¿Eliminar el Comité de Ministros?: El debate que se vuelve a instalar mientras el Gobierno elabora su reforma ambiental

Expertos y parlamentarios se dividen entre mejorar su funcionamiento o derechamente suprimirlo. El Ejecutivo se inclinaría por esta última opción. Fuente: EMOL, 20 de agosto de 2023.


Es un idea que se baraja desde comienzos de 2023, pero que se reforzó a mitad de año cuando el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, aseguró que el Gobierno está impulsando cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los que incluyen un proyecto de ley de reforma al SEIA y a su reglamento, así como distintas medidas de gestión.

Esa iniciativa está siendo elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente y, en ese proceso, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) está colaborando activamente. Y, en medio de ello, ha vuelto al centro del debate evaluar la permanencia del Comité de Ministros, el brazo político del sistema de evaluación ambiental de proyectos de inversión en Chile, el cual ha sido foco de diversos cuestionamientos a lo largo de su historia por decisiones que han generado dudas respecto a su sustento técnico, echando abajo proyectos emblemáticos como Dominga, HidroAysén, Punta Alcalde o Pascua Lama.

 

Un tema que cobra aún más relevancia en medio de una desaceleración económica que requiere de una inversión robusta para reactivarse, sin embargo, la denominada «permisología» en el país se ha transformado en la mayor preocupación del mundo empresarial chileno. Y para agilizar aquello, para algunos el Comité de Ministro se ha transformado en una traba.

Definiciones del Gobierno y el SEA

El Comité de Ministros está integrado por el Ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería.

«Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental», dice la definición que entrega el SEA.

Dicho eso, durante los últimos meses, tanto la ministra, Maisa Rojas, como el subsecretario del Medio Ambiente, Máximo Proaño y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han señalado que se está evaluando eliminar el componente político en la definición de los recursos, es decir, el Comité de Ministros.

Fue la propia directora del SEA, Valentina Durán, en un entrevista con La Segunda, quien aseguró que «tenemos previsto terminar con el Comité de Ministros».

«Tenemos previsto terminar con el Comité de Ministros»
Valentina Durán, directora del SEA

Algo que recogió el titular de Hacienda, y en entrevista con CCN Chile. «Sí, bueno, tal como ella lo ha señalado, es parte de lo que se está estudiando para esa reforma».

«Un planteamiento de ministros tan al final de un proyecto de inversión la verdad es que, por un lado, introduce el riesgo o la sospecha de una actuación más política. Pero, sobre todo, implica postergar o demorar más la obtención de la autorización ambiental», expuso.

«En términos de tiempo de tramitación de las inversiones, de la obtención, de la utilización del permiso ambiental, este se reduciría en promedio en cerca de un año»
Mario Marcel, ministro de Hacienda

En ese sentido, Marcel estima que sin el Comité de Ministros la demora en la tramitación ambiental de proyectos de inversión se reduciría un año, en promedio.

Posturas en el Congreso

Desde los distintos sectores políticos hay opiniones divididas. Algunas plantean modificar el funcionamiento del Comité de Ministros y otros, definitivamente, su eliminación.

Por ejemplo, la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara, consideró que primero «debemos enfocarnos en que seamos más eficientes y más eficaces en cómo se llevan los procedimientos».

Para avanzar, la parlamentaria resaltó la necesidad de mayor agilidad en los procesos. «Eso no quiere decir que no seamos exigentes en los requisitos, pero sí en agilizar los procedimientos y no nos detengamos porque un papel, documento o respuesta, se quedó entrampada».

Postura que comparte en gran medida el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Minería. «Más que eliminar, yo creo que hay que flexibilizar. Hoy día la inversión está detenida. Hay una parálisis en el mundo inmobiliario y se necesita, en todo orden, generar condiciones de certeza».

«Más que eliminar, yo creo que hay que flexibilizar, porque hoy día la inversión está detenida. Hay una parálisis en el mundo inmobiliario y se necesita, en todo orden, generar condiciones de certeza»
Juan Luis Castro, senador PS

Y por eso, dijo, «pudiendo mantenerse los comités que existen, tiene que haber capacidad de adaptarse a un escenario económico de mucha necesidad para el país. Eso es lo que demandamos ahora».

Idea que no comparte el senador Matías Walker (Demócratas), miembro de la Comisión de Medio Ambiente. El senador afirmó que esta idea es parte de la discusión del proyecto de Ley Royalty Minero, en que propusieron disminuir los tiempos de tramitación ambiental de los proyectos de inversión en un 30%, lo que en algunos casos podría traducirse en un año y medio menos de tramitación de las iniciativas.

En ese sentido, consignó que le parece «muy bien que el ministro Marcel haya recogido esto. Nosotros hemos propuesto la eliminación, además, del Consejo de Ministros, que es un ente político».

