Ariel Espinoza es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un magíster de Derecho de los Negocios de la UAI. Desde 2011 se ha desempeñado en distintas reparticiones del Estado, como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Firmó el oficio en su calidad de subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, debido a que el titular en el cargo, Maximiliano Proaño (CS), asumió como ministro (s), ya que Maisa Rojas por aquellos días se encontraba acompañando al Presidente Gabriel Boric en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Se trata de una medida que ha generado malestar en algunas regiones en las que opera la industria salmonera, como Los Lagos, Aysén y Magallanes. A inicios de mayo, diversas manifestaciones por parte de trabajadores, quienes, alertados por esta medida, salieron a protestar en defensa de sus puestos de trabajo, debido al impacto que provocaría una medida de este tipo. De hecho, en la tramitación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Congreso rechazó la medida de prohibir las concesiones salmoneras en áreas protegidas.

Sin embargo, ahora -según las fuentes consultadas- este nuevo instructivo del Ministerio del Medio Ambiente viene a reinterpretar la ley, para producir el mismo efecto que tenía la reforma legal frustrada.

El documento, que cuenta con solo dos páginas, fue enviado a los ministerios de Defensa, Economía, Bienes Nacionales, Hacienda, Energía, Minería, Agricultura y Justicia. Además entre las entidades copiadas en su distribución figura la Corte Suprema y el gabinete del propio Ministerio del Medio Ambiente, que encabeza Maisa Rojas.

El oficio establece que, si bien el Servicio de Biodiversidad aún no está en funcionamiento, cuestión que será determinada por el Decreto con Fuerza de Ley que dictará el Presidente Gabriel Boric, la función de emitir el informe favorable se encuentra comprendida dentro del ámbito de la administración de las áreas protegidas. Es decir, corresponde a los órganos de la administración del Estado que actualmente ejercen tales funciones emitir dicho informe, según la categoría de protección que se trate.

Según el mismo documento, lo anterior va en línea con el artículo noveno transitorio de la 21.600 que creó el servicio de Biodiversidad y el sistema nacional de Áreas Protegidas, que establece que, tratándose de las categorías Parque Nacional, Monumento Natural y Reserva Nacional, las funciones y atribuciones contenidas en el artículo 5° letra b) entrarán en vigencia al tercer año, contados desde la entrada en funcionamiento del servicio.

Por lo mismo, el oficio establece que mientras no trascurra ese plazo y en virtud del principio de continuidad de la función pública, corresponde a Conaf emitir dicho informe favorable, así como también la función de elaborar y aprobar los planes de manejo de las respectivas unidades que se mantengan bajo su administración.

En paralelo, el instructivo aclaró que será la Subsecretaría del Medio Ambiente la que deberá estar a cargo de los planes de manejo de Santuarios de la Naturaleza, Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, y Sitios Ramsar.

“Quedan prohibidas las concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de las actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales definidas en el inciso segundo del artículo 63 del mismo cuerpo legal, esto es, en las reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos nacionales”, concluyó.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron a Pulso: ““El Oficio 23405/3, dictado por el ministerio del Medio Ambiente el 22 de septiembre de este año no ordena a los distintos órganos del Estado, sino que comunica una disposición legal que entró en vigencia. El documento va completamente en línea con lo que la Ley Para La Naturaleza (21.600) establece. Específicamente, en su artículo 92 se especifica que para “el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área”.

Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón explicó a Pulso que “esto es algo que ocurrió muy reciente y nosotros como gremio lo estamos analizando. Pero creo que hay principios rectores que, más allá del análisis que estamos haciendo, se tienen que mantener. Cualquier interpretación jurídica y elementos ilustrativos que ocupe el Ejecutivo, siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otro órgano del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso. Eso para nosotros es fundamental en la institucionalidad del país”. La asociación gremial está formada por cuatro empresas productoras de salmón: AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén.

Además, “esta ley acaba de ser promulgada y tiene un plazo de promulgación de muchos meses, porque tiene una gran cantidad de lineamientos que deben ser elaborados por distintos estamentos del Estado”.

En mayo, la comisión mixta, en el trámite final de esta ley, rechazó, tras un empate a cinco votos, una indicación que prohibía el otorgamiento y la renovación de concesiones acuícolas en áreas protegidas. Antes de esa votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había entregado cifras: hay 423 concesiones vigentes, más de la mitad de ellas a perpetuidad, por lo que no se verían afectadas por la legislación, y 140 con plazos de vigencia de 25 años.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN) sostuvo que “la ministra del Medio Ambiente y el gobierno siguen en su obsesión de destruir la salmonicultura. Recodemos que durante la tramitación de la ley 21.600 que creó el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, fue rechazada la indicación del Ejecutivo que buscaba prohibir las concesiones acuícolas”.

La actividad salmonera representa casi el 40% del PIB de la Región de Aysén y es la segunda actividad más importante después de la minería en el país, añadió la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) sostuvo que “el gobierno está aplicando un criterio que prohíbe, en la práctica, las renovaciones de concesiones en Áreas Protegida. Que fue lo que se rechazó en la mixta. Contra el espíritu de la ley discutida largamente en el congreso. Sin duda es una interpretación discutible porque hay transitorios en SBAP que mandatan al Ministerio del Medio Ambiente a dictar un reglamento en dos años, pero no ha suspender concesiones”