Ley Lafkenche: Ejecutivo, gremios salmoneros y autoridades de la zona rechazan solicitud de espacio costero a comunidades indígenas
Por 29 votos en contra, 2 a favor, 2 a favor con modificaciones y 1 abstención la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó dos solicitudes que las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain ingresaron en 2016 y 2017 para la creación de Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) una superficie de 621 mil hectáreas de borde costero. Fuente: Interferencia, 1 de marzo de 2024.
Pocos minutos después de las 15:00 horas de este jueves sesionó en Aysén la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) que votó las dos solicitudes que Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) requirieron para administrar cerca de 621 mil hectáreas en la zona.
Dichas solicitudes se amparan en la denominada Ley Lafkenche que supera los 14 años de vigencia y que busca el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios en el borde costero.
La primera solicitud que la comisión votó fue la demandada por la comunidad indígena Pu Wapi de la comuna de las Guaitecas que requerían la “ECMPO Cisnes” que contempla un área de 227.271 hectáreas con el fin de preservar sus tradiciones en el territorio.
Tras un extenso debate donde participaron un total de 34 representantes del mundo estatal, gubernamental, empresarial, gremial, turístico e indígena, la solicitud fue rechazada por 29 votos en contra, 2 a favor, 2 a favor con modificaciones y 1 abstención.
La segunda propuesta revisada fue la solicitada por la comunidad Antünen Rain de las Islas Huichas de la comuna de Aysén que reclamaban una superficie de 393.945 hectáreas en la zona.
El requerimiento fue rechazado por 29 votos de rechazo, 2 votos de aprobación, 2 votos de aprobación con modificación y 1 abstención la comisión rechazó la solicitud de la comunidad.
Argumentos y votación
Desde los sectores económicos vinculados a la acuicultura y salmonicultura se resistían a la solicitud de las comunidades indígenas pues aseguraban que significaban un riesgo para las comunidades.
Esto, pues el área solicitada se emplazaba en una zona que superaba las 300 concesiones acuícolas. Asimismo, señalaban que el área pedida era “desproporcionada” para el número de solicitantes en las comunidades, 27 personas en la comunidad Pu Wapi y 11 personas para la comunidad Antünen Rain.
No obstante, la solicitud de las comunidades buscaba reconocer el uso consuetudinario sobre la zona costera y el resguardo de la riqueza natural del mar. En esa línea, una investigación de la Fundación Terram indica que la ratificación de esos espacios no impediría el desarrollo de otras actividades, al contrario, el Plan de Administración de los ECMPO debe garantizar el respeto por otros usos como la pesca artesanal por parte de comunidades no indígenas.
Durante el debate, Felipe Rojas, seremi de Economía indicó que “la aprobación de este espacio se aleja del fomento de las vocaciones productivas definidas en la estrategia regional de desarrollo, dado que compromete la actividad pesquera, pelágica y de crustáceos, como también limita la relocalización de las concesiones acuícolas y en general a la industria salmonera”.
Tras un extenso debate donde participaron un total de 34 representantes del mundo estatal, gubernamental, empresarial, gremial, turístico e indígena, la solicitud fue rechazada por 29 votos en contra, 2 a favor, 2 a favor con modificaciones y 1 abstención.
Una línea similar tomo Irina Morend, seremi de Bienes Nacionales quien afirmó que “en nuestras profundas convicciones democráticas, sostengo que no hay una iniciativa virtuosa que pueda prosperar sin diálogo, negociación y acuerdos”.
No obstante, la tesis de ausencia de diálogo fue negada por Fabián Teca y Daniel Caniullán, representantes de las comunidades indígenas, quienes señalaron que de ser así la iniciativa tampoco vino desde las autoridades respectivas.
“Lo que me extraña es que haya empleados públicos de gobierno que sacan a relucir que existió falta de diálogo, cuando fueron los principales responsables de generar el diálogo”, afirmó Teca.
Asimismo, aseguraron que aún quedaban instancias para continuar por la vía legal su solicitud y que independiente del rechazo su demanda no se acababa en la comisión. “Esto no se termina acá, vamos a defender el territorio a la buena o a la mala […] va a haber más ECMPO, las ECMPO vinieron para quedarse. Es un derecho legítimo que tienen nuestros pueblos”, dijo Caniullán durante uno de sus turnos de habla.
Los integrantes del CRUBC
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén que definió este jueves las solicitudes de las comunidades indígenas está integrada por 37 miembros, pero de momento solo la conforman 36 tras haber un cupo vacante.
La instancia fue dirigida por la máxima autoridad regional, Andrea Macías (PS), quien ocupa el cargo de gobernadora de Aysén.
Según detalló Mala Espina, participan en la instancia el delegado presidencial de Aysén, Rodrigo Araya y los delegados provinciales Jorge Díaz, Cristóbal Barceló y Marta Montiel.
También los alcaldes Julio Uribe (Aysén), Jorge Calderón (Cochrane), Abel Becerra (Tortel), Juan Hernán Saldivia (Rio Ibáñez), Luperciano Muñoz (Chile Chico), Francisco Roncaglio (Cisnes), Carlos Gatica (Coyhaique), José Fica (O’Higgins) y Marcos Silva (Guaitecas). Se suman los consejeros regionales María Lorena Villegas y Jorge Sepúlveda.
En adición, los Seremi Felipe Rojas (Economía), Karina Acevedo (Desarrollo Social), Paulina Ruz (Vivienda), Hans Zimmermann (Transportes y Comunicaciones) e Irina Morend Valdebenito (Bienes Nacionales).
Por otra parte, también forman parte representantes gremiales como Jorge Padilla (Sernapesca), Julián Cárdenas (SEA), Honorino Angulo (sector pesquero), Carlos Basualto (sector pesquero), Fernando Camiruaga (sector acuícola), Juan Aménabar (sector acuícola), Daniel Torres (sector turístico), Felipe Candia (sector portuario). Fabián Teca y Daniel Caniullan fueron los representantes de los pueblos originarios.
Asimismo, cierran la comisión, Mario Besoain, gobernador marítimo y representante de la Armada, Álvaro Díaz, director de obras portuarias, álvaro Díaz, director de Sernatur y Manuel Pérez Montenegro, director regional de Pesca y Acuicultura.