Un tema que cobra aún más relevancia en medio de una desaceleración económica que requiere de una inversión robusta para reactivarse, sin embargo, la denominada “permisología” en el país se ha transformado en la mayor preocupación del mundo empresarial chileno. Y para agilizar aquello, para algunos el Comité de Ministro se ha transformado en una traba.

Definiciones del Gobierno y el SEA

El Comité de Ministros está integrado por el Ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería.

“Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental”, dice la definición que entrega el SEA.

Dicho eso, durante los últimos meses, tanto la ministra, Maisa Rojas, como el subsecretario del Medio Ambiente, Máximo Proaño y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han señalado que se está evaluando eliminar el componente político en la definición de los recursos, es decir, el Comité de Ministros.

Fue la propia directora del SEA, Valentina Durán, en un entrevista con La Segunda, quien aseguró que “tenemos previsto terminar con el Comité de Ministros”.

“Un planteamiento de ministros tan al final de un proyecto de inversión la verdad es que, por un lado, introduce el riesgo o la sospecha de una actuación más política. Pero, sobre todo, implica postergar o demorar más la obtención de la autorización ambiental”, expuso.

Posturas en el Congreso

Desde los distintos sectores políticos hay opiniones divididas. Algunas plantean modificar el funcionamiento del Comité de Ministros y otros, definitivamente, su eliminación.

Por ejemplo, la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara, consideró que primero “debemos enfocarnos en que seamos más eficientes y más eficaces en cómo se llevan los procedimientos”.

Para avanzar, la parlamentaria resaltó la necesidad de mayor agilidad en los procesos. “Eso no quiere decir que no seamos exigentes en los requisitos, pero sí en agilizar los procedimientos y no nos detengamos porque un papel, documento o respuesta, se quedó entrampada”.

Postura que comparte en gran medida el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Minería. “Más que eliminar, yo creo que hay que flexibilizar. Hoy día la inversión está detenida. Hay una parálisis en el mundo inmobiliario y se necesita, en todo orden, generar condiciones de certeza”.

Idea que no comparte el senador Matías Walker (Demócratas), miembro de la Comisión de Medio Ambiente. El senador afirmó que esta idea es parte de la discusión del proyecto de Ley Royalty Minero, en que propusieron disminuir los tiempos de tramitación ambiental de los proyectos de inversión en un 30%, lo que en algunos casos podría traducirse en un año y medio menos de tramitación de las iniciativas.

En ese sentido, consignó que le parece “muy bien que el ministro Marcel haya recogido esto. Nosotros hemos propuesto la eliminación, además, del Consejo de Ministros, que es un ente político”.

Esto último, porque “si no se transforman en banderas políticas que nada tienen que ver con la institucionalidad ambiental y que en definitiva generan incertidumbre respecto de la inversión.”.

La mirada de CPC, ex ministro y organismos

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) consideran que detrás de la propuesta de eliminar el Comité de Ministros está la idea de reducir o eliminar el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión.

“Creemos que si bien es necesario limitar el componente político en la evaluación ambiental, también es importante mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo (como lo es actualmente el Comité de Ministros) revisar la decisión, previo a la judicialización del asunto”, expresaron a Emol.

Todo ello, puntualizan, con el fin de que se acelere la tramitación de los proyectos -sin bajar estándares medioambientales-, para incentivar así la inversión, la generación de empleo y el crecimiento.

Por su parte, el ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena planteó a Emol que “el SEA debe ser el ente central en las decisiones con respecto a eso. Eliminar la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y eliminar el Comité de Ministros va a poder reducir el tiempo de evaluación entre uno a tres años y eso debería ser una prioridad”.

Según explicó, la evaluación ambiental siempre culmina con el informe consolidado de evaluación y la votación de la Coeva. Por eso sostuvo que “es una votación redundante y en tiempos recientes, tanto los gobiernos de Piñera y Boric, se han pronunciando contrarios a los informes técnicos que han presentado los mismos servicios y por lo tanto se ha politizado esto”.

“El director del SEA debe otorgar un permiso ambiental y la etapa de recursiva, el director ejecutiva del SEA debe determinar que se realiza pasando directamente al Tribunal Ambiental y eliminando estas instancias políticas que solamente demoran y dilatan y ponen en cuestionamiento un proceso técnico por las razones política que se aluden”, agregó.

Mientras que Catalina Binder, abogada y vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) comparte la idea de suprimirlo y al mismo tiempo potenciar el debate técnico y no político en cuanto a tomar determinaciones.

Según dijo a Emol, la eliminación del Comité de Ministros está en la línea de “intentar hacer más eficiente los procesos de revisión y aprobación de los proyectos de inversión, dado que estos toman mucho tiempo, son burocráticos e ineficientes”

Para Binder, la idea es cumplir el objetivo de que los proyectos se aprueben en plazos acotados “para que el beneficio social que buscan esas iniciativas se concrete y llegue a tiempo”.

Sobre la tramitación, planteó que “el Comité de Ministros se pronuncia sobre los proyectos, pero los permisos que requieren las iniciativas para comenzar a operar son de naturaleza técnica, entregados por parte de instituciones públicas o ministerios. El comité de ministros no es una entidad técnica, sino que política”.

La razón de la instancia es que debían reunirse para votar las reclamaciones en contra de tres proyectos de inversión que suman US$869 millones.