Dominga: Bancada Climática alerta sobre irregularidades y conflictos de interés en la Corte Suprema
Diputados denuncian que el proyecto minero-portuario, rechazado tres veces por su impacto ambiental, avanza bajo sospechas de tráfico de influencias. Los parlamentarios expresaron su inquietud por el juez Jean Pierre Matus. Fuente: Diario U de Chile, 3 de junio de 2025.
Este lunes, la Bancada Climática de la Cámara de Diputadas y Diputados emitió una declaración pública frente a los nuevos antecedentes del Megaproyecto Minero Portuario Dominga. Los parlamentarios expresaron su profunda preocupación, señalando que este proyecto no solo amenaza con destruir un ecosistema único en el mundo, sino que además presenta una serie de irregularidades.
Cabe recordar que Dominga es una iniciativa de la empresa Andes Iron en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, cuyo propósito es la explotación a cielo abierto de hierro y cobre, junto con la construcción de un puerto para exportar los minerales extraídos.
El proyecto es altamente controversial debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un ecosistema marino que alberga especies en peligro de extinción.
A pesar de ser rechazado en tres oportunidades por el Comité de Ministros, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta intentó revertir estas decisiones, lo que llevó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.
Este recurso está actualmente “en acuerdo”, con el juez Jean Pierre Matus como redactor de la sentencia. Sin embargo, preocupa que el juez Matus tenga una inhabilidad declarada con el abogado Marcelo Castillo, quien estuvo vinculado directamente al proyecto.
Lobos de mar en la reserva nacional Pingüino de Humboldt. Según organizaciones sociales, sector amenazado por la implementación del mega proyecto minero portuario Dominga.
Raul Zamora/Aton Chile.
A través de un comunicado, los parlamentarios de la Bancada Climática señalaron que Castillo representó al sindicato de pescadores artesanales de Totoralillo Norte desde enero de 2023, y aunque renunció a esa representación cuando el caso pasó a la Corte Suprema, presentó una querella criminal contra la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, denuncia en la que se le acusó de desacato y falsificación ideológica.
Esta situación motivó al SEA y a diversas organizaciones a presentar recursos de nulidad y recusación ante el máximo tribunal. En ese sentido, la diputada Carolina Tello (FA), quien lidera la Bancada Climática, afirmó que: “Las últimas noticias sobre Dominga son alarmantes. No solo por el daño ambiental que implicaría su ejecución, sino también por los antecedentes de corrupción, tráfico de influencias y falta de respeto a la institucionalidad vigente”.
A su vez, el diputado Daniel Melo (PS) mencionó que “de confirmarse los graves antecedentes revelados por el grupo de legisladores, el megaproyecto de Andes Iron vuelve a mostrar intentos de burlar la institucionalidad”. “Se debe garantizar que ningún conflicto de interés contamine la justicia. Proteger el archipiélago de Humboldt es un deber ético y democrático”, subrayó.
Diputada del Frente Amplio y presidenta de la Bancada Climática. Foto: Javier Salvo/Aton.
Melo expresó que, frente a situaciones como estas, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia, fiscalizando de manera decidida, resguardando el medio ambiente y evitando cualquier forma de corrupción. En la misma línea, enfatizó que no se puede permitir que intereses particulares se impongan sobre el bienestar colectivo y debiliten la “confianza en las instituciones democráticas”.
Además, entre otros antecedentes el SEA busca que el Tribunal Constitucional (TC) declare incompetente al Tribunal Ambiental que declaró ilegal el rechazo a Dominga. Sin embargo, hace dos semanas las audiencias programadas se suspendieron debido a una fuga de gas en el centro de Santiago.
Aunque fueron reagendadas, el ministro Gómez se declaró inhábil por un conflicto de interés, ya que su hija trabaja en el Ministerio de Energía, lo que alteró la composición de la sala que debe revisar el caso.
Adicionalmente, los parlamentarios expresaron su inquietud porque la abogada Yordana Mehsen, representante del Tribunal Ambiental ante el TC, trabajó anteriormente en el SEA, lo que podría constituir una infracción al Código de Ética del Colegio de Abogados.