Plan de descarbonización, ¿por buen camino?
A 10 meses desde su lanzamiento, el plan de descarbonización presentado por el gobierno ha despertado reacciones por parte de distintos actores. ¿Qué aspectos están en el foco del debate?, ¿qué rumbo debiera tomar esta estrategia? Expertos dan a conocer sus puntos de vista. Fuente: Nueva Minería y Energía, 15 de abril de 2020.
Era junio del año pasado cuando el presidente Sebastián Piñera daba a conocer el “Plan de Descarbonización de la Matriz Energética (Energía Zero Carbón)”, el cual busca terminar con las centrales a carbón, que hoy corresponden al 40% de la generación eléctrica del país.
Durante la ceremonia de presentación, el mandatario confirmó que el plan se desarrollaría en dos etapas. La primera contempla el cierre de 8 centrales -principalmente las más antiguas-, mientras que la segunda tiene relación con que el año 2040 se había fijado como la fecha cúlmine para el cierre de todas las centrales a carbón, convirtiendo de esta manera a Chile en un país carbono neutral para el 2050. “El programa acordado con las empresas Engie, Enel, Aes Gener y Colbún considera la salida de ocho centrales, que representan un 19% de la capacidad instalada de plantas a carbón, en un plazo de cinco años. Cuatro de estas centrales están ubicadas en Tocopilla, dos en Puchuncaví, una en Iquique y una en Coronel. Además, se establece el compromiso de conformar mesas de trabajo cada cinco años que permitan establecer nuevos cronogramas de cierre”, dijo el jefe de Estado en aquella oportunidad.
Cabe preguntarse entonces, ¿cómo ha avanzado este plan de descarbonización a 10 meses desde su puesta en marcha? ¿Cuáles son los aspectos que están en el foco del debate y despiertan mayores controversias? ¿Qué rumbo debería tomar esta estrategia? Distintos actores del sector energético y ecológico plantean sus reparos y observaciones a revista Nueva Minería y Energía.
En la ONG Greenpeace Chile han sido enfáticos al señalar que el plan de des-carbonización no es tal y se trataría más bien de un compromiso voluntario por parte de las generadoras eléctricas de retirar las centrales a carbón. “No hay ningún tipo de herramienta legal que hoy asegure que estos compromisos se vayan a cumplir”, expresan en la organización ambientalista. También critican que en la reciente Cumbre de Cambio Climático COP25, celebrada en Madrid, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, haya reconocido no saber cómo se va a realizar la segunda etapa del plan de descarbonización, que incluye a 18 centrales termoeléctricas.
“Esto significa que todas las zonas de sacrificio, como Mejillones, Quintero y Puchuncaví, Coronel y Huasco, van a seguir siéndolo al menos por 20 años más. No hay garantías claras de que se realice un cierre definitivo de estas plantas a carbón al año 2040”, afirma Matías Asún, director nacional de Greenpeace Chile.
REVISAR LA META
Falta de ambición y lentitud respecto al plan presentado por el gobierno, es lo que acusan otras organizaciones vinculadas a este tema. Para Ricardo Bosshard, director de World Wildlife Fund (WWF) Chile, la meta de alcanzar la descarbonización total de la matriz al 2040 es muy extensa. A su juicio, sería factible adelantar dicha meta al 2030. “La información científica así lo indica”, manifiesta el experto.
En caso de que se acelerara la meta a ese año, según un estudio encargado a la consultora Kas por Chile Sustentable, los 3.600 MW de potencia media de generación a carbón -considerando el uso real que tienen estas plantas- pueden ser reemplazados en su mayoría por tecnologías de generación renovables.
Asimismo, dentro de los resultados de dicho informe, se señala que el cierre de centrales termoeléctricas a carbón significará un ahorro en la compra de combustibles de entre US$1.200 a US$1.400 millones.
“Dado que la operación del sistema estará basada en un incremento en el porcentaje de generación anual en base a energías renovables y limpias, los costos actualizados de operación del sistema en un escenario de descarbonización serían de US$7.416 millones, mientras que en un escenario sin descarbonización el costo de operación del sistema es significativamente mayor, siendo del orden de US$12.831 millones”, explican en la ONG.
Desde Systep creen que acelerar la meta al 2030 debe ser un tema analizado en profundidad. En opinión de la consultora, las empresas deben tener el tiempo suficiente para reemplazar el retiro de las centrales a carbón con nueva capacidad renovable.
“Debe considerarse que, particularmente las últimas unidades de carbón que se incorporaron al sistema tienen asociados contratos de suministro, por lo que las empresas generadoras deben diseñar acuerdos comerciales con sus clientes para lograr la desincorporación de dichas centrales”, sostiene Rodrigo Jiménez, gerente general de la entidad. Entre los antecedentes a tomar en cuenta, el ejecutivo menciona que en marzo se observaron altos niveles de costos marginales cercanos a los 140 US$/MWh en algunas horas, debido a la poca generación hidráulica, la paralización de Bocamina, y a las restricciones de gas argentino.
Este hecho, según Jiménez, demuestra que si bien es deseable adelantar la descarbonización, hoy la generación a carbón resulta útil para contener posibles alzas en los precios spot en ciertos escenarios.
UN FACTOR CONTROVERSIAL
Polémica también ha causado el término “estado de reserva estratégica” que contiene este plan de descarbonización. En simple, se trata de que algunas de las centrales a carbón que dejen de funcionar, se mantendrán con posibilidad de reanudar sus actividades en caso de que el país necesite generar una mayor cantidad de electricidad. Varias voces se han levantado para cuestionar tal concepto. En Fundación Terram, por ejemplo, han manifestado que éste otorga a los compromisos de descarbonización una cuota de incertidumbre importante, lo que podría revertir los cierres de las centrales y con ello, retroceder en el proceso de limpieza de la matriz energética.
Por su parte, Rodrigo Jiménez, de Systep, hace hincapié en la necesidad de revisar el aporte real de las centrales en reserva estratégica. Las razones que esgrime apuntan a que el parque generador existente cuenta con recursos suficientes para enfrentar contingencias, a lo que se suma que los 60 días de aviso -para que dichas centrales estén disponibles- es un plazo poco práctico para la dinámica de la operación del sistema. “Es necesario contar con estudios técnicos que justifiquen el pago por potencia, que recibirán las centrales en estado de reserva estratégica”, añade el ejecutivo.
Aunque los análisis de los expertos muestran que el sistema eléctrico cuenta con los recursos suficientes para afrontar la salida de centrales a carbón ya comprometidas, en el largo plazo esto podría no ser así.
Por eso, destacan la importancia que el Ministerio de Energía continúe con la denominada estrategia de flexibilidad. ¿El objetivo? Que ésta promueva la incorporación de más recursos que permitan tener una operación segura del sistema eléctrico en el largo plazo. Así lo estiman en WWF Chile, quienes aseveran que las nuevas tecnologías como el almacenamiento, centrales de concentración solar, baterías, entre otras, podrían jugar un rol significativo en el plan de descarbonización, en la medida que sus costos alcancen un nivel competitivo.