2026: incógnitas y desafíos para próximo gobierno en materia ambiental
2026 comienza con grandes cambios tanto nacionales como internacionales, en ese sentido, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, se refiere a los desafíos ambientales que deberá enfrentar el país bajo un nuevo gobierno, como lo son la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Servicio Nacional Forestal (Sernafor) así como los compromisos internacionales en materia de protección de la biodiversidad en el acuerdo Kunming – Montreal. Fuente: La Nueva Mirada, 8 de enero de 2026.
¡¡¡Y partió el 2026!!! Un año que sin duda se inicia con cambios relevantes para el país y la región. Por una parte, la situación de Venezuela nos pone en alerta sobre el destino y administración de los recursos naturales que existen en diversos países de Latinoamérica, lo cual es una noticia en desarrollo. Mientras en Chile estamos expectantes sobre los cambios en la política pública que comenzarán a materializarse a partir de marzo, fecha en que se renovará el parlamento y asumirá el nuevo gobierno, lo que implica cambios significativos en autoridades del poder ejecutivo. En ese sentido existe preocupación e inquietud respecto a cuál será la política ambiental del nuevo gobierno, lo que hasta ahora es una incógnita.
El inicio de este año está marcado por un nuevo ciclo de gobierno y probablemente con ello, una forma diferente de asumir la administración del país desde el gobierno central, sin embargo, y pese a ello, existen temas que deberían tener continuidad y en algunos casos representan desafíos para el país. Por lo cual conocer a la brevedad posible cual será la importancia que le otorgue el nuevo gobierno a los temas ambientales es una preocupación en sí misma, más aún teniendo en cuenta que durante la campaña presidencial estos temas no fueron abordados en profundidad, ni en los programas de gobierno ni en los debates.
Entre los desafíos para el 2026 está la implementación de dos nuevos servicios públicos, el de Biodiversidad y Áreas Protegidas, conocido como SBAP; y el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), entidad que viene a continuar con el trabajo de la actual CONAF. En el caso del SBAP hay ciertos avances, pues la implementación de esta institución comenzó a inicios de 2024 cuando se estableció la planta de directivos, el reglamento orgánico y la escala de sueldos, a lo que siguió la elaboración de reglamentos. Sin embargo, en el caso de este nuevo servicio público encargado de la protección del patrimonio natural de Chile, será clave saber con qué presupuesto contará en los próximos años para ejercer las labores que la ley le ha encomendado, pues como ya sabemos, para el 2026 presenta un déficit presupuestario significativo. Por su parte el SERNAFOR, cuya ley recién fue aprobada en mayo de 2025, no existe información publica disponible sobre el estado de avance de la implementación de este servicio durante la administración Boric, por lo cual es probable que este proceso deba ser asumido completamente por la nueva administración.
Otro tema de preocupación y con un gran desafío es la creación de la Red de Salares Protegidos, que nace al alero de la Estrategia Nacional Litio. De acuerdo a lo ya anunciado, por ahora esta red contempla la protección de 10 salares que se agrupan en 6 áreas protegidas, lo cual ya fue aprobado por el Consejo de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático. Sin embargo, persisten dudas en dos sentidos, por una parte, se desconoce el presupuesto con que contará esta red para su implementación y administración, y por otra no existe información sobre la incorporación de otros humedales altoandinos a la red de salares, ya que en un principio se había anunciado la protección de 26 ecosistemas salinos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Conocer cuál será la política de la nueva administración sobre este tema parece relevante, ya que Chile ha asumido compromisos internacionales en materia de protección de la biodiversidad en el acuerdo Kunming – Montreal.
En otro ámbito de los desafíos para la nueva administración está la continuidad del proceso de implementación de EITI, (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas). Esto debido a que el gobierno de Chile presentó su postulación para este mecanismo de transparencia en septiembre de 2025, lo cual fue aprobado, transformándose en el país numero 55 a nivel mundial en implementar este proceso, para lo cual cuenta con un plazo de poco menos de 18 meses para elaborar el primer informe que transparente la cadena de valor de la industria minera del país, siguiendo los estándares EITI. Cabe recordar que este es un proceso liderado por el gobierno, pero en el que participan las empresas del sector y miembros de la sociedad civil.
Otra arista de inquietud que genera controversia es la situación de la industria salmonera, que ha sido cuestionada por sus reiterados incumplimientos ambientales, operando 409 concesiones al interior de áreas protegidas. En la actualidad existen procesos sancionatorios en curso en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que son extremadamente lentos y llegar al establecimiento de sanciones puede tomar años. Actualmente la SMA tiene abiertos procesos sancionatorios por sobreproducción, es decir por producir más de lo aprobado en su permiso ambiental, pero también la misma entidad lleva adelante otros procesos relacionados con la elusión a la normativa, es decir por operar concesiones para la engorda de salmónidos sin la debida evaluación ambiental. Sin embargo, es todo un misterio lo que hará la futura administración con estos procesos, que tienen ciertos grados de discrecionalidad y que están destinados a pasar de la SMA a Tribunales Ambientales y terminar -al menos algunos de ellos- en la Corte Suprema. En este sentido es importante recordar que cuatro candidatos presidenciales (Jara, Kast y Matthei) asistieron al evento organizado por la industria denominado Salmon Summit y todos ellos hicieron declaraciones en el sentido de apoyar el desarrollo de la industria salmonera, sin hacer mención alguna al cumplimiento de la legislación vigente.
Sin duda la protección efectiva del Archipiélago de Humboldt constituye otro gran reto, garantizar su conservación implica que se rechace o desista el Proyecto Minero Dominga, pues este ecosistema marino-costero alberga innumerables especies relevantes, siendo el pingüino de Humboldt (en peligro de extinción) una de las más emblemáticas, y donde se concentra el 89% de las colonias reproductivas de esta especie a nivel mundial. El archipiélago está amenazado por proyectos industriales, entre ellos el Proyecto Puerto Cruz Grande y el Proyecto Minero Portuario Dominga, la protección de esta área rica en biodiversidad merece compromisos importantes, los que nos darán señales claras sobre la relevancia que se le atribuye a la protección del patrimonio natural.
Finalmente y como parte de una preocupación central que han planteado las organizaciones ambientales, está pendiente saber la posición de las nuevas autoridades sobre tres temas básicos: respetar la legislación vigente y por tanto ejercer procesos de fiscalización y sanción adecuados; no promover retrocesos en regulaciones ambientales (no regresión), es decir no flexibilizar la regulación ambiental; y mantener estándares de transparencia y acceso a la información.