Acuerdo que busca convertir a 420 pescadores en industriales destraba instalación de desaladora en Quintero

Compañía, que reanuda inversión por US$ 1.000 millones, les dará apoyo financiero, técnico y de gobernanza para construir una planta enlatadora de jibia. Fuente: El Mercurio, 24 de septiembre de 2023.

“Se va ayudar a hacer una planta que brinde trabajo, tan escaso en la comuna, a la gente de la bahía, que el gremio subsista y tengamos nuestra propia empresa para entregar alimentos incluso a la misma comunidad”.
Así resumió el presidente de la Federación de pescadores Artesanales de Quintero Bahía Narau, Hugo Poblete, el acuerdo firmado la noche del viernes entre su organización y la empresa Aguas Pacífico, que pone fin a cinco meses de conflicto por la construcción de una planta desaladora en Ventanas, Puchuncaví, en la llamada “zona de sacrificio”.

Durante todo ese lapso estuvo obstruida una inversión de US$ 1.000 millones que busca obtener mil litros por segundo de agua dulce y llevarlos mediante 105 km de ductos a través de la cuenca del Aconcagua a la Región Metropolitana, aliviando a su paso necesidades mineras, industriales, agrícolas y de agua potable rural agudizadas por la sequía.

El gerente general de la compañía, Javier Moreno, celebró el reimpulso que se abre para la iniciativa. “Empatizamos con lo que ha sido el sufrimiento de la gente que durante tiempo recibió industrias que eran buenas para el país, pero no necesariamente buenas para la bahía. Queremos marcar un hito en lo que significa la manera de tratar el territorio”, sentenció.

Brusco giro

Los mensajes más conciliadores marcan un brusco giro en el discurso que ambas partes mantuvieron durante el conflicto, que el jueves pasado tuvo su última expresión cuando manifestantes movilizados por ocho sindicatos de pescadores apedrearon maquinaria que la empresa ingresaba al lugar de la costa de Puchuncaví donde construye la desaladora.

Desde inicios de mayo hasta el 3 de agosto, cuando fueron desalojados por la fuerza pública, manifestantes movilizados por los sindicatos mantuvieron bloqueados los accesos al sitio. Los hechos dieron lugar a acciones judiciales cruzadas.

Los pescadores interpusieron el 18 de mayo un recurso de protección acusando a la empresa de iniciar obras pese a que aún incumplía condiciones exigidas en la concesión marítima. El 17 de julio, la compañía interpuso su propio recurso acusando a los dirigentes de intentar hacerse justicia por mano propia al impedirle ejercer su actividad económica sin esperar a que un tribunal se pronunciara.

Aguas Pacífico esgrimía el permiso ambiental que le fuera otorgado en 2018, válido y sin recursos pendientes. Acusaba que, pese a ello, los manifestantes ingresaban a las faenas a causar daños y amedrentar a sus trabajadores. Los abogados de los pescadores, por su parte, retrucaban que —pese a su discurso de legalidad— la compañía actuaba en forma arbitraria al realizar obras sin permiso municipal y cuestionaban que, a despecho de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el futuro vertido de salmuera —cuando la desaladora entrara en funciones— fuera inocuo a recursos marinos en recuperación tras décadas de contaminación por metales pesados.

Antes de que la Corte resolviera alguno de los dos recursos, el 3 de agosto la policía concretaba la orden de desalojo de los accesos ordenada por la delegada presidencial regional Sofía González (PC). Pocos días después, el abogado de la federación, Felipe Olea, enviaba al tribunal de alzada un oficio del 6 de agosto de la Dirección de Obras de Puchuncaví que certificaba que el permiso de Obra Nueva tramitado por Aguas Pacífico tenía observaciones aún no subsanadas.

Compromisos

Con la decisión acordada por ambas partes de renunciar a la vía judicial, Olea destaca que el pacto compromete inversiones de la empresa del orden de los US$ 2 millones en dos años para construir una planta de procesamiento de jibia y multipropósito para agregar valor a la pesca y que convertirá a 420 pescadores, históricas afectados por la contaminación, en actores de una industria ambientalmente limpia y de la que serán dueños como cooperativa o accionistas.

“En vez de pedir bonos ni recibir un peso en sus bolsillos, acá habrá una inversión con efectos permanentes que promete cambiar la calidad de vida y asegurar su futuro. Se cumple la máxima, en forma paradójica dada su actividad: no me des pescado, enséñame a pescar”, dijo Olea. El acuerdo compromete el apoyo de la futura desaladora de sistemas de APR (agua potable rural) al interior de la región. Contempla un plan de monitoreo de la salinidad del agua de mar en la bahía, a través de dos universidades. Si superará los máximos permitidos, se activa una indemnización de US$ 1,2 millones, precisa el abogado.