamente, para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, modelos que profundizan las desigualdades sociales y territoriales subyacentes y responsables de la crisis climática y ecológica que vivimos. Por ello, como Panel Ciudadano autoconvocado, solicitamos al gobierno del Presidente Boric una moratoria a la instalación de la industria del H2, para abordar, de forma responsable e integral, los riesgos que esta industria tendría para la región.

Estimado Sr. Flies.

Ante la promoción de la instalación de la industria del Hidrógeno (H2) en Magallanes, y en su calidad de representante de la región de Magallanes en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, las distintas organizaciones reunidas en el “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” le escribimos para solicitar al Gobierno, por su intermedio, evaluar científica y participativamente, la escala y alcance de esta industria, con su respectivo impacto ambiental, económico y social, antes de dar paso a su instalación.

Como es de su conocimiento, la evidencia científica muestra que dejar de usar combustibles fósiles es un imperativo, si deseamos limitar los efectos de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha calificado como “ebullición global” y, simultáneamente, avanzar en la justicia social. Sin embargo, la crisis climática no es la única que estamos atravesando, sino que se enmarca en una mayor: la crisis ecológica.

Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), la velocidad de los cambios ambientales durante los últimos 50 años no tiene precedentes en la historia de la humanidad; entre ellos, el cambio de uso de suelos para sostener la expansión urbana y los actuales sistemas de producción y consumo, con innovaciones tecnológicas no necesariamente apropiadas para los territorios y sistemas de gobernanza débiles1. Sabemos que los daños y pérdidas asociados a la crisis ecológica y sus múltiples expresiones, impactan e impactarán con mayor intensidad a las comunidades más vulnerables y a quienes menos han contribuido a la emisión de CO22, profundizando la desigualdad social.

De hecho, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) reconoce explícitamente la interdependencia entre clima, biodiversidad y bienestar humano3, por lo que las soluciones que se busquen para hacerse cargo de la crisis climática deben considerar en su evaluación, al menos, esas tres dimensiones. Consideramos que estos aspectos han sido escasa y vagamente abordados en la promoción de la industria del H2, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font como una de las vías fundamentales para la transición energética.

Según la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde publicada en 2020, el liderazgo chileno en la producción del hidrógeno se traducirá en 300 GW de capacidad instalada al 2050, con Magallanes como uno de sus principales polos productivos4, y con una inversión proyectada mayoritariamente hacia la exportación. Esto ayudaría -en palabras del Presidente del Gobierno Español- a ‘la Autonomía Estratégica Abierta’ de Europa5. Sin embargo, ni la estrategia nacional ni la comunidad europea explicitan cómo la producción de hidrógeno en Chile aportará al cumplimiento de las metas de descarbonización de las regiones donde se produce, y que, en el caso de Magallanes, está declarada en Emergencia Climática y Ambiental desde 20206. De hecho, la matriz energética de esta región está compuesta en un 97 % por combustibles fósiles, según valores publicados el año 2018.

Durante la promoción de esta industria, el Gobierno ha resaltado los beneficios económicos que traería convertir al país en un supuesto líder de la acción climática, pero estas decisiones han sido tomadas sin contar con evidencia científica suficiente, ni considerar -de manera temprana, transparente y sistemática- la participación e intereses de quienes habitan esta región. Porque, hasta ahora, desconocemos al menos cuatro elementos clave: (1) cuál será la escala de intervención que se requiere para alcanzar la meta productiva; (2) cuáles serán los impactos que generará esta industria en comunidades y ecosistemas; (3)cómo se resguardará el cumplimiento de los compromisos de democracia y justicia ambiental, y (4) cuáles son los usos que se le dará a este vector energético en la región, considerando la factibilidad técnica, la eficiencia, los costos y la tasa de reemplazo de los combustibles fósiles, actualmente en uso.

La situación recientemente descrita nos preocupa, considerando que el uso que se proyecta para ese hidrógeno perpetúa paradigmas insostenibles y peligrosos de externalización de los costos económicos, sociales y ambientales en la producción de materias primas, hacia las comunidades y territorios que proveen estos recursos, en vez de responder al muy urgente cambio de la matriz energética, desde una perspectiva socioecológica y democrática.

La viabilidad y pertinencia del hidrógeno está siendo cuestionada por diversos actores del mundo académico, científico, social e incluso político. Un informe desarrollado por el Observatorio Europeo de Empresas8 no sólo presenta serias dudas respecto a la conveniencia de este tipo de energía, sino que también advierte que detrás están empresas relacionadas, directa o indirectamente, con combustibles fósiles, invirtiendo millones de dólares en lobby para influenciar la política energética europea. En tanto, el Consejo Consultivo Alemán sobre Medio Ambiente declaró que el hidrógeno “no puede desempeñar un papel primordial” en la solución de la crisis climática.

En ese contexto, distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia con presencia en la región austral, nos hemos constituido como “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” para relevar en la discusión pública, aspectos ambientales, sociales y económicos que implicaría la instalación de esta industria. Si bien reconocemos la necesidad de descarbonizar la matriz energética a escala global, también pensamos en la urgencia de considerar, a lo menos y en total justicia, una planificación estratégica con pertinencia territorial, contemplando la conservación de los territorios, su biodiversidad y sus formas de vida, la participación ciudadana incidente, informada y descentralizada, con un criterio de equidad social.

