OIT pide que reforma al Sistema de Evaluación Ambiental se someta a consulta indígena
Si bien desde el Gobierno confían en que el proyecto complete su primer trámite este año, parlamentarios amenazan con rechazar idea de legislar. Fuente: El Mercurio, 10 de mayo de 2019.
Un lento avance ha tenido el proyecto con el que el Gobierno busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ingresado en julio de 2018 y que desde marzo se encuentra sin mayores movimientos en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. A esto se sumaría una importante traba, luego de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, solicitara al Gobierno impulsar una consulta indígena durante la tramitación, así como también respecto a posibles modificaciones en el reglamento que podrían afectar a las comunidades indígenas, bajo el amparo del Convenio 169. Esto, entre otras razones, por los procesos de participación ciudadana anticipados que introduce la nueva normativa, que podrían afectar a las comunidades.
‘Teniendo en cuenta el objetivo y el alcance de las modificaciones propuestas, la Comisión confía en que el Gobierno tome las medidas necesarias para que se lleven a cabo consultas con los pueblos indígenas durante el proceso de reforma a la Ley 19.300 que establece el SEIA, así como respecto a las posibles modificaciones que se realicen a su reglamento, en los aspectos que afecten directamente a sus derechos’, señala el documento elaborado a comienzos de año. No obstante, esta solicitud no fue compartida por las asociaciones gremiales del país.
En la Sofofa apuntaron a que no están del todo de acuerdo con que en un proyecto como este corresponda la consulta, ya que una iniciativa de este nivel es aplicable para todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico. ‘No es claro que la incorporación de un proceso participativo ciudadano anticipado distinto de la Consulta Indígena afecte a las comunidades en su calidad de indígenas, más aún si este tiene por finalidad definir algunos elementos esenciales del Estudio de Impacto Ambiental que será posteriormente evaluado y debidamente consultado’, explicó el director de políticas Públicas de la Sofofa, Rafael Palacios. Para el gremio es fundamental que se avance en la iniciativa, la que consideran como ‘uno de los pilares para la modernización del Estado’ y ‘vital para reactivar la inversión’. En esta misma línea, desde el Consejo Minero apuntaron que es fundamental distinguir entre si corresponde o no la consulta indígena en la etapa de participación anticipada que introduce el proyecto del Gobierno, y que solo se debe hacer esta consulta en los procesos que involucren directamente a comunidades indígenas.
‘Estimamos que es compatible iniciar una consulta indígena en la nueva etapa de participación anticipada que contempla la reforma al SEIA, pero ello no requiere especificarse por ley sino por reglamento, y por lo tanto no es necesario someter a consulta del Convenio 169 el proyecto de ley, sino el reglamento, una vez aprobada la reforma legal’, explicó Joaquín Villarino, presidente del gremio minero.
Consultado, el Ministerio del Medio ambiente solo respondió que se encuentran trabajando en indicaciones que permitan ‘cumplir con los objetivos del proyecto, haciendo algunos ajustes para que sea lo más efectivo posible’. Todo esto después de haber escuchado las opiniones de más de 30 personas y organizaciones durante las audiencias de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. ‘Todos los ajustes irán en la vía de dar mayor certeza jurídica, favorecer la participación ciudadana y tecnificar las decisiones’, explicaron. Una vez que presente las indicaciones y de lograr un consenso entre los actores involucrados, la expectativa del Ejecutivo es que el proyecto termine su primer trámite este año y también avanzar en la segunda etapa.
Diputados amenazan con rechazar la idea de legislar el proyecto
En la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados las posturas son en general contrarias al proyecto. Incluso, el presidente de la instancia, Félix González, diputado del Partido Ecologista, advierte con desahuciar la iniciativa. ‘Le vamos a dar la posibilidad a la ministra, pero si no hay cambios, estamos por rechazar la idea de legislar y avanzar con proyectos distintos y reformar el SEIA con mociones parlamentarias’, aseguró González, quien adelantó que en las próximas semanas citarán a la ministra Carolina Schmidt a la sesión.
En esta misma línea, el diputado Diego Ibáñez (MA) agregó que de realizar una consulta indígena, la idea sería rechazada por las comunidades, ya que ‘no sigue el lineamiento de la OCDE, que hizo una recomendación y señaló que la institucionalidad del país es débil, que los proyectos se tardan en ser tramitados, lo que da incertezas jurídicas a empresas y comunidades’. Por su parte, el diputado Sebastián Torrealba (RN), quien hizo llegar al Gobierno un proyecto mejorado, sostuvo que se trata de una iniciativa ‘muy relevante, porque llevamos diez años sin hacer cambios al sistema y tenemos problemas más grandes, sobre todo en la protección del medio ambiente’. No obstante, otras dificultades que se identifican tienen que ver con la agenda ambiental del Gobierno, en donde asoma la COP 25 como foco principal.
‘No está muy claro cuáles son las prioridades, obviamente la COP 25 se come todo, y en agosto se ingresaría le ley de cambio climático, cuyo contenido aún no está claro. Hay otro problema con el tema de la ley de delito ambiental, por lo que no está claro si este es un proyecto que le interesa al Gobierno sacar’, comenta Jorge Canals, socio de Moraga & Cía. y exsubsecretario de Medio Ambiente. ‘No está el contexto para esa discusión; por sus niveles de conflictividad y debate, probablemente no sea el mejor proyecto para el Gobierno’, agrega Violeta Rabí, investigadora de Espacio Público.