Contaminación minera en Alto Mañihuales: Dirigentes acusan al gobierno de minimizar impacto ambiental y sanitario
«En este gobierno insisten en bajarle el perfil a la contaminación minera en Alto Mañihuales», declaró enfáticamente Erwin Sandoval, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), tras la reciente sesión de la Mesa de Minería y Geología Regional de Aysén, realizada el martes 17 de junio. Fuente: 18 de junio de 2025.
«En este gobierno insisten en bajarle el perfil a la contaminación minera en Alto Mañihuales», declaró enfáticamente Erwin Sandoval, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), tras la reciente sesión de la Mesa de Minería y Geología Regional de Aysén, realizada el martes 17 de junio.
En la instancia, autoridades regionales destacaron avances en innovación minera y biorremediación, sin abordar —según los dirigentes sociales— los impactos ambientales y de salud provocados por las operaciones de Minera El Toqui, una de las principales faenas en la zona. El encuentro dio amplio espacio a representantes de proyectos mineros como El Toqui (Sociedad Minera Pacífico del Sur) y Cerro Bayo (Andean Silver), pero dejó fuera a las organizaciones que han denunciado la crisis ambiental en Alto Mañihuales.
Para Sandoval, este silencio institucional replica el patrón observado desde 2015: «Se están Relavemuriendo los animales, se está enfermando la gente, están teniendo impactos económicos, y desde el gobierno insisten en bajarle el perfil», expresó.
Negligencia reiterada del Estado
El dirigente de CODESA refutó además las recientes declaraciones del delegado presidencial regional, Jorge Díaz, quien minimizó la situación afirmando que no hay denuncias recientes, y que los antecedentes corresponden a hechos del año 2015. Según Sandoval, esta afirmación ignora antecedentes graves posteriores, como el Ordinario N.º 453 del SAG, emitido el 21 de diciembre de 2021, que acreditó la muerte de equinos por intoxicación con metales pesados en la zona.
Ese informe, dirigido a las seremis de Salud y Medio Ambiente, recomendaba conformar una mesa interinstitucional para abordar los riesgos a la salud humana y ambiental. Sin embargo, dicha instancia nunca fue constituida, ni durante el gobierno de Sebastián Piñera ni en la actual administración de Gabriel Boric. A esto se suma que, en 2024, se registraron nuevas denuncias por la muerte de vacunos, presumiblemente también por metales pesados, sin que haya una reacción concreta de las autoridades.
Comunidades excluidas y preocupadas
La situación ha generado fuerte preocupación en la población. Gabriela Barrientos, dirigenta vecinal de Villa Mañihuales e integrante de la agrupación Mañíos y Baguales, lamentó la falta de voluntad política:
«La contaminación en Alto Mañihuales nos tiene bastante preocupados. La villa tiene relación directa con ese sector, y vemos cómo se mueren los animales, se desvalorizan los campos y hay temor por la salud. El gobierno no ha dado señales claras de querer sentarse a conversar», afirmó.
El 23 de mayo, vecinos y organizaciones locales solicitaron que CODESA representara a la comunidad en la Mesa de Minería y Geología de Aysén, precisamente para incluir estos temas. Sin embargo, en la segunda sesión de junio, este compromiso fue ignorado por las autoridades.
Infracciones impunes y relaves sin evaluación ambiental
El dirigente Sandoval también recordó que, desde 2020, Sernageomin no ha sancionado múltiples infracciones de la faena minera, entre ellas la operación de yacimientos sin permisos eléctricos ni autorizaciones para ventilación o planes de extracción. A esto se suma la operación del tranque de relaves Confluencia, que aún no ha sido ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a pesar de requerimientos legales pendientes desde hace años.
Todo esto consta en el Acta de Fiscalización del 24 de octubre de 2024, donde se detalla que las irregularidades no habían sido subsanadas. A pesar de ello, la empresa continúa extrayendo minerales y generando utilidades, sin haber constituido las garantías financieras que exige la Ley de Cierre de Faenas Mineras.
Sin voluntad real de diálogo
A juicio de los dirigentes, el gobierno de Boric ha reproducido las omisiones de administraciones anteriores. “El Estado ha actuado con negligencia, y la actual administración mantiene esa práctica”, concluyó Sandoval. La comunidad, mientras tanto, exige que el gobierno cumpla su promesa de participación, protección ambiental y justicia territorial en zonas históricamente postergadas.