Desde esta tribuna, proponemos una planificación responsable con el futuro, que se haga cargo de los riesgos e incertidumbres que implica la instalación de esta industria, incluyendo aquéllos ya identificados por la ciudadanía en los “Diálogos país para la reducción de asimetrías de conocimiento sobre el H2V” impulsados por el Ministerio de Energía, donde para Magallanes se reconocen algunos, como: el colapso de servicios públicos y mayores dificultades de acceso a salud, educación y vivienda, producto del incremento repentino de la población y la ausencia de planificación; afectaciones a especies nativas y ecosistemas; afectaciones en las cuencas hídricas y el pompón de turbera por la instalación masiva de aerogeneradores; impactos en la trayectoria y zonas de nidificación de aves; impacto acumulativo sobre el paisaje; falta de normativas y potenciales impactos por la acumulación de salmueras; generación de residuos durante la operación y luego del cierre; impacto por ruidos; efectos sobre el suelo; incompatibilidad con la visión de Magallanes como observatorio de cambio climático y como refugio climático; desconocimiento sobre escala, espacios a utilizar y capacidad de carga; instrumentos normativos, fiscalizadores y de gobernanza débiles; evaluación fragmentada de proyectos, y aumento en el costo de la vida, entre otros

10. Sabemos que, tanto el Gobierno regional como nacional, han impulsado acciones que buscan robustecer los diagnósticos y los instrumentos que pretenden orientar la promoción de la industria del H2. Sin embargo, se trata de acciones y alcances insuficientes y tardíos, que adolecen de cuestionamientos fundamentales asociados al desarrollo socio-territorial de la región.

En este escenario, consideramos que la actual promoción de la industria del hidrógeno, no es sostenible y mucho menos sustentable, pues mientras se declara que Chile podría ser líder mundial en la exportación de energías renovables, se abre la posibilidad de replicar internamente, para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, modelos que profundizan las desigualdades sociales y territoriales subyacentes y responsables de la crisis climática y ecológica que vivimos. Por ello, como Panel Ciudadano autoconvocado, solicitamos al gobierno del Presidente Boric una moratoria a la instalación de la industria del H2, para abordar, de forma responsable e integral, los riesgos que esta industria tendría para la región.

Por todo lo anterior, pedimos:
1. Darnos la posibilidad a la comunidad regional, de discutir sobre la compatibilidad del desarrollo socio-territorial esperado con la instalación de la industria de H2, sobre la base de:
a. información socio-ambiental de los territorios que se podrían afectar con la actividad de la industria del H2.
b. Información prospectiva regional, que incorpore escenarios, amenazas y riesgos climáticos.
c. dimensiones de la escala mínima de intervención de esta industria para que sea viable como negocio de exportación, y qué impactos y riesgos significa esto para el territorio.
d. detalles de los proyectos que ya se visualizan en el territorio, cuántos, dónde, qué producto generará (hidrógeno, amoníaco, etc.) y su destino.
e. una visualización ilustrativa del mapa de la región, con todos los parques eólicos, líneas de transmisión, plantas desaladoras, refinerías de amonio y el flujo de transporte y contaminación que ésta generaría.

2. Evaluar la viabilidad social, ambiental y económica de esta industria en la región, con todos los proyectos contemplados en conjunto, y no por empresa o actividad, lo cual permitirá abordar, de forma temprana, los factores críticos existentes.

3. Robustecer la institucionalidad ambiental, tanto en modificación de instrumentos de evaluación de impactos, capacidades técnicas de evaluación de impactos y de fiscalización, considerando que es humanamente imposible que el SEIA de la región sea capaz de analizar todos estos proyectos.
Finalmente, le hacemos un llamado a usted, como máxima autoridad electa de la región y, por su intermedio, al Presidente magallánico junto al Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, para que tomen conciencia de los riesgos que tiene el apoyo incondicional que han dado a esta industria, pues podría -como ya se está haciendo evidente- transformar gran parte de esta región, incluido el Estrecho de Magallanes, en una nueva gran zona de sacrificio, que satisface las necesidades y urgencias del primer mundo, a costa de las propias potencialidades y la sustentabilidad del planeta.

El “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” está compuesto por:
1. Agrupación Ecológica Patagónica
2. Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco
3. Centro de Análisis Socioambiental
4. Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura
5. Fundación Ciudadanos y Clima
6. Fundación Lenga
7. Fundación Mar y Ciencia
8. Fundación Rewilding Chile
9. ONG FIMA
10. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC)
11. Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC Magallanes)
12. Además de un equipo de asesoría experta.

C.C.:
José Ruiz Pivcevic, Delegado Presidencial Regional
Andro Mimica Guerrero, Secretario Regional Ministerial de Gobierno
Daniela Droguett Caro, Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente
Maria Luisa Ojeda Almonacid. Secretaria Regional Ministerial de Energía
Álvaro Vargas Riquelme, Secretario Regional Ministerial de Hacienda
Marlene España Miranda, Secretaria Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo
Alejandra Ruiz Ovando, Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género
Sergio Reyes Tapia, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales
Rodrigo Hernández Navarro, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
María José Navajas Domínguez, Directora Regional de CORFO
Anahí Urquiza Gómez, integrante del Comité Estratégico del Hidrógeno Verde
Cristina Dorador Ortiz, integrante del Comité Estratégico del Hidrógeno Verde