Lecciones de los incendios forestales: la eterna espera de una sólida planificación territorial
Columna de Pablo Madrid, geógrafo e investigador Técnico del Proyecto Tayú de Fundación Terram, sobre la urgencia de contar con una planificación urbana que tenga como objetivo principal gestionar el crecimiento urbano de manera sostenible, considerando criterios ecológicos y de equidad territorial y social.
El pasado incendio forestal ocurrido en el Gran Valparaíso -cuya intencionalidad todavía se investiga, aunque se asume como la causa más probable- tuvo sus focos de inicio en las inmediaciones del límite sur de la Reserva Forestal Lago Peñuelas (Fundo Las Tablas) y se caracterizó por su rápida propagación y falta de control. La dirección norte del viento y una velocidad abrumadora, hizo que las llamas llegaran en pocas horas a las ciudades de Viña del Mar y Quilpué, arrasando a su paso una buena parte de la Reserva Peñuelas, el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto y sus diversas quebradas, e importantes áreas con formaciones vegetacionales nativas, tanto de bosque y matorral nativo, junto con formaciones xerofíticas de alto valor ecológico, que también eran el refugio de una importante fauna que se vio afectada.
El impacto en las áreas pobladas es superior a cualquier otro incendio que Chile haya experimentado. Según información de Senapred, las dolorosas cifras hasta el momento corresponden a 132 personas fallecidas, 20.822 personas afectadas y 763 albergados. Respecto a la afectación en viviendas, dicho Servicio informa que 100 viviendas sufrieron daño mayor y 39 un daño menor, aunque todavía se encuentran 6.974 viviendas en evaluación, por lo que la cifra es evidentemente mucho más elevada.
Por tanto, con este diagnóstico del profuso daño social, ecológico y ambiental, cabe preguntarse seriamente: ¿Qué aprendemos como sociedad chilena y, aún más importante, qué aprende la institucionalidad del país y los tomadores de decisiones que la conforman, sobre esta enorme catástrofe?
En este análisis caben diversas lecciones, que van desde las más inmediatas, como el reconocimiento de las áreas cuyo riesgo es igual o mayor al que estuvieron expuestas en estos incendios forestales, como Valparaíso, en que abundan zonas de riesgo similares, donde el crecimiento urbano ha alcanzado zonas de vegetación propensas a la ignición a partir de acciones humanas, hasta las más profundas y estructurales. Sobre estas últimas, una de las más urgentes y transversales es la necesidad de contar con una planificación urbana y territorial.
Aunque para muchos parezca una utopía difícil de materializar en la realidad territorial chilena, por un contexto normativo y regulatorio disperso, inconexo entre sí y desconectado de las diversas realidades territoriales regionales y locales, es innegable que el país necesita abordar seriamente la tarea de planificar su territorio. Lo cierto que se ha avanzado es este aspecto, pero todavía faltan muchos instrumentos por desarrollar y aplicar.
Esta planificación debe tener como objetivo principal gestionar el crecimiento urbano de manera sostenible, considerando criterios ecológicos y de equidad territorial y social. Actualmente, el ordenamiento territorial opera mediante instrumentos de planificación específicos que se aplican en diferentes escalas territoriales. Los Planes Reguladores Comunales, establecen el límite de las áreas urbanas de las comunas. Los Planes Reguladores Intercomunales regulan el desarrollo de las áreas urbanas y rurales de varias comunas que por sus relaciones y dinámicas conforman una sola unidad urbana. Para las áreas metropolitanas, están los Planes Reguladores Metropolitanos, que se conforman por directrices similares a los Intercomunales, pero para conjuntos metropolitanos tales como Santiago, Valparaíso y Concepción. Todos estos instrumentos son competencia directa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por otra parte, están los recientes Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), que son competencia de los Gobiernos Regionales. Este instrumento ha sido desarrollado parcialmente por algunas regiones, teniendo diferentes niveles de avance entre ellas. Ahora bien, estos últimos son muy relevantes a la hora de gestionar el territorio regional desde un punto de vista integral y holístico, ya que de ellos depende armonizar el uso de suelo entre el desarrollo económico, el crecimiento urbano, la protección y el resguardo de áreas naturales y la prevención de desastres socio naturales.
Pese a contar con estos instrumentos, lo que se ha visto con las consecuencias del incendio forestal reciente es que hay grandes vacíos en la incorporación del riesgo en el diseño de instrumentos de planificación territorial en las distintas escalas. Si bien ya existe un diagnóstico y una identificación del riesgo, como lo es el caso del área metropolitana de Valparaíso (reconocida como un área de alto riesgo frente a incendios por Conaf), falta mucho trabajo generando “planes de acción integrada frentes a las amenazas de incendios forestales, que incorporen la seguridad humana como elemento central de la planificación” (Anteproyecto Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Gobierno de Valparaíso).
Las vidas que se perdieron en Viña del Mar ocurrieron, por un lado, porque las tomas de terreno y el crecimiento informal de la ciudad se realiza cada vez más próximo a zonas de riesgo, ocupando zonas que debiesen ser resguardas de la urbanización, tales como las quebradas con vegetación. Por otro lado, no existían vías de evacuación formalmente establecidas, como sí por ejemplo las hay en el caso de tsunamis; esto dio lugar al atochamiento en varios sectores y que las personas no supieran por donde evacuar de forma efectiva. Si bien es cierto que el comportamiento del fuego siempre tiene una cuota de incertidumbre, hay modelos que predicen su dirección y propagación, por lo que las vías de evacuación debiesen ser planteadas en base a estos análisis y en coherencia con la planificación urbana, dado que están condicionadas por la morfología urbana, las características físicas del territorio y la infraestructura de accesibilidad y conectividad, estas últimas muy escasas en las áreas urbanas quemadas, con un relieve accidentado y de difícil acceso.
Por otro lado, las zonas de riesgo en áreas pobladas son, en su mayoría, aquellas que se encuentran en la interfaz con los suelos cuya cobertura vegetal es abundante. Esto pudo verse en todas las viviendas que se quemaron, ya que gran parte de ellas se encontraban cercanas a quebradas con fragmentos de vegetación tanto nativa como exótica, en las cuales también se acumulan microbasurales altamente inflamables y que catalizan la propagación (basura doméstica, neumáticos, vidrios, restos de escombros, etc.). Incorporar en la planificación una adecuada gestión del encuentro entre las áreas construidas y las áreas con vegetación, conocida actualmente como zonas de interfaz urbano-rural o urbano-forestal, es también una tarea pendiente, que entrecruza políticas sólidas de vivienda con el necesario reconocimiento y resguardo de los espacios conformados por ecosistemas de vegetación nativa, cuyo alto valor ecológico y social es cada vez más relevante en un escenario de mayores temperaturas y mayores ocurrencias de incendios forestales.
En este sentido, la ciudad tiene que distanciarse, de forma prudente y razonada desde estos sectores donde están los remanentes de vegetación nativa, tanto para proteger la propia vegetación, como también para cautelar las propias áreas pobladas, ya que, por norma general, estas zonas de interfaz constituyen un ámbito geográfico donde la propensión a incendios forestales por causas humanas es mucho más alta.
Sobre los criterios ecológicos, es fundamental proteger los espacios naturales y, especialmente, prepararse para hacer frente a los cada vez más frecuentes desastres socio-naturales, a los que nuestro territorio es particularmente vulnerable en el contexto del cambio climático. La evidencia de esta necesidad se refleja en la creciente frecuencia e intensidad de eventos como incendios forestales, inundaciones, avance de la desertificación y escasez hídrica. Por lo tanto, es imperativo que Chile adopte una visión integral y proactiva en la planificación de su territorio, tomando medidas concretas para mitigar los impactos negativos de estos fenómenos y promover un desarrollo sostenible y resiliente en todas las regiones del país.
Cabe dejar en claro que, lógicamente, la solución no pasa por talar y descepar la vegetación nativa para disminuir el riesgo ante incendios y que estos suelos sean urbanizados, sino que pasa justamente por gestionar adecuadamente el encuentro entre estos distintos usos de suelo. Al reconocer los espacios con vegetación nativa como áreas naturales con importancia ecológica, ambiental y social, protegiéndolos a través de distintas figuras como humedales urbanos, cuando sea el caso, o áreas de protección ecológica y/o áreas verdes en algunos instrumentos de planificación territorial, entonces la gestión de dichos espacios podría hacerse debidamente, previniendo la propagación del fuego y evitando así que estos lleguen a los parches urbanos que se vieron esta vez profundamente dañados en el reciente incendio forestal.