Así lo confirman las estadísticas provenientes del mismo juzgado, que también revelan que la Región Metropolitana lidera el ránking con 198 causas y la Región del Maule ocupa el tercer lugar con 55. Más atrás siguen la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins con 47, y la de Atacama con 43. La Región de Magallanes (2), el Ñuble (1) y de la Araucanía (2) son las que menos causas contabilizan.

Desglosando los números de la Región de Valparaíso, de esas 152 causas, 113 son por reclamaciones de ilegalidad de actos de la administración, 30 son de demandas por reparación de daño ambiental, 8 son solicitudes de autorización de la SMA y una es de una consulta a la SMA. Para dimensionar estos números también ayuda saber que en el Segundo Tribunal Ambiental hay un total de 597 causas ingresadas.

Soluciones

Un número alto y que con el pasar del tiempo se espera que siga aumentando. Es por esto que muchos han planteado la necesidad de crear un nuevo órgano que coopere en estas labores o derechamente se encargue de estos problemas y pueda dar soluciones de forma más expedita a estos conflictos medioambientales.

Frente a esta disyuntiva, Magdalena Prieto Pradenas, abogada de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y experta en derecho ambiental, propone otra solución distinta para resolver la demora en las causas.

“Más que un nuevo órgano, creo que debería revisarse el sistema de nombramiento de los ministros de los tribunales ambientales, ya que muchas veces estos nombramientos se demoran mucho y generan una demora también en la resolución de las causas”, señala.

Más participación

Una de las interrogantes que se pone en la mesa cuando vemos la gran cantidad de causas en los distintos tribunales ambientales del país, es el cómo evitar que todos estos problemas lleguen a los juzgados y se puedan resolver antes. Sobre este punto, la exdirectora del Servicio de Evaluación Ambiental de la Region de Valparaíso, apunta a una mayor participación ciudadana.

“Me parece que para evitar que los conflictos se judicialicen sería ideal que mecanismos que hoy se consideran “buenas prácticas” sean consideradas por el legislador y que se conviertan en ley. Por ejemplo, hoy los mecanismos de participación ciudadana anticipada son recomendaciones de la autoridad ambiental y de organismos internacionales, pero no se contempla en la ley un proceso anticipado de participación. Esto me parece clave para que la ciudadanía sea informada de manera oportuna y que se creen canales de confianza y comunicación entre la ciudadanía, los titulares de proyectos y la autoridad”.

A pesar de esto, la doctora en derecho de la PUCV, valoró positivamente la presencia y labr de los tribunales ambientales en Chile, resaltando incluso una característica que otros juzgados no poseen.

“Puedo comentar que los tribunales ambientales son muy importantes, porque tienen una composición mixta (no sólo abogados), que no lo tienen otros tribunales, y que permite que los componentes técnicos sean abordados adecuadamente”, destacó Prieto.