«Nosotros hemos propuesto la eliminación, además del Consejo de Ministros, que es un ente político.Los proyectos de inversión debieran tener un componente 100% técnico. Si cumplen con la norma ambiental, tienen que aprobarse. Y si no, explicarse bien cuál es la norma ambiental que debe subsanarse»
Matías Walker, senador Demócratas

«Los proyectos de inversión debieran tener un componente 100% técnico. Si cumplen con la norma ambiental, tienen que aprobarse. Y si no, explicarse bien cuál es la norma ambiental que debe subsanarse».

Esto último, porque «si no se transforman en banderas políticas que nada tienen que ver con la institucionalidad ambiental y que en definitiva generan incertidumbre respecto de la inversión.».

La mirada de CPC, ex ministro y organismos

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) consideran que detrás de la propuesta de eliminar el Comité de Ministros está la idea de reducir o eliminar el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión.

«Creemos que si bien es necesario limitar el componente político en la evaluación ambiental, también es importante mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo (como lo es actualmente el Comité de Ministros) revisar la decisión, previo a la judicialización del asunto», expresaron a Emol.

«Creemos que si bien es necesario limitar el componente político en la evaluación ambiental, también es importante mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo (como lo es actualmente el Comité de Ministros) revisar la decisión, previo a la judicialización del asunto»
CPC

Dicho eso, desde el gran empresariado enfatizaron en que «los esfuerzos debieran centrarse en generar un mejor diseño institucional entre los actores participantes, para que las decisiones que surjan de esta instancia permitan restringir la discrecionalidad y garantizar la calidad técnica del proyecto».

Todo ello, puntualizan, con el fin de que se acelere la tramitación de los proyectos -sin bajar estándares medioambientales-, para incentivar así la inversión, la generación de empleo y el crecimiento.

Por su parte, el ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena planteó a Emol que «el SEA debe ser el ente central en las decisiones con respecto a eso. Eliminar la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y eliminar el Comité de Ministros va a poder reducir el tiempo de evaluación entre uno a tres años y eso debería ser una prioridad».

Según explicó, la evaluación ambiental siempre culmina con el informe consolidado de evaluación y la votación de la Coeva. Por eso sostuvo que «es una votación redundante y en tiempos recientes, tanto los gobiernos de Piñera y Boric, se han pronunciando contrarios a los informes técnicos que han presentado los mismos servicios y por lo tanto se ha politizado esto».

«El SEA debe ser el ente central en las decisiones con respecto a eso. Eliminar la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y eliminar el Comité de Ministros va a poder reducir el tiempo de evaluación entre uno a tres años y eso debería ser una prioridad»
Marcelo Mena, ex ministrio de Medio Ambiente

Por lo tanto, enfatizó en que todas las instancias técnicas son las que deberían privilegiarse.

«El director del SEA debe otorgar un permiso ambiental y la etapa de recursiva, el director ejecutiva del SEA debe determinar que se realiza pasando directamente al Tribunal Ambiental y eliminando estas instancias políticas que solamente demoran y dilatan y ponen en cuestionamiento un proceso técnico por las razones política que se aluden», agregó.

Mientras que Catalina Binder, abogada y vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) comparte la idea de suprimirlo y al mismo tiempo potenciar el debate técnico y no político en cuanto a tomar determinaciones.

Según dijo a Emol, la eliminación del Comité de Ministros está en la línea de «intentar hacer más eficiente los procesos de revisión y aprobación de los proyectos de inversión, dado que estos toman mucho tiempo, son burocráticos e ineficientes»

Para Binder, la idea es cumplir el objetivo de que los proyectos se aprueben en plazos acotados «para que el beneficio social que buscan esas iniciativas se concrete y llegue a tiempo».

Sobre la tramitación, planteó que «el Comité de Ministros se pronuncia sobre los proyectos, pero los permisos que requieren las iniciativas para comenzar a operar son de naturaleza técnica, entregados por parte de instituciones públicas o ministerios. El comité de ministros no es una entidad técnica, sino que política».

Próximas decisiones del Comité de Ministros

Mientras tanto, el Comité de Ministros se apronta para tomar nuevas decisiones. Si bien estaba programada una sesión para el miércoles recién pasado, esta debió suspenderse producto del cambio de gabinete que realizó el Presidente, Gabriel Boric.

La razón de la instancia es que debían reunirse para votar las reclamaciones en contra de tres proyectos de inversión que suman US$869 millones.

Así -y con fecha aún por confirmar para retomar la sesión- se decidiría sobre tres proyectos. El primero, «Terminal GNL Penco-Lirquén» de GM Energy SpA., una iniciativa que contempla una inversiones por US$165 millones.

El segundo, «Depósito de Relaves Filtrados, Planta de Pellets», de la Compañía Minera del Pacífico S.A. con una inversión de US$110 millones. Y, por último, la «Central Ciclo Combinado Los Rulos» de Cerro el Plomo S.A., con una inversión de US$594 millones.

En todo caso, el titular de este último renunció al proyecto argumentando «incerteza jurídica».